Costa Rica se integró a una red regional que tiene entre sus principales objetivos endurecer la recaudación de los impuestos a productos de tabaco como otra vía para continuar con la reducción del consumo.
Se trata de la Red Intersectorial Latinoamericana de Política Fiscal para Control de Tabaco, conformada en San José, hace un mes.
La organización también incluye entre sus metas promover más rigurosidad en las reglas sobre advertencias sanitarias en estos productos y poner freno a la distribución de los cigarrillos electrónicos, explicó Teresita Arrieta, vocera de la Red Nacional Antitabaco (Renata).
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Renata, el Ministerio de Hacienda y el de Salud son los representantes de Costa Rica ante esa red latinoamericana.
Roberto Castro Córdoba, coordinador del Programa de Control de Tabaco, en el Ministerio de Salud, aclaró que el objetivo al integrar esa red no es elevar los impuestos, pues esto solo sería posible mediante una modificación a la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (9028).
"La posición oficial del país no es la de discutir la ley 9028 y, mucho menos, de aumentar el precio de los productos de tabaco, dado que la única vía posible es la modificación de la citada Ley", dijo Castro.
Según explicó el funcionario de Salud, al formar parte de la red el país lo que busca es compartir las experiencias con el aumento de precios a los productos de tabaco que establece la ley.
También se pretende fortalecer los mecanismos que se deben desarrollar para dar seguimiento a estos productos en toda la cadena de distribución, con el fin de detectar si pagan o no impuestos.
Lo anterior involucra, según Castro, todo el proceso en aduanas y de vigilancia por medio de la Policía Fiscal.
Hoy, los productos derivados del tabaco tienen que pagar en el país un impuesto específico que corresponde a ¢20 por cada cigarrillo, purito, cigarro o puro de tabaco y sus derivados, informó el Ministerio de Hacienda ante consultas de este diario.
Ese monto debe ser actualizado anualmente según la variación del índice de precios al consumidor (IPC).
Además, añadió Hacienda, se cancelan otros cuatro impuestos ad-valorem, es decir que se calculan sobre el valor de la mercancía, como es el caso del impuesto de ventas y el selectivo de consumo.
Para Susana Salas, vocera de la Tabacalera Costarricense –afiliada a Philip Morris International–, más impuestos causarían un desequilibrio en un mercado y más consumo de productos ilícitos.
A pesar de ese reiterado alegato de la industria, el alza en impuestos es considerada internacionalmente una de las medidas más efectivas para bajar el fumado entre la población, principalmente en los más jóvenes.
Lo que se paga hoy
En Costa Rica, la recaudación de impuestos por consumo de productos de tabaco ha ido en aumento desde el 2012, con la entrada en vigor de la Ley de Control de los Efectos Nocivos del Tabaco. Pasó de ¢56.427 millones aquel año, a ¢62.890 millones el año pasado. Para 2016, lo correspondiente al impuesto específico superó los ¢32.000 millones.
Conozca alcances y conceptos de la ley
Estos dineros se distribuyen a instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ha fortalecido con estos fondos la atención oncológica.
Aunque el salto en la recaudación es positivo, una investigación regional reveló que los tributos que se cobran por cada cajetilla de cigarros no logran cubrir ni el 30% de los gastos en los que incurre el sistema de salud, para atender las enfermedades causadas por fumar.
En Costa Rica, esos costos rondan los ¢130.000 millones anuales pues el 12% de las muertes se relacionan con el fumado.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS, por sus siglas en inglés) efectuada en el 2015, en Costa Rica hay al menos 300.000 fumadores. Cada uno, consume cerca de 13 cigarrillos diarios y desembolsan en promedio, ¢19.000 mensuales en la compra de esos artículos.
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Aquel estudio evidenció, además, que hombres y mujeres no fuman por igual: por cada fumadora (4,4%), hay más de tres hombres que sufren de tabaquismo (13,4%).
No obstante, según Salud desde que entró a regir la llamada ley antitabaco hay 200.000 fumadores menos.
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Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó una acción más en contra del consumo de cigarros: el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, que rige desde el 1.° de diciembre.
Esta es una de las acciones más recientes para poner freno al contrabando de este producto, calculado en un 16% de los cigarrillos que se consumen.