Médicos del Hospital La Anexión de Nicoya, reiteraron en un informe entregado a la Sala Constitucional, que la bebé Isabella del Milagro Gutiérrez Herrera, que nació de forma prematura el 8 de enero en ese centro médico, no tenía posibilidades de sobrevivir y justificaron las razones por las cuales no se brindó la asistencia reclamada por la mamá de la menor, Angie Herrera, quien denunció la situación en redes sociales.
La respuesta de los médicos forma parte del expediente N.º 24-000581-0007-CO bajo el cual se tramita un recurso de amparo presentado por el abogado de Herrera, Arcelio Hernández. La versión fue dada el 16 de enero, cuatro días después de la muerte de la niña.
El escrito señala que el servicio de Pediatría indicó que la bebé nació sin esfuerzo respiratorio, sin tono muscular, cianótica, con los miembros inferiores con cianosis (color azul por falta de oxígeno) y aún con signos vitales.
“Sin embargo, por edad no viable (25 semanas y 4 días de gestación) se procede a dar medidas de confort, se entrega a padres para colocación al pecho permitiendo espacio de duelo”, cita el documento.
Al día siguiente (no se específica a las cuántas horas de haber nacido la bebé), a la menor se le tomaron signos vitales y presentaba una frecuencia cardiaca menor a 80 latidos por minuto y saturaciones de hasta 20%, por lo que aseguraron que siguiendo el protocolo y tomando en cuenta la viabilidad de la pequeña, se decidió no reanimar, pues tras una nueva consulta con especialistas, se consideró que al intentar hacer “medidas heroicas” se comprometería el confort de la bebé sin lograr una supervivencia “libre de secuelas graves”.
El documento señala que los padres de Isabella recibieron atención psicológica y debido a la “situación delicada e inconformidad” en el manejo, se hizo una consulta con el jefe de Neonatología del Hospital México, pues los papás de la bebé insistían en el traslado.
“El mismo refiere estar de acuerdo con el manejo que se está brindando a la bebé. Sí indica que en estos casos hay bebés que pueden durar hasta 48 horas vivos antes de fallecer, recomienda ingresar al niño al servicio de Neonatología, colocar solución glucosada al 10% y dejar nada vía oral. Además, se podría realizar ultrasonido de cerebro que docente (sic) inmadurez del cerebro y continuar con medidas de confort al bebé”, cita la información médica.
Asimismo, se agregó que el traslado a ese hospital capitalino no era posible, por la plétora que presentaba el servicio de Neonatología, así como por el riesgo de hemorragia cerebral y fallecimiento de la menor en el traslado.
En otro de los apartados, se indica que por la inmadurez y prematuridad extrema, la intubación no ofrecería maduración pulmonar y las medidas invasivas le generarían más dolor y molestias sin ofrecer la posibilidad de supervivencia.
Isabella del Milagro fue finalmente trasladada al Hospital de Puntarenas, tras las denuncias de la madre. En ese centro médico falleció el 12 de enero, cuatro días después de nacer.
‘Siempre quedará la duda’
El abogado indicó a La Nación que el informe médico consta en el expediente del recurso de amparo que había sido presentado en favor de Angie y de Isabella para que la Sala Constitucional ordenara proteger a la niña.
Según Hernández, desde el principio se reclamó que al negar la ayuda a la menor se causó un gran sufrimiento, tanto a la madre como a la recién nacida a quien, según reclama el amparo, se le negó su derecho a la vida.
El representante legal dijo que con esta gestión se pretende no solo resarcir el daño moral que sufrió la madre, sino sentar un precedente porque no hay reglas claras respecto al protocolo que se menciona y a la edad gestacional, sobre la cual, añade, tampoco hay una forma precisa de establecerla.
En su criterio, siempre va a quedar la duda de si lo que hicieron los médicos estuvo bien o no y si ese tiempo que la menor estuvo sin atención pudo haber hecho la diferencia.
Según dijo, el caso continuará en sede constitucional, donde los magistrados deberán determinar si se violentó algún derecho fundamental de la madre o la niña y si se condena a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por los daños causados a esta familia.
Tras la denuncia de Angie Herrera se iniciaron investigaciones dentro de la Caja y las mismas autoridades presentaron el caso ante la Fiscalía y el Colegio de Médicos el mismo día en que Herrera publicó el video.