La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó la apertura de una investigación por los errores en el estudio de factibilidad utilizado por la entidad para asumir el centro de llamadas de atención de asegurados con personal y equipo propio.

La noticia se da luego de que La Nación revelara graves fallos en el análisis de costos hecho por el Área de Estadísticas en Salud, para prescindir de una empresa privada e institucionalizar el servicio que atiende asignación de citas, activación de recetas, campañas informativas y validación de derechos.

La investigación de este diario constató que ese departamento fijó salarios por debajo de los valores reales, no realizó estudios de mercado para definir los precios de los equipos necesarios para la operación y empleó un tipo de cambio inexacto.

Por ejemplo, el informe calculó el costo de la planilla de 128 personas en $127.470, cuando el valor real asciende a $1,1 millones, según el índice de salarios de la CCSS.

Además, la decisión de trasladar el call center a la Caja implica recortar el horario de atención, pues los funcionarios estatales designados laboran de 6 a. m. a 4 p. m. Bajo la tercerización, la asistencia funciona entre 14 y 24 horas diarias.

“Efectivamente, la Auditoría Interna confirma que se ha abierto una investigación de oficio rotulada mediante el número de expediente DE 130-01-2021, del 28 de mayo de 2021, referente a la contratación de servicios de call center para la atención de citas a pacientes”, expresó la Auditoría en un correo electrónico.

La Auditoría Interna agregó que también recibió una denuncia anónima relacionada con este tema desde el 10 de mayo.

“Debido a que la investigación se encuentra en fase primigenia no estamos en posibilidad de señalar funcionarios investigados”.

No obstante, el estudio de factibilidad fue elaborado entre 2019 y 2020 por Ana Lorena Solís Guevara, Zuleyka Díaz Valverde, Luis Fernando Montero Rodríguez, Nathalie Arias Sánchez, Leslie Vargas Vásquez, Arelis Quirós Agüero, Roger López Espinoza y Hubert García Gordon.

Además, la decisión de prescindir de la empresa privada que brinda el servicio de call center para llevarlo a manos de la Caja fue tomada por un comité coordinado por Mario Ruiz, gerente médico de la CCSS.

Ruiz se enteró de las deficiencias del informe el viernes 21 de mayo en medio de una entrevista con este diario.

Él aprobó ese documento desde octubre del 2020 y ordenó la implementación del centro de llamadas con 128 funcionarios que, desde hace algunos años, se quedaron sin funciones o buena parte de ellas desaparecieron debido a los procesos de digitalización.

VEA UN RESUMEN DE LA ENTREVISTA:

Deficiencias

La principal pifia fue que para calcular el costo de la planilla se partió de una remuneración mensual de $83 para cada uno de los 128 funcionarios que operarán el servicio en el primer año.

No obstante, el índice de salarios de la CCSS establece que el sueldo para esos trabajadores es de ¢466.650 ($760).

El error provocó que la institución fijara la planilla de esos 128 empleados en $127.470 anuales (¢79 millones). Sin embargo, con los números correctos, ese monto subiría a $1,1 millones por año (¢716,7 millones), es decir, 762% más que la cuenta original.

Los $1,1 millones no incluyen aguinaldos, anualidades y cargas sociales.

“Sí, lo que hay es un error en una fórmula (...) Difiero en que el estudio tenga deficiencias, puede tener algún error de cálculo, nadie está exento a cometer un error, pero el análisis contempla, no solamente el uso de un recurso humano, que ya es pagado por la institución, con lo cual yo pude haber puesto ahí $1 millón o $2 millones que el efecto es exactamente el mismo, porque no es un gasto que yo tenga que hacer realmente”, dijo Ana Lorena Solís Guevara, jefa del Área de Estadística en Salud y responsable del análisis de costos.

Gerente se sacude

Al preguntarle a Ruiz cuál es su responsabilidad en este caso, respondió lo siguiente:

“El estudio fue elaborado por un grupo técnico, a quien se le asignó esta tarea. Mi responsabilidad como gerente es adoptar todas las acciones necesarias para garantizar el buen desarrollo de la actividad administrativa que realiza la Gerencia Médica, es por eso que ante cualquier presunta irregularidad tengo la obligación legal de investigar lo sucedido como ya lo instruí en este caso”.

Añadió que ordenó la apertura de una investigación preliminar contra los funcionarios que realizaron el estudio de factibilidad.

Evadió responder si los errores presentes en el documento son negligencias o descuidos de los involucrados.

“Se inició una investigación preliminar con el fin de obtener mayores elementos objetivos que permitan determinar el inicio de eventuales procesos disciplinarios”.

El comité que tomó la decisión de trasladar el centro de llamadas a la Caja, liderado por Ruiz, decidió revisar todo el estudio de factibilidad el 26 de mayo, es decir cinco días después de que La Nación descubrió las equivocaciones.

“En fecha del 26 de mayo del presente año el Comité Estratégico del Proyecto EDUS acordó realizar la revisión de la actualización del estudio por parte de instancias técnicas institucionales, de manera que se pueda contar con mayores elementos para la efectiva toma de decisiones en procura de salvaguardar el interés público y la continuidad de los servicios con calidad y calidez”, señaló el gerente por medio de un correo electrónico.

Se solicitó una entrevista con Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, sobre este tema, pero aún no contesta a esa petición.

El centro de llamadas para los servicios mencionados funciona desde 2016 bajo la administración de una empresa privada, a la cual la Caja le paga por llamadas atendidas.

En 2020, la entidad canceló ¢592 millones por esas atenciones.

Bajo la operación de la CCSS, solo en salarios se pagarían más de ¢700 millones; a eso se debe sumar otros costos como equipo de cómputo y licencias informáticas, entre otros.