Lejos de ser responsable, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería ser considerada víctima, por el daño económico sufrido mientras sus instalaciones fueron usadas para tratar personas que serían trasplantadas de riñón en hospitales privados.
Ese es el argumento que esgrimió William Rodríguez, abogado defensor de la CCSS, en el juicio por supuesta trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos.
"La extracción se hace en un hospital privado y las complicaciones se tratan en un hospital público. Todo esto ocasiona daños económicos a la institución", manifestó Rodríguez en la exposición de sus conclusiones durante el debate de este viernes.
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Rodríguez, además, sostiene que las 14 personas presentadas como víctimas por la Fiscalía deberían ser consideradas como imputadas porque, según él, "no tenían ninguna enfermedad psiquiátrica cuando recibieron el dinero y porque engañaron a médicos sin tener ninguna discapacidad".
"No tuvieron la vergüenza para decir que estaban sanos al cobrar la incapacidad. Lo que era plata, era un diamante para ellos", alegó.
La realización de exámenes, el cobro de incapacidades y el uso de las instalaciones del Hospital Calderón Guardia son, a criterio de este defensor, motivo suficiente para que los jueces de este caso liberen a la CCSS de las responsabilidades que le atribuye la oficina de Defensa Civil de la Víctima.
La petitoria de esa oficina, realizada el miércoles, consiste en una indemnización por ¢510 millones para las 14 víctimas, un pago que asumirían solidariamente los cinco imputados, la Caja y las clínicas privadas Bíblica y Católica.
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William Rodríguez sostiene que el médico Francisco Mora Palma, a quien la acusación del Ministerio Público le atribuye el liderazgo de una red de tráfico de órganos, tenía el poder para llevar pacientes al hospital público.
"El poder en el ejercicio del doctor Mora Palma era perjudicial para la Caja", agregó el abogado. Este médico, especialista en Nefrología, era jefe de ese servicio en el 2013, cuando fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospechoso de participar en una red internacional de tráfico de órganos.
Rodríguez también puso en duda los cálculos hechos por la Fiscalía en los que se estima que cada una de las 14 personas tuvo un 25% de pérdida de capacidad funcional.
Este juicio se inició el 11 de setiembre y está para finalizar el 30 de noviembre.
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En él figuran cinco personas como imputadas por el supuesto delito de trata de personas con fines de extracción ilícita de órganos. De ellos, cuatro son médicos y uno es un comerciante de nacionalidad griega, a quien le atribuyen haber servido de intermediario entre donantes y Mora Palma.
Para este último, la Fiscalía solicitó 296 años de prisión.
Petición de absolutoria por duda
El otro representante legal de la Caja, del lado de los querellantes, Roney Solano Díaz, confirmó a La Nación la petitoria que hizo a los jueces el martes anterior.
"Solicité que los absolvieran por indubio pro reo (a los médicos Maximiliano Mauro Stamati, Fabián Fonseca Guzmán y Víctor Hugo Monge Monge). Para Mora solicité 248 años de prisión porque se tienen acreditados 14 delitos de trata de personas, 6 falsedades ideológicas y 14 delitos de peculado. Para Dimóstenes (Katsigiannis Karkasi) 30 años de prisión porque se le atribuyen tres delitos de trata de personas", confirmó el abogado.
En su explicación, Solano asegura no tener los elementos suficientes para solicitar a los jueces que los condene.
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"No sucede lo mismo con Mora Palma y Katsigiannis. En el transcurso de todo el debate surgieron elementos que crean la duda. Yo indiqué que ellos realizaron una conducta: los actos quirúrgicos, pero que la acción dolosa nunca existió", agregó.
Durante la mañana de este viernes, el abogado del Hospital La Católica, Vinicio Zamora, también expuso sus conclusiones.
Calificó de "malintencionadas" a las 14 personas que figuran como víctimas en este proceso, pues, según él, "vinieron aquí a negar sus firmas" en las declaraciones juradas donde afirmaban que no recibieron dinero por dar su riñón.
Zamora también aclaró que de las 12 operaciones que se han citado en el debate, solo 9 se realizaron en La Católica. Las otras se hicieron en la Clínica Bíblica.
"El personal de La Católica cumplió con los requisitos de ley para esos trasplantes (...) Las víctimas se burlaron de todos negando a los jueces sus firmas", aseveró el abogado, quien afirmó, además, "que los médicos fueron injustamente acusados".
Como sus antecesores, Zamora lanzó sobre Francisco Mora Palma toda la responsabilidad en la contratación del equipo médico y en el pago del personal que participó en los trasplantes de riñón.
Tanto Rodríguez como Zamora, solicitaron a los jueces declarar sin lugar la acción civil resarcitoria planteada por la Oficina de Defensa de la Víctima.