Cansada de incumplimientos en la entrega de productos, altos precios y hasta desabastecimiento, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) autorizó a la Presidencia Ejecutiva a presentar una acción de inconstitucionalidad contra la norma jurídica que los obliga a comprarle frutas, verduras, carnes y otros suministros al Consejo Nacional de Producción (CNP).
La decisión fue tomada el pasado 21 de abril en la sesión 9.253. En el acuerdo, las autoridades institucionales piden interponer, ante los magistrados de la Sala Constitucional, una acción contra el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción. Ese artículo indica que “los entes públicos están obligados a proveerse” de los suministros que ofrezca esa entidad.
Los directivos argumentaron que esa regla va contra la autonomía institucional. “Esta obligación no permite que la Caja Costarricense de Seguro Social ejerza su autonomía de gobierno establecida constitucionalmente al no poder tomar acciones que permitan, dentro del marco de juridicidad, crear oportunidades de ahorro en la adquisición de productos, pagando sobreprecios”, según el oficio SJD-0555-2022, del cual La Nación tiene copia.
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Agregaron que esa obligación provoca desperdicio de los recursos financieros destinados para la Seguridad Social.
“Lo anterior impide que la CCSS pueda valerse de mecanismos ordinarios de contratación administrativa que, en el adecuado ejercicio de la gobernanza de los fondos de la seguridad social, pueda elegir el proveedor, el producto y el precio que mejor convengan a efectos de satisfacer el fin público”, alegaron.
La Dirección Jurídica de la Caja informó de que el texto de la acción de inconstitucionalidad ya fue redactado y enviado a la Presidencia Ejecutiva para su revisión.
No es la primera institución pública que expresa inconformidades por la imposición legal de comprarle al Consejo. Incluso, en los últimos meses la Asamblea Legislativa analizó, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público, denuncias presentadas por funcionarios del Ministerio de Salud por retrasos, entregas incompletas y sobreprecios en artículos vendidos a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinái).
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En noviembre de 2021, varios hospitales públicos sufrieron desabastecimiento de carnes rojas para alimentar pacientes hospitalizados. Esa situación persistió hasta diciembre de ese mismo año.
En esa ocasión, los proveedores exigían alzas de hasta un 73% en los precios de algunos cortes, lo cual fue rechazado por los centros médicos. Por ejemplo, según datos suministrados por la CCSS, la empresa a cargo de proporcionar las fajitas de carne de res para los hospitales Max Peralta, en Cartago, y William Allen, en Turrialba, subió el precio de ¢4.182 a ¢6.522, lo que representa un alza del 55%.
Lo mismo hizo Coopeavancemos R. L ., suplidor del CNP de carnes para los centros médicos de la zona sur, la cual subió el kilo de pechuga de jamón de pavo de ¢3.763 a ¢6.518. Esto significa un alza de ¢2.755 por kilogramo de un año a otro (73% más). Al desmenuzar el incremento de ¢2.755, resultó que ¢2.237 corresponden al proveedor y ¢518 al CNP por su intermediación.