Dos días después de la destitución de Álvaro Ramos como presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y con amenazas de paros de labores y huelgas en el horizonte, tres integrantes de la Junta Directiva de la entidad convocaron a una conferencia de prensa para expresar su molestia por la salida de Ramos y denunciar “la injerencia política” del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las decisiones de una institución que “posee autonomía constitucional”.
La crisis se inició porque la Junta Directiva decidió aprobar -con siete votos a favor y uno en contra- un aumento salarial retroactivo para 63.000 trabajadores. El alza acordada oscila entre ¢7.500 y ¢8.500 mensuales para cada funcionario y tiene un costo total de ¢10.000 millones anuales más ¢29.000 millones correspondientes al retroactivo desde enero de 2020 hasta la actualidad.
Frente al alza salarial, decidida en la sesión del jueves 8 de setiembre, Chaves la calificó de ilegal porque, según él, pone en riesgo las finanzas estatales. Además, afirmó que la decisión debía revertirse y advirtió que destituiría a miembros de la Junta Directiva si no daban marcha atrás.
La advertencia se convirtió en realidad el sábado pasado, cuando Casa Presidencial comunicó la destitución de Ramos como presidente ejecutivo de la Caja. El domingo renunció Guillermo Hernández, representante del Gobierno en la Junta Directiva.
La cadena de hechos resultaron en la convocatoria de prensa de José Loría, Martha Rodríguez y Maritza Díaz, quienes representan a las cooperativas, los sindicatos y las asociaciones solidaristas en el máximo órgano de la Caja.
“Yo tengo 12 años de estar en la Junta Directiva de la Caja y, al menos hasta el día de hoy, no había visto tanta injerencia del Poder Ejecutivo, se están entrometiendo en los temas internos de la Caja, que es una institución autónoma por ley, por la Constitución Política. Es evidente, el país entero ha visto una injerencia total de parte de la Presidencia de la República en la Caja Costarricense de Seguro Social, lo cual es absolutamente inconveniente”, declaró Loría.
“Este tema ha generado una injerencia indebida, pero además de eso perjudica el accionar institucional (...) Me parece que lo que correspondía era que el presidente (Chaves) se asesorara mejor, entendiera que ya había muchas instituciones públicas que también habían acordado un ajuste salarial, como por ejemplo la Asamblea Legislativa, el INS, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Poder Judicial, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y varias municipalidades”, comentó Rodríguez.
La representante del bloque de sindicatos adelantó que existe malestar entre las organizaciones gremiales y podrían generarse paros o huelgas en los próximos días.
“Se ha polarizado el país (...) Primero, habrá un enorme costo social, porque me parece que los trabajadores van a tratar de defender el aumento, aunque sea un monto pequeño, porque con ese monto se les reconoce el sacrificio durante los años de pandemia”, añadió Rodriguez.
Por su parte, Maritza Díaz, proveniente de las asociaciones solidaristas, dijo que la presión del mandatario trasciende a otras áreas.
“Creo que el Estado tiene una división de poderes, una tipificación de instituciones que permiten darle sostenibilidad a la democracia y al Estado de Derecho, así que sobra decir qué pensamos con respecto a la injerencia sobre una junta directiva en una institución autónoma, este es un tema de Derecho, de protección a la democracia”, enfatizó.
Riesgos financieros
Pese a que un estudio actuarial indicó que aplicar el aumento salarial retroactivo “acentuaría negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social”, la Junta Directiva hizo caso a proyecciones de la Gerencia Financiera que avalaron el ajuste en las remuneraciones.
Con respecto a ese punto, los tres directivos defendieron su voto a favor, reiteraron que no cambiarán de criterio y aseguraron que no fue una decisión antojadiza o desinformada.
La única persona que votó en contra del aumento fue Marielos Alfaro Murillo, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) en la Junta Directiva.
Al ser consultado sobre la advertencia de la Dirección Actuarial, Gustavo Picado, gerente financiero, expresó que las proyecciones actuariales del Seguro de Salud siguen un modelo, unos supuestos y una metodología de cálculo diferente a las proyecciones financieras.
Para este martes estaba prevista una sesión de la Junta Directiva, pero fue suspendida por falta de cuórum estructural. Durante el fin de semana, el Gobierno anunció que Marta Esquivel dejaría el cargo de ministra de Trabajo para asumir como nueva presidenta ejecutiva de la CCSS.
Esquivel renunció a su plaza en el Poder Judicial, la cual se conoció este martes en Corte Plena.