San José.
La Sala IV rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad del diputado Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), contra el subsidio al gas de cocina, el búnker y el asfalto; cargado al precio del diésel y la gasolina.
El diputado interpuso la acción para solicitar a los altos jueces declarar inconstitucional el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE, del 13 de enero del 2016, con el cual se frenó un alza del 72% en el precio del gas GLP, que estaba basada en una nueva fórmula de cálculo para el costo de los hidrocarburos.
Como parte de los argumentos, Vásquez planteó que el interés del Gobierno cuando emitió el decreto era "subsidiar a varias empresas".
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Los magistrados constitucionales rechazaron de plano la acción en su resolución 2017-007407 del 19 de mayo anterior. Su decisión representa el segundo revés del socialcristiano contra dicho decreto.
Los altos jueces ya habían declarado sin lugar un recurso de amparo interpuesto el 16 de agosto del año anterior que presentaron 37 diputados liderados por Vásquez. Según la Sala, la legalidad de ese decreto debe ser resuelta por jueces ordinarios.
El nuevo modelo de cálculo de precios en hidrocarburos eliminó el subsidio para el gas y otros carburantes que desde hacía cinco años se cargaba a los consumidores de gasolina y diésel.
Esa subvención significó, desde 2008, más de ¢100.000 millones de más en las tarifas de esos dos combustibles, con lo cual se logró abaratar el gas de cocina para 651.000 hogares (55%) y la producción industrial.
El decreto paralizó la intención de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) de quitar ese subsidio en el costo del GLP, asfalto y búnker con la nueva metodología de cálculo de combustibles.
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Reacciones entre los empresarios.
La normativa también bajó la presión del sector industrial opuesto al alza en el producto, mientras el Gobierno recurrió al decreto para evitar golpear a las familias de bajos recursos, al ser el gas de cocina uno de los productos más utilizados por esta población.
"Con esto se derrota una vez más al fantasma del aumento desmedido y desproporcionado de los precios de los combustibles que usa nuestra industria y se confirma que el Poder Ejecutivo actúo bien. Vuelve a privar la sensatez, la cordura, la prudencia y seguridad jurídica porque ni siquiera se acogió la acción", manifestó Enrique Egloff; presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica al referirse a la resolución.
También la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) celebró la decisión.
"Recordemos que en Costa Rica el gas licuado de petróleo es el más caro de toda la región y, de tener éxito una gestión como la que se planteaba, tendríamos la fuente energética más cara del planeta. Solicitamos a los estimables diputados es que se eviten acciones de este tipo que comprometen la competitividad de todo el sector industrial costarricense", señaló José Manuel Hernando, presidente de Cacia.
Por último, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) manifestó, en un comunicado, que el decreto del gobierno permite contar con "un precio competitivo", pues los productos ticos lidian con los importados de países donde sí es permitida la explotación del gas natural y tienen mejores precios.
"Celebramos esta decisión porque viene a reafirmar la seguridad jurídica que merecen los inversionistas en nuestro país; las empresas podrán continuar con sus operaciones sin poner en riesgo la estabilidad de sus trabajadores; mantener los precios actuales generará mayores opciones para que más empresas sigan invirtiendo en Costa Rica" dice el mismo documento.
También el diputado Luis Vásquez se refirió a la resolución de los diputados al lamentar que "los derechos de los consumidores "fueron y son irrespetados".