Las noches para Juan Roy García Guadamuz se han hecho eternas mientras cavila sobre cómo hará para pagar agua, luz, sus deudas con bancos y comprar la comida para su familia, de cinco miembros. No alcanza a dormir tres horas. Y eso cuando duerme mucho.
Desde hace más de un mes, el hackeo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo dejó sin el 60% de su salario como operario industrial, un monto que no llega ni a los ¢200.000 mensuales pero que le permitía “ir saliendo” de sus compromisos luego del accidente en moto, en enero pasado, que lo dejó sin su pierna izquierda y le causó a su esposa lesiones en las piernas.
“Los señores de la CCSS, que se sientan a dar información, solo dicen ‘mentiras piadosas’. No le han depositado a muchos. Somos cientos quienes estamos sin recibir la incapacidad desde hace semanas. De las tres mías, hasta ayer (5 de julio) me pagaron la segunda (del 13 al 26 de junio), que se hizo manualmente. Pero no me aparecen ni la primera (del 30 de mayo al 12 de junio) ni la última (del 27 de junio al 10 de julio).
“Yo solo trato de respirar... No se puede dormir bien, no come uno bien, la poquita comida que uno tiene en la mesa no sustenta por ese estrés de estar sin plata y de pensar que ya viene el mes nuevamente, y vienen los 20, los 15 y los 30 y no se ve una luz. Que activen el EDUS (Expediente Digital Único en Salud) porque solo así me han dicho en el Ebáis que pueden activar las incapacidades que están pegadas”, dijo García.
Este vecino de Los Llanos, en La Garita de Alajuela, es el único ingreso de la familia, compuesta por su esposa, Selenia Jiménez Castillo, el hijo de ambos, de 25 años, que todavía estudia, la nuera (viuda de un hijo de Selenia) y una nieta, de siete años.
Ya le cortaron el servicio de televisión por cable. Además, tuvo que pedir una prórroga de 15 días para evitar que le corten la electricidad porque debe ¢42.000, y depende de la solidaridad de amigos, compañeros de trabajo y otros familiares, que les han regalado comida en estos días.
García se salva porque la casa es propia, pero lo cierto es que está a punto de que le corten los servicios básicos por falta de pago. El depósito de la segunda incapacidad, hecho el 5 de julio, ya se le agotó. Fueron ¢182.000 de los cuales ¢135.000 se fueron en comprar comida porque no tenían absolutamente nada en la despensa.
En estas semanas, se la ha jugado haciendo rifas con números que vende a ¢2.000 entre conocidos, contó. También ha tenido que quitar la compra de leche o jugo de naranja, que eran los dos antojos de su nieta, y las pastillas para el dolor para su esposa, porque el acetaminofén que envía la CCSS no es suficiente para calmar las molestias que padece desde el accidente.
Accidente le cambió la vida
García Guadamuz ha vivido una tragedia tras otra desde el 1.° de enero pasado. Caía la noche de ese día, cuando este alajuelense de 47 años y su esposa fueron embestidos por un carro que, asegura, invadió su carril mientras ellos regresaban en moto de un paseo a la playa de Esterillos, en el Pacífico central.
Esa primera noche del año y luego de ser trasladado al Hospital México, en San José, a García le amputaron su pierna izquierda para salvarle la vida. Su esposa quedó internada en el Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, gravemente herida. Actualmente, ella se recupera pero necesita de una andadera para movilizarse. Esto le impide trabajar.
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Juan García reconoce que llora de tristeza y rabia cuando oye al gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón, pidiendo paciencia a quienes aún no reciben el monto de su incapacidad o licencia.
“Ellos dicen que todo está habilitado y que ya están depositando diariamente las incapacidades, y no es cierto para muchos como yo. Conozco varios casos. La primera cita con el ortopedista luego del accidente la tendré el 11 de julio. Ahí me dirán si seguiré incapacitado, si me darán rehabilitación, me contarán lo de la prótesis. Todo”, afirma.
Su casa está separada 45 kilómetros del Hospital San Rafael de Alajuela, adonde irá a ver ese día al especialista. No sabe aún de dónde sacará los ¢20.000 para pagar un taxi que lo lleve y lo traiga de ahí, pues el viaje solo de ida cuesta ¢10.000 y él, por su condición de amputado, no puede viajar muy fácilmente en transporte público.
A García poco le falta para suplicar a las autoridades de la CCSS que echen a andar pronto el EDUS que, para él, sería el alivio a tantos desvelos.