“Con todo paciente indocumentado, se deberá de realizar llamada inmediata al 9-1-1 para el despacho de unidad de Migración y Fuerza Pública. No se debe atender hasta tanto estos no se apersonen al Ebáis”.
"Se tamizan solamente a personas costarricenses, residentes con documentación probatoria de su estado en Costa Rica, de lo contrario no se realiza tamizaje por covid-19(...) Se deberá de atender el paciente siguiendo las más rigurosas acciones de autocuidado esto por cuanto todo paciente indocumentado no costarricense en la actualidad se debe de considerar positivo por covid hasta que no se demuestre lo contrario”.
Estos dos mensajes, con instrucciones sobre la forma de atender a pacientes extranjeros indocumentados que llegaran a solicitar atención en el Área de Salud de Los Chiles, en Alajuela, generaron molestia entre organizaciones de derechos humanos, que los catalogaron de “discriminatorios” y como una forma de “incentivar la xenofobia”.
En un boletín de prensa, el Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante (Cenderos), el Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica, el Colectivo Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), manifestaron la preocupación por estas acciones.
“(...) Preocupa, además, que negar el acceso a la población migrante a servicios de salud resulte en agravados riesgos de contagio, no solo para estas personas, sino también para el resto de la población costarricense”, advirtieron estas organizaciones en un comunicado donde reconocen los esfuerzos de Costa Rica por contener los efectos de la pandemia covid-19 entre la población.
La Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de la oficina de prensa, confirmó que la instrucción DGASLCH-000128-2020 quedó sin efecto.
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"Se solicitó al Área de Salud Los Chiles y a la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Norte ajustar lo correspondiente en apego a las directrices existentes de la Gerencia Médica y Gerencia General de la CCSS”, informó la oficina de prensa.
La Nación también pidió una reacción a esta denuncia al Ministerio de Salud, cuya oficina de prensa está en proceso de gestionar la solicitud.
Desde el inicio de la emergencia nacional por covid-19, las autoridades de Salud garantizaron acceso a los servicios de atención para toda la población, independientemente de su estado de aseguramiento, nacionalidad o condición migratoria.
Esto, en aras de proteger la salud pública porque el interés es que quienes se consideren enfermos o casos sospechosos, puedan acudir a los servicios de salud libremente.
"Instamos al Estado de Costa Rica a promover los derechos humanos de la población nicaragüense migrante, refugiada y solicitantes de refugio, así como brindar atención médica sin discriminación, cumpliendo la circular N° GG-0733-2020, emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que garantiza la atención a todas las personas que presenten algún síntoma de la enfermedad, incluyendo a las personas migrantes.
“Llamamos a las autoridades costarricenses a tener la mejor disposición individual y colectiva en el abordaje de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio, y les solicitamos mantener un compromiso responsable y oportuno en cada una de las instituciones estatales, evitando la exclusión social y la estigmatización a la población nicaragüense”, mencionan las organizaciones en el boletín.
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Recomiendan:
– Evitar estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten el riesgo de propagación de covid-19, entre ellas deportaciones o expulsiones colectivas.
– Abstenerse de medidas que puedan obstaculizar, intimidar y desestimular el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los programas, servicios y políticas de respuesta y atención ante la pandemia del covid-19; entre las cuales están medidas de control migratorio o represión cerca de hospitales o albergues, y el intercambio de información de servicios médicos con autoridades migratorias con carácter represivo.
– Garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen mediante acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados, respetando los protocolos sanitarios.
– Implementar medidas para prevenir y combatir la xenofobia y la estigmatización de las personas en situación de movilidad humana en el marco de la pandemia.
– Incluir expresamente las poblaciones en situación de movilidad humana en las políticas y acciones de recuperación económica.