¿Mantener al gerente general, Roberto Cervantes Barrantes, al frente de la investigaciones contra varios funcionarios por supuestas irregularidades en compras de mascarillas o separarlo de las pesquisas?
Ese es el dilema que mantiene a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrascada en una intensa discusión jurídica.
La razón del debate es que Luis Fernando Porras, gerente de Logística y sus dos asesores, Hans Vindas Céspedes y María Cristina Díaz Rivera, suspendidos con goce de salario desde agosto, por presuntas irregularidades en la compra de millones de mascarillas y respiradores KN-95 presentaron, entre agosto y setiembre, recursos de recusación contra Cervantes, médico cirujano y especialista en administración de hospitales.
El argumento de los investigados es que el gerente general dio el aval para ejecutar las compras y, por lo tanto, tiene responsabilidad en las adquisiciones cuestionadas y enfrenta un conflicto de intereses a la hora de definir eventuales sanciones.
El debate sobre este tema, en la sesión de este jueves 17 de diciembre, consumió 10 horas de la reunión, aproximadamente.
José Loría, representante del movimiento cooperativista en la Junta Directiva, indicó que las conversaciones sobre apartar o no a Cervantes empezaron a las 2 p. m. y se extendieron hasta la medianoche.
Al final, los directivos acordaron que la Gerencia General renueve la suspensión con goce de salario contra Porras, Vindas y Díaz.
Sobre el fondo del asunto, si Cervantes sigue o no a la cabeza de las investigaciones, se resolverá hasta el próximo 14 de enero, según explicó Loría.
“La Junta tuvo una discusión jurídica fuerte. Los directores tenían dudas sobre algunos aspectos relacionados. Entonces, se decidió habilitar a la Gerencia General para prorrogar las medidas cautelares y decidir la recusación en enero”, comentó el representante de los cooperativistas.
Añadió que existen criterios jurídicos encontrados en la entidad sobre recusar o no a Cervantes. Sin embargo, manifestó que la posición de la Dirección Jurídica es que se debe aprobar la recusación.
La Nación intentó contactar a otros miembros de la Junta Directiva de la CCSS, pero no contestaron sus teléfonos celulares.
¿Por qué el aval?
El 30 de marzo, en medio de la incertidumbre provocada por la pandemia, la Junta Directiva de la Caja autorizó a la Gerencia de Logística y a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías a adjudicar compras desde los $500.000 y hasta los $5 millones con el visto bueno de la Gerencia General.
Las contrataciones por montos superiores a $5 millones sí tenían que pasar por la Junta Directiva.
De esa manera, Cervantes dio la aprobación para desarrollar contrataciones que ahora arrastran investigaciones administrativas, políticas y judiciales.
Una de las adjudicaciones más cuestionadas es la de 12 millones de mascarillas a favor de Miren Martínez Ruiz, periodista española, y David Landergren Castro, contador público, por $4 millones. Esos proveedores, carentes de experiencia en el negocio de mascarillas, incumplieron los plazos de entrega de manera parcial y total.
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El hermano de David Landergren Castro, Axel Landergren Castro, es el contador de la sociedad Inversiones Vinro 2016, presidida por Vindas Cespedes, según los registros del Ministerio de Hacienda.
DISEÑO: / LA NACIÓN.
Además, dos funcionarias de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios señalaron a Vindas como la persona que intercedió para aceptar las ofertas de Martínez y Landergren de manera extemporánea.
En la actualidad, la periodista y el contador enfrentan procedimientos administrativos y se exponen a ser inhabilitados para venderle a la Seguridad Social en el futuro y al pago de multas.
Otra transacción bajo la lupa es la compra de 870.000 respiradores KN-95 por $2,4 millones a la periodista y a una empresa llamada Bioplus Care.
La CCSS admitió, semanas atrás, que ambos proveedores entregaron productos de uso no médico, lo cual impide su uso. Por esa razón, permanecen embodegados y la entidad no ha podido recuperar el dinero cancelado.
Incluso, en el caso de la periodista española, la institución, por orden de Hans Vindas, le pagó $1,3 millones por adelantado, infringiendo las normas de contratación y pagos.
FUENTE: Elaboración propia a partir de los expedientes de contratación || DISEÑO / LA NACIÓN.
En total, la CCSS tiene, hasta ahora, tres procedimientos disciplinarios abiertos por supuestas anomalías en compras de equipo de protección personal.
Además del gerente de logística y sus dos asesores, encaran eventuales sanciones disciplinarias Soraya Solano Acuña, Nidia Medrano y Esteban Corrales Vega, miembros de una de las comisiones técnicas que avalaba compras de urgencia.
También están Miguel Salas Araya, director de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Maynor Barrantes Castro, jefe del Área de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios.
La lista la completan Shirley Ramírez Moya, Grace Corrales Saborío y Magda Canto Oreamuno, integrantes de la comisión técnica que recibió 700.000 mascarillas de uso no médico a una empresa dedicada a servicios de jardinería.