En agosto de 2020, tras una publicación de La Nación, la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso decidió investigar las presuntas irregularidades en la compra de 12 millones de mascarillas a una periodista española y un contador público por $4 millones.
Los contratistas, inscritos a última hora como proveedores en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incumplieron los plazos de entrega de forma parcial y total.
Conforme avanzó esa pesquisa de los legisladores, surgieron otras revelaciones sobre pago adelantado a proveedores, nexos entre funcionarios de la Caja y los contratistas, así como ingreso de productos que no cumplían los requisitos exigidos.
En los últimos seis meses comparecieron ante ese foro legislativo funcionarios relacionados con las contrataciones, proveedores, el auditor interno de la CCSS, Olger Sánchez Carrillo, así como el presidente ejecutivo de la entidad, Román Macaya.
Algunos prefirieron no responder las consultas de los diputados, entre ellos Macaya, al argumentar prohibiciones legales.
Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, reclamó la actitud del jerarca de la CCSS en una entrevista con este diario.
– Ya cerró la fase de audiencias orales en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público relacionadas con la investigación por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas en la CCSS durante la pandemia ¿Ahora qué sigue?
– Hay un periodo de 22 días a un mes para que la subcomisión prepare el informe de esta investigación, una vez preparado el informe lo vamos a conocer en una sesión en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, se someterá a votación y de obtenerse la cantidad de votos que se requiere, se subirá al plenario legislativo.
“En el plenario debe ser convocado para que los señores y señoras diputadas puedan referirse a ese expediente y se votará como se hace con todos los expedientes. Una vez superada esa fase se enviará a las autoridades correspondiente si es que eso está consignado entre las recomendaciones”.
– La investigación empezó por la revisión de una adjudicación por $4 millones a una periodista y un contador inexpertos en la venta de mascarillas, pero luego surgieron otros casos ¿Podría la complejidad de la investigación atrasar la entrega del informe?
– Eso va a depender del trabajo de la subcomisión, todos esperamos que en 22 días o un mes esté listo, pero si necesitan un par de días adicionales los otorgaríamos. Efectivamente, los expedientes que hemos ido revisando en esta investigación son muchos, no solo por las intervenciones (orales), sino por los documentos que han suministrado los comparecientes e información que nosotros hemos recolectado.
– No le estoy pidiendo que adelante criterio, pero ¿Qué podría contener el informe? ¿Existe probabilidad de que se recomiende la apertura de procedimientos disciplinarios por parte de la Contraloría General de la República o la CCSS?
– Sin avanzar en conclusiones, porque el informe aún no está listo (...). Uno esperaría que este expediente sea trasladado como un insumo importante a la Fiscalía General. ¿Por qué ahí? Porque tenemos las comparecencias en las que se han levantado actas, tenemos evidencia, que los mismos diputados hemos obtenido por otras vías, y nos parece que eso puede contribuir con la Fiscalía.
“Uno esperaría que el expediente vaya ahí, pero también esperaría que el expediente llegue a la Contraloría General de la República por tratarse de compras públicas, de la administración pública y de funcionarios públicos.
“En esa dirección, lo que esperaría, de parte de la Contraloría, es la apertura de expedientes o investigaciones (...). Es un poco parecido a lo que sucedió con el caso llamado hueco fiscal, que generamos un expediente, lo trasladamos y eso generó pesquisas más profundas”.
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– Ha pasado con algunas investigaciones legislativas que se aprueba un informe, pero luego pasan meses para que suba al plenario ¿De qué depende que no pase eso en este caso?
– Esta investigación tiene la ventaja de que se incorpora con el nuevo reglamento legislativo y obliga a que los informes tengan que conocerse en el momento que se presentan al plenario, eso hace que podamos asegurar que, una vez aprobado el informe en la comisión, en los próximos días se estaría conociendo en el plenario, porque el presidente del directorio Legislativo o alguna de las fracciones no podrían oponerse a conocerlo, pues el nuevo reglamento lo impide.
– ¿Esperaban que esta investigación se alargara por meses o creciera de la manera que creció?
– Por la magnitud de las compras sí esperábamos que se alargara, que iba a ser necesario llamar a otras partes para que se refirieran al asunto y efectivamente así sucedió (...). Me parece que vale la pena alargar la investigación, escuchar, conocer otras partes y de esa manera construir una mejor versión de los hechos.
– ¿Don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, estaba en la obligación de responder las preguntas de los diputados cuando compareció?
– Estaba, desde mi perspectiva, completamente obligado a darle cuentas a la comisión y a los costarricenses de los hechos ocurridos, él es el presidente ejecutivo, es el máximo jerarca de la Caja, pero además es el operador político, está al frente, poniendo la cara por el actuar.
“Así que fue sorprendente escucharlo decir que se iba a inhibir de atender las consultas de los legisladores y si esa fue la estrategia que le recomendaron, me parece que fue una muy mala estrategia. Don Román quedó mal parado”.
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– Usted le recriminó a don Román haber bajado su presencia en los medios de comunicación a partir de los escándalos relacionados con compras de equipo de protección ¿Por qué le hace ese reclamo?
– Con la misma vehemencia que él salía dando buenas noticias del manejo que hacía la Caja de la pandemia, con esa misma vehemencia, me parece, tenía que salir a decirle a los costarricenses las cosas que estaban pasando en la Caja (con las compras), pero también decir qué medidas se estaban tomando.
“Vamos a ver, lo que sucedió en la Caja (con la compra de mascarillas) no fue un caso aislado, son recurrentes, sale uno y sigue otro y otro (...). Yo hubiese esperado un presidente ejecutivo que saliera, con vehemencia, a decir: ‘No nos salió bien este proceso, se dieron situaciones anómalas, alejadas de la ley, pero ya estamos tomando medidas’.
“Pero no lo vimos con esa vehemencia, es más, él enmudeció, fue evasivo”.
– ¿Qué reflexión hace usted al final de todas las comparecencias?
– Yo mantengo la posición de que la Caja es complaciente; las autoridades de la Caja son complacientes ante estos hechos, hemos conocido en otras oportunidades que se han dado en la Gerencia de Logística y siempre es el mismo discurso, ese de que vamos a tomar medidas, pero lo cierto es que no vemos las medidas correctivas (...). Lo que vemos es todo lo contrario, sale un caso y se acomodan a que el caso está siendo investigado y hay que esperar los plazos, hay que esperar los procedimientos y listo.