Hacinadas en estrechos aposentos de dos por tres metros, sin iluminación ni ventilación, así viven unas 15.000 personas en 400 cuarterías de la capital, en momentos en que aumentan los casos de covid-19 en San José.

La población que reside en estos lugares es de bajo ingreso económico, asociado a personas sin empleo y en algunos casos trabajadores o profesionales que perdieron sus recursos por el abuso de las drogas o el alcohol.

También son habitados por guardias de seguridad, vigilantes informales de carros, vendedores ambulantes, taxistas informales, operarios de construcción o grupos de migrantes que van en tránsito hacia algún destino.

Además, se encuentran familias enteras compuestas por hasta cinco o seis integrantes.

Para Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, es determinante derribar la idea de que las cuarterías están asociadas solamente a consumidores de drogas.

“Aunque encontramos múltiples puntos de consumo y tráfico de drogas en cuarterías, que a veces degeneran en búnker y que constantemente son intervenidos por la Policía, lo cierto también es que una cantidad mayoritaria de estos lugares dan cobija a personas trabajadoras y familias”, aseveró.

Muchos administradores de estos establecimientos operan bajo la ilegalidad y no temen permitir el ingreso de cualquiera mientras pague los ¢1.000 o hasta ¢5.000 que se cobra por noche.

Las edificaciones no necesariamente tienen las condiciones para que sus ocupantes habiten durante todo el día, porque se trata, exclusivamente, de puntos para dormir.

Este punto es importante porque, en caso de presentarse un caso positivo de covid-19 en estos lugares, las condiciones precarias podrían volver insostenible el aislamiento que ordena el Ministerio de Salud.

Precisamente, Daniel Salas, ministro de Salud, indicó que, efectivamente, estas estructuras son un “factor importante” de riesgo en medio de la expansión del covid-19.

Este viernes, solo en el cantón central de San José se registraron 91 nuevos casos, un cuarto del total de nuevos enfermos contabilizados en el día. La capital suma 1.356 casos, 1.150 de los cuales permanecen activos.

Salas incluso abogó por clausurar cuarterías luego de que un joven que vivía en una de ellas falleció por covid-19 y obligara a las autoridades a poner en aislamiento a los otros 50 inquilinos.

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Sin embargo, Marcelo Solano tiene una postura sumamente clara sobre esa idea: “Cerrarlas es contraproducente”.

El director de la Policía Municipal de San José menciona que quienes están allí son trabajadores activos y, si estos espacios se cierran sin brindarles alguna otra solución, lo que habrá son más personas en situación de calle.

Y, si a eso se le suma que cada cuartería tiene entre 15 y 60 inquilinos, en promedio, “la situación se agravaría y se generaría un problema tanto sanitario como de seguridad”.

Instalaciones precarias

Según datos de la Municipalidad de San José, entre los tipos de cuarterías, hay grandes salones o áreas abiertas sin divisiones, en donde los inquilinos se acuestan sobre espumas.

Otras son construcciones con paredes livianas que, en algunas ocasiones, tienen cuartos que comparten la luz de un mismo bombillo porque las paredes no llegan hasta el cielorraso o el techo.

En algunas cuarterías, ni siquiera hay puertas, sino pedazos de tela que separan los espacios.

Dichos inmuebles se encuentran en prácticamente todos los barrios del cantón Central de San José, desde barrio Escalante (en la zona gastronómica de la capital), hasta los márgenes más extremos de Rincón Grande de Pavas.

Son habitadas por todo tipo de personas: niños, mujeres embarazadas, jefas de hogar con bebés en estado de lactancia, adultos mayores y, o, con alguna discapacidad.

En el caso de San José, hay un factor que dinamiza el desarrollo de las cuarterías y es la gran cantidad de locales que se encuentran sin uso en este momento

Talleres que ya no son talleres, oficinas que dejaron de existir, locales comerciales cuya actividad económica cesó. Todo eso deja disponibles segundos o terceros pisos de edificios para convertirlos en hospedajes.

Generalmente, son instalaciones con paredes de madera. Algunas presentan malos olores porque no tienen la capacidad de evacuación de aguas negras.

Incluso, las autoridades municipales han detectado bodegas y almacenes a los que se les realizan ampliaciones y modificaciones irregulares para habilitar cuartos.

Allí, se pueden encontrar laberintos en donde se suben y bajan gradas pasando por decenas de puertas con muy poco espacio entre cada una de ellas.

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Déficit habitacional

Esta problemática también es alimentada por el déficit habitacional que ha venido presionando a las zonas urbanas y generando un anillo de pobreza alrededor de la ciudad.

Al menos esa es la hipótesis de Marcelo Solano, quien lleva más de 10 años en la Policía Municipal y conoce la situación de las cuarterías con detalle.

El funcionario sostiene que, en este momento, es imposible levantar un mapeo de estos locales en el cantón porque se encuentran prácticamente en todo lado.

“Se ubican mayoritariamente en los distritos de Merced y Uruca, asociadas a la comunidad de La Carpio y el sector del Líbano. Tiene que considerarse que las cuarterías están prácticamente mimetizadas con la ciudad”, aseguró.

El director policial sostiene que su existencia es un fenómeno que está totalmente asociado a la precarización de la vivienda.

Agrega que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) tiene datos de referencia, recolectados desde 2011 con el Censo Nacional de Hogares, que daban cuenta de 5.500 cuarterías en todo el país.

En ese entonces, además, referían que podían haber unas 11.000 personas viviendo en estas instalaciones.

Pero en un reciente monitoreo del Observatorio Municipal de la Municipalidad de San José, en conjunto con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), se registraron 15.000 ocupantes en 400 cuarterías de San José.

“Teniendo como base un estudio de consumo de agua en algunas zonas de la capital, donde el consumo no era proporcional a la edificación donde se facturaba, cruzamos los datos y nos dio este número”, precisó.

En promedio, se ubican en terrenos de entre 100 y 300 metros cuadrados. Hay otras cuarterías más grandes, ubicadas en espacios de hasta 600 metros, que juntan varias propiedades colindantes y son comunicadas por la parte interna.

Solano afirma que han visto cuartos de hasta dos metros de ancho y tres metros de largo.

“Una vez entré en una cuartería que si uno estiraba los brazos tocaba ambas paredes del cuarto, de lado a lado. Y de largo, era del tamaño de una espuma, posiblemente de unos dos metros, tanto así que cuando se abría la puerta, había que recoger la espuma para que terminara de abrir porque no había suficiente espacio”, manifestó.

Atención de habitantes por covid-19

Con el fin de ayudar a las familias que viven en estos lugares, el Ejército de Salvación, la organización Chepe Se Baña y la Municipalidad de San José unieron esfuerzos con la iniciativa “Somos Uno”, para llevarles alimentos.

El proyecto es coordinado por la Fundación Lloverá y busca evitar que quienes están en confinamiento se desplacen en busca de comida. También pretende brindarles equipos de limpieza a los que estén afectados por el covid-19.

El director de Chepe Se Baña, Mauricio Villalobos, afirmó que, en este momento, son casi 300 personas las que están aisladas en seis o siete cuarterías de la capital.

“Todas las noches hacemos un tour junto con vehículos municipales y visitamos cada cuartería llevando alimentos, kits de aseo personal y pronto traeremos paños y ropa. El Ejército de Salvación va a estar dando almuerzos; van a hacer dos tiempos de alimentación.

“Los insumos vienen de donaciones que nos dan y de aportes que pone la Municipalidad de San José. Entonces, la idea es atenderlos durante toda la emergencia o, al menos, durante todo el aislamiento que algunas veces es de 15 días”, precisó.

Villalobos explicó que en estos lugares normalmente no se cocina, sino que simplemente se pasa la noche. Entonces, según dijo, el confinamiento puede provocar mucha presión y tensión en sus habitantes.

“Tenemos lugares que tienen hasta 50 personas en una zona muy reducida. Por eso queremos atenderlos, para parar la tensión por si ellos quieren salir, ya que no se les está atendiendo. Es un tema ciudad, porque es para protegerlos a ellos, pero también para proteger la capital”, agregó.

Mauricio Mena, gestor de “Somos Uno”, detalló que el proyecto nació hace poco más de tres meses, el 29 de marzo, como una iniciativa ciudadana para llevar alimento a familias que tuvieran mayor necesidad durante la emergencia por el covid-19.

“Primero, nos pusimos la meta de llegar a 100.000 familias en todo el país, pero hemos visto en los últimos días el gran impacto que está teniendo el contagio en las cuarterías. Entonces, decidimos ayudarlos para que no tengan que salir.

“Porque están en confinamiento, pero además están en condiciones infrahumanas. Hay muchas estructuras que son clandestinas e ilegales, pero nosotros no podemos trabajar con ellas, solo con las que la Municipalidad tiene en regla”, señaló.