La paralización de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que está sin cuórum desde hace más de un mes, retrasa la discusión de dos asuntos de gran interés público: los montos de más recibidos en el salario por la presidenta ejecutiva de la institución, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y la decisión final sobre el terreno en donde se construirá el nuevo Hospital Max Peralta de Cartago.
Estos temas han sido ampliamente debatidos en las últimas semanas en diversos escenarios, excepto en la CCSS, donde deben alcanzarse los acuerdos pertinentes para determinar por ejemplo, la cantidad, el mecanismo y el plazo para la devolución de las sumas que Marta Esquivel recibió de manera irregular desde que asumió la presidencia de la CCSS, en setiembre de 2022.
La corrección del salario y el reintegro del monto pagado de más fue ordenado por la Contraloría General de la República desde el 19 de diciembre, cuando señaló que el tope salarial para Esquivel es de ¢5,5 millones, pero ha estado devengando ¢7,1 millones.
La jerarca ha comparecido ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos del Congreso en relación con otros temas, pero los diputados han aprovechado para preguntar cuándo restituirá el dinero. La funcionaria, sin embargo, ha respondido con evasivas.
En su última audiencia ante ese foro legislativo, el jueves 8 de febrero, cuando se le cuestionó sobre la falta de restitución de los pagos indebidos, la jerarca argumentó que la Junta Directiva aún no había determinado la suma y que el tema no había sido abordado en la agenda.
La diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, refutó esta explicación y afirmó que el asunto no había sido considerado debido a que la propia Marta Eugenia Esquivel había dispuesto que se incluyera en una agenda confidencial, ajena al conocimiento público.
El caso del nuevo hospital de Cartago sigue un patrón similar, pues a pesar de que los funcionarios de la CCSS han sido convocados en múltiples ocasiones a la comisión encargada de analizar los asuntos relacionados con esa provincia, no ha habido avance.
La Junta Directiva había prometido resolver este asunto a más tardar el 21 de diciembre del año pasado, no obstante, la salida de Marta Esquivel de vacaciones de fin de año impidió resolverlo. La presidenta ejecutiva, además, dijo que hacía falta un informe de la Dirección Jurídica.
Este miércoles 21 de febrero se cumplirán dos meses desde la fecha fijada para decidir, sin que se conozca el rumbo que tomará el proyecto. Los trabajadores y grupos de vecinos de esa provincia realizaron un paro el 1.° de febrero para exigir una respuesta de la Caja sobre el nuevo hospital, y hasta el momento, la reacción institucional ha sido el silencio.
Junta incompleta
Desde el 19 de enero, el máximo órgano de decisión de la Caja está sin uno de sus nueve miembros. Ese viernes, entró a regir la renuncia presentada un día antes por el abogado Adrián Torrealba, uno de los tres representantes patronales.
El 7 de febrero la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) eligió a Fabio Israel Hernández como sustituto de Torrealba. No obstante, el también abogado declinó su nombramiento apenas una semana después, por razones que no trascendieron.
La Unión de Cámaras eligió este 20 de febrero al economista Jorge Luis Araya quien, de aceptar la designación, aún tiene que ser juramentado por el Consejo de Gobierno para incorporarse a la Junta Directiva de la CCSS, en donde, según la Uccaep, ya había estado antes.
El reglamento de funcionamiento interno de la Junta Directiva de la CCSS, en su artículo 19, establece los requisitos para sesionar. Según esa normativa, para garantizar el cuórum estructural se requiere la presencia de al menos cinco de los nueve miembros de la Junta.
Por eso, aunque hace una semana estaba para discutir la recusación de Marta Eugenia Esquivel contra los tres representantes laborales para apartarlos de decidir el tema de su salario, el asunto no se pudo conocer.
¿La razón? No había cuórum pues los tres directivos recusados no podían estar presentes. La Junta, entonces, quedó en ese momento solo con cuatro miembros; sin cuórum.
Este asunto estaba en la agenda confidencial convocada por la Presidencia Ejecutiva.