Hay que remontarse al 7 de noviembre del 2023, cuando la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, anunció la provisión de ¢200.000 millones para atacar los prolongados tiempos de espera en cirugía, procedimientos y citas.
El anuncio se hizo frente el presidente Rodrigo Chaves Robles, su gabinete, y las autoridades en pleno de la CCSS, desde la Junta Directiva hasta los gerentes y directores médicos de los principales hospitales públicos.
Cuatro meses después del anuncio, que incluyó otras medidas como el copago y la tercerización de servicios, la CCSS carece de estudios técnicos, financieros, legales, médicos y actuariales para fundamentar la provisión y el uso de esos ¢200.000 millones prometidos. Este monto sería tomado de inversiones a corto plazo sin destino específico, dijo en ese momento la entonces gerenta financiera, Gabriela Artavia Monge.
Un oficio del 7 de marzo, de la Auditoría Interna de la Caja, le da un mes de plazo a la Administración para informar sobre todo lo actuado en relación con esos ¢200.000 millones.
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El oficio AD-AFINPE-0019-2024 está dirigido al actual gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón, y al gerente médico, Wilburg Díaz Cruz.
A los gerentes les ordena hacer una valoración de los aspectos que permitan fortalecer las medidas de control interno que sustentaron la determinación de disponer de esos fondos sin tener los estudios requeridos.
El oficio de diez páginas analiza lo actuado por las autoridades de la CCSS en relación con la estrategia “Ruta para avanzar en la gestión de las listas de espera y gestión del recurso humano especializado en salud”, cuyo objetivo inicial era reducir y atender, con oportunidad y calidad, a la población usuaria en espera de un procedimiento médico.
Esta estrategia se remonta a un acuerdo de Junta Directiva, tomado el 22 de mayo del 2023, cuando las listas de espera fueron declaradas emergencia institucional.
“Preocupa que a la fecha no se ha logrado acreditar los estudios técnicos, financieros, médicos, legales, actuariales u otros que permitan fundamentar las decisiones adoptadas en torno a dicha provisión.
“Adicionalmente, no se logró acreditar el cronograma de ejecución donde se visualicen las actividades definidas para operativizar dicho monto, de manera que se reitera la importancia de cumplir con la totalidad de requisitos a fin de resguardar el uso de los fondos institucionales en el proceso de avance de este programa o proyecto institucional que nos ocupa a todos, cumpliendo con los principios establecidos en la Ley Constitutiva artículo 39, de rentabilidad, seguridad y liquidez, en beneficio de los asegurados”, afirma el auditor Ólger Sánchez Carrillo.
La Nación envió una consulta sobre este informe a la CCSS, la cual está en proceso en la oficina de prensa.
Riesgos detectados
La estrategia contra las listas de espera fue presentada en noviembre bajo el lema “Menos espera, mejor servicio”, aunque también se anunció como el plan ”Ruta de la Salud”.
El país aguardaba desde febrero, primera de varias fechas prometidas por el Gobierno para anunciar la estrategia. El último plazo de tres meses que Chaves dio a Marta Eugenia Esquivel, venció el 12 de octubre.
En varias de las principales propuestas reveladas en el Estadio Nacional, incluido el copago, no se ha logrado demostrar el sustento técnico para materializarlas.
A inicios de febrero, varios diputados de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos denunciaron que una consultoría anunciada con el Banco Mundial tampoco existía.
El 7 de noviembre, Esquivel firmó con Priscilla Zamora, viceministra de Ingresos, el convenio a través del cual el Ministerio de Hacienda se comprometió a dar los ¢2.100 millones para una consultoría que, entre otras cosas, haría valuaciones actuariales de los seguros de Salud y Pensiones, administrados por la Caja.
El diputado liberacionista Francisco Nicolás hizo que Marta Esquivel admitiera que el citado convenio ni siquiera había pasado por análisis de la Junta Directiva de la CCSS.
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El oficio del auditor Ólger Sánchez se une a esta cadena de medidas sin sustento técnico. Por ejemplo, la Auditoría Interna de la CCSS detectó riesgos en las funciones que desempeña el Comité de Inversiones del Seguro de Salud, responsable de aprobar la solicitud de Esquivel para la provisión de los ¢200.000 millones.
También señaló ausencia de planificación y programación por parte de los responsables a cargo de los programas para solicitar y acceder a recursos financieros disponibles en el flujo de efectivo del Seguro de Salud.
Para ese órgano se hace necesario robustecer los procesos para la creación de reservas y provisiones y asegurar que las acciones administrativas que se desarrollen generen un impacto positivo en las listas de espera de la institución.
Asimismo, ordenó revisar la normativa para la provisión de recursos financieros para fines específicos. Considera que la creación de provisiones institucionales se realice considerando el grado de madurez de los programas y proyectos propuestos; esto con el fin de asegurar técnicamente su viabilidad en función de las mejores prácticas financieras de los fondos institucionales.
“Esta situación debe ser abordada con carácter de urgencia y debe gestionarse como tal para fortalecer y mejorar el tema de listas de espera en resguardo de los intereses institucionales, así como la sostenibilidad del Seguro de Salud en la priorización de programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo”, afirma el oficio firmado por el auditor Ólger Sánchez.