En una conferencia de prensa realizada el pasado 14 de junio en Casa Presidencial, Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), afirmó que la Junta Directiva de la entidad aplicó “la mayor sanción disciplinaria” contra funcionarios involucrados en presuntas compras irregulares de mascarillas durante la pandemia.
“Justo hoy (14 de junio), a las ocho y media de la mañana, la Junta Directiva tomó la decisión de aplicar la mayor sanción disciplinaria contra algunos funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social por irregularidades gravísimas en la compra de mascarillas, son muchos procedimientos, pero este es uno de ellos y yo consultaba que hace cuánto la Junta Directiva no despide a nadie y no me pudieron dar el dato”, expresó Esquivel sin dar más detalles.
Vea un video con las declaraciones completas:
Ante esas manifestaciones, el mismo 14 de junio, La Nación solicitó a la presidenta ejecutiva los nombres y puestos de los sancionados y fechas de los despidos. Sin embargo, la entidad no respondió hasta este jueves 6 de julio.
La Secretaría de Actas de la Junta Directiva dio una versión distinta a la dada por Esquivel en la conferencia de prensa. Por medio de la Dirección de Comunicación de la CCSS, manifestó que las investigaciones administrativas no han concluido y, por lo tanto, no pueden dar información al respecto para evitar “entorpecer” el caso.
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Además, indicó que “todo asunto relacionado con temas procedimentales o en investigación preliminar son confidenciales”.
“Hay que respetar el derecho de los investigados al debido proceso, el cual no ha finalizado, por lo que no se recomienda hacer publicación alguna hasta tanto no se haya concluido (...) Falta todavía que pasen por los órganos paritarios y bipartitos, de ahí que no podemos afirmar que hay un acto administrativo en firme que justifique la publicación de su resultado”, añadió la Secretaría en su respuesta.
Por último, la dependencia de la CCSS reconoció que la presidenta ejecutiva de la CCSS adelantó información, pero afirmaron que su deber es proteger los datos vinculados a las pesquisas disciplinarias.
“Se entiende que doña Marta ya adelantó la información, pero eso no significa que ante tal situación se deje de proteger la información (...) mantengo respetuosamente mi recomendación de no brindar detalles al respecto”.
Por su parte, la jerarca respondió: “El acuerdo fue tomado en firme, las etapas posteriores que proceden están siguiendo el trámite que en derecho corresponde”.
En su criterio, no dio detalles “que pueda comprometer los procesos”.
Desde 2020
Los problemas con la compra de mascarillas en la CCSS durante la pandemia salieron a la luz pública el 4 de agosto de 2020. Ese día, La Nación reveló que la institución adjudicó una contratación de emergencia por $4 millones para conseguir 12 millones de cubrebocas a una periodista española y un contador público, ambos sin experiencia en el suministro de ese tipo de dispositivos.
De acuerdo con el expediente de contratación, la periodista y el contador se inscribieron como proveedores de la Caja a pocas horas de la publicación del cartel de compra. Además, fueron descartados en una primera evaluación por no cumplir con los requisitos, pero luego, por presiones de un asesor de la Gerencia de Logística, fueron avalados y adjudicados.
Además de esos hechos, los proveedores incumplieron de manera parcial y total con las entregas, lo cual comprometió el abastecimiento de mascarillas y puso en riesgo a pacientes y personal hospitalario en medio de la emergencia provocada por la covid-19.
Posterior a esa publicación, la CCSS suspendió con goce de salario a Luis Fernando Porras, gerente de Logística, y dos de sus asesores de confianza mientras desarrollaba procesos disciplinarios en su contra. También incluyó en las pesquisas a Miguel Salas Araya y Maynor Barrantes Castro, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios y jefe del Área de Adquisición de Bienes y Servicios, respectivamente.
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Además de ellos, fueron investigados integrantes de las comisiones técnicas que evaluaron las ofertas de los proveedores.
Porras renunció a la CCSS en octubre de 2021.