Autoridades del Hospital La Católica defendieron, este martes, los controles que aplica dicho centro médico para la realización de trasplantes.
La subdirectora médica, Keithlyn Lindo, y el gerente de servicios médicos, Óscar Sánchez Serrano, señalaron que el paciente y el donador deben firmar un consentimiento informado antes de entrar al quirófano.
Además, indicaron que la persona a la que se le va a extraer un órgano debe rendir una declaración jurada escrita donde garantice que no recibió dinero ni fue coaccionada.
Subrayaron que ambos trámites son obligatorios y que están vigentes, desde el 2011, cuando ese hospital privado echó a andar su política interna de trasplantes.
Así lo afirmaron Lindo y Sánchez durante su comparecencia en el juicio por supuesta trata de personas para extracción ilícita de órganos.
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De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, ese hospital es uno de los dos centros privados utilizados por una supuesta red internacional de tráfico de órganos para hacer trasplantes de riñón.
Los procedimientos se habrían realizado ahí entre 2009 y 2012 a enfermos extranjeros; principalmente de Grecia, Israel y Estados Unidos.
El otro hospital que ha sido mencionado por víctimas y testigos desde el inicio de este juicio, el 11 de setiembre, es la Clínica Bíblica.
Allí, se habrían practicado varias de las pruebas médicas necesarias para garantizar la compatibilidad entre donantes y receptores, según el testimonio dado por varias víctimas en el proceso.
Ambos centros se encuentran ubicados en San José.
'Transparencia y seguridad'
Al menos, 12 costarricenses, entre policías, taxistas informales y meseras, habrían dado su órgano a cambio de un pago, que osciló entre ¢2 millones y ¢10 millones, según la Fiscalía y testigos aportados por el Ministerio Público.
En el juicio –programado para finalizar el 30 de noviembre–, hay cinco personas imputadas: cuatro médicos y un comerciante griego.
Al parecer, la red la lideraba el nefrólogo Francisco José Mora Palma, quien fue jefe de Nefrología en el Hospital Calderón Guardia.
De acuerdo con los testimonios, Mora Palma habría utilizado a varios intermediarios –un comerciante griego y una mujer policía– para reclutar personas interesadas en vender un riñón.
Él habría coordinado el envío de exámenes tanto a laboratorios del Hospital Calderón Guardia como a centros privados, así como la realización de los procedimientos quirúrgicos.
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Ante consultas de los abogados defensores y acusadores, los dos funcionarios de La Católica no supieron precisar la cantidad de trasplantes que se realizan en ese hospital ni cuántos de ellos se les practican a pacientes foráneos.
La subdirectora Lindo, sin embargo, explicó con detalle el proceso que se sigue para internar a una persona en ese centro de salud.
Ella fue la primera en mencionar la obligatoriedad de presentar el consentimiento informado y la declaración jurada entre un grupo de documentos solicitados por el hospital.
Según Lindo, la declaración jurada que debe aportar el donante es un documento donde se confirma que la persona no fue obligada a dar el órgano ni tampoco se recibió pago.
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Aclaró que los médicos especialistas que operan en La Católica no tienen ninguna relación laboral con esa institución. No se precisó si ellos alquilan los quirófanos para hacer sus procedimientos, aunque sí se dijo –sin entrar en detalles– que todos debían estar acreditados ante el hospital.
Por su parte, Sánchez reiteró, varias veces, que los procedimientos de control que aplican pretenden reforzar la "seguridad" de los procedimientos y la "transparencia".
Mencionó la existencia de un trámite, el 'time out' (tiempo fuera), con el que se pretende, en tres diferentes momentos (con paciente despierto, en preanestesia y antes de hacer el primer corte de piel), confirmar que el procedimiento que se va a realizar a una persona es el correcto.
Sánchez informó de que, aunque la política de trasplantes rige desde 2011, en el 2009 se empezaron a ejecutar una serie de medidas, incluido el consentimiento informado.
Además, según describió, antes de reservar los dos quirófanos que se necesitan para estos procedimientos (uno para la extracción de riñón y otro para el implante), los médicos deben demostrar el cumplimiento de todos los requisitos que exige la política interna para la realización de trasplantes.
El gerente de servicios médicos confirmó que a Mora Palma se le frenó, en al menos una ocasión, la realización de un trasplante porque a última hora cambió el donante.