Los abogados de la CCSS a cargo de las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, deberán comparecer la próxima semana ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa.
Ellos deberán explicar a los diputados por qué frenaron tres procesos administrativos que involucran a 13 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con la aparente contratación de proveedores inexpertos, pagos indebidos y la aceptación de cubrebocas de uso no médico.
La decisión de llamar a los integrantes del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) fue tomada este jueves 18 de febrero, luego de una publicación de este diario que reveló la intención de los abogados de dejar las audiencias por estas pesquisas para cuando concluya la pandemia.
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La información fue ratificada por el gerente general de la Caja, Roberto Cervantes, quien compareció este mismo jueves ante ese foro legislativo.
Consta además en el AS-SAGAL-278-2021 del 10 de febrero , según el cual Grettel Camacho Marín y Sergio Alfaro Esquivel, abogados del CIPA, acordaron efectuar las audiencias orales cuando “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19″.
Las audiencias orales son la etapa para evacuar la prueba documental y testimonial. Si esta no se realiza no es posible continuar con los procedimientos disciplinarios.
Luego de esa fase, los abogados a cargo emiten conclusiones y las trasladan a los jerarcas para el establecimiento de eventuales sanciones. Los investigados se exponen a amonestaciones, suspensiones sin goce de salario o despidos.
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Para explicar la postergación de esas diligencias, Camacho y Alfaro deberán dar testimonio el jueves 25 de febrero. También fue convocado Mario Cajina Chavarría, director a. i. del CIPA.
La moción para llamar a estos funcionarios fue presentada por el diputado del Partido Liberación Nacional, Carlos Ricardo Benavides.
Enfrentados
Además de la lentitud para fijar las fechas de las audiencias orales, la Gerencia General también le reclama al CIPA una posible “extralimitación de competencias”. Esto habría ocurrido porque el CIPA designó a la Junta Directiva como órgano decisor en las investigaciones relacionadas con mascarillas, con lo cual marginó a la Gerencia General de la toma de decisiones finales.
¿Qué significa eso?
En un procedimiento disciplinario contra funcionarios públicos se nombra un órgano director y un órgano decisor. El órgano director tiene a cargo el estudio de las pruebas, testimonios y la emisión de un informe con conclusiones para que el segundo, el órgano decisor, emita sanciones, si corresponde, o absuelva.
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Las pesquisas relacionadas con las mascarillas fueron instruidas por la Gerencia General desde agosto del 2020, por orden de la Junta Directiva.
Cervantes indicó que al ordenar la apertura de las investigaciones y hacer el traslado de cargo a los involucrados, quedó claro que él era el órgano decisor. Sin embargo, en las diligencias realizadas por Camacho y Alfaro se estableció a la Junta Directiva como órgano decisor, pasando por encima de la Gerencia General.
“Cuando yo pasé el caso al CIPA, iba claramente indicado que el órgano decisor era la Gerencia General. Como órgano decisor fuimos a ver por qué no llegaba nada (oficios para toma de decisiones), por qué no me mandaban nada y en ese momento nos encontramos que hay algunas situaciones que han producido dilación”, comentó el gerente general.
“Vamos a investigar qué los motivó a hacer eso; hay un aparente irrespeto a la investidura del gerente general”, agregó.
La Auditoría Interna le recomendó a Cervantes comunicar a la Junta Directiva que ellos, los nueve directivos, cumplen como órgano decisor en estas investigaciones y deben tomar las medidas administrativas para resguardar las pesquisas y procurar que los casos denunciados no queden impunes.
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Una de las medidas tomadas por la Gerencia General fue ordenar a Ronald Lacayo, gerente administrativo, la revisión de las actuaciones del CIPA y remediar lo que sea necesario.
Entre los 13 implicados en las investigaciones frenadas están el gerente de Logística, Luis Fernando Porras, y sus dos asesores. Todos ellos permanecen suspendidos con goce de salario desde hace seis meses.