El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ordenó suspender las labores de conservación vial que se ejecutan en las rutas nacionales de todo el país, porque se quedó sin dinero para pagarle en lo que resta del año a las empresas contratadas.
La información fue confirmada por el director de ese consejo, Mauricio Batalla, quien aseguró que actualmente dependen de que el Ministerio de Hacienda otorgue recursos adicionales para retomar los trabajos.
“Se está suspendiendo todo contrato en el cual no quede contenido presupuestario”, declaró Batalla a La Nación, aunque no detalló cuántas de las líneas de conservación quedarán paralizadas en las 22 zonas en las que se divide el país para este propósito.
Constructoras contratadas dijeron a este diario haber recibido órdenes de suspensión para tareas como rehabilitación de pavimentos, conservación de puentes y atención de sistemas de evacuación pluvial (cunetas y alcantarillas), entre otras labores de mantenimiento periódico.
Los contratos que fueron adjudicados en el primer cuatrimestre de este año representaban una inversión de ¢97.000 millones que se deberían invertir en dos años.
El presupuesto asignado al Conavi para las tareas de conservación para el 2023 fue de ¢53.000 millones; sin embargo, según la Gerencia de Conservación, ese monto estaba “muy por debajo de los compromisos contractuales” que se habían adquirido.
Adicionalmente, una parte de esos recursos estaban comprometidos al pago de imprevisibilidades y de otras contrataciones de emergencia realizadas durante la estación lluviosa del año pasado.
El director del Conavi aseguró que ahora se está procurando reservar alrededor del 5% de esos recursos para eventuales emergencias ocasionadas este año por fenómenos climatológicos.
“Siempre tenemos guardada una buchaquita para todo lo que se nos puede venir en setiembre y octubre, que son los meses más fuertes, donde hay mayor cantidad de deslizamientos. En algunas zonas donde ya ejecutamos el 95% del presupuesto, estamos deteniéndolo para dejarnos ese 5% para ver cualquier cosa que nos pueda pasar en invierno”, afirmó Batalla.
A finales de mayo, el Conavi indicó a este diario que desde inicios de año se venían realizando gestiones para solicitar la asignación de los recursos mínimos para hacer frente a los compromisos ya adquiridos.
La Gerencia de Conservación estimó hace dos meses que se requieren unos ¢70.000 millones para cumplir con los contratos firmados. El pasado jueves, Batalla afirmó que están esperando el visto bueno del Ministerio de Hacienda para contar con fondos adicionales.
El viernes anterior, en horas de la noche, el Conavi emitió un comunicado para anunciar que su Junta Directiva acordó realizar una nueva gestión ante Hacienda para cubrir los contratos de mantenimiento rutinario y periódico durante los próximos cuatro meses.
De acuerdo con esa nota de prensa, en lo que va del año se han ejecutado unos ¢40.000 millones en ese tipo de obras. No obstante, no se detalló cuánto será el monto adicional que se solicitará.
El artículo 282 de la Ley de Contratación Pública, indica que la Administración solo puede suspender contratos por motivos de fuerza mayor o caso fortuito.
También indica que, en caso de que se presenten motivos de interés público, institucional o causas imprevistas o imprevisibles en la contratación, la Administración puede suspender la ejecución del contrato, una vez que este adquiera eficacia y durante su ejecución, hasta por seis meses como máximo.
Esa norma fue, precisamente, la que se incluyó en las notificaciones enviadas a las empresas para informarles sobre la decisión de suspender las obras hasta enero del próximo año. La razón argumentada es el faltante presupuestario.
“Se ha indicado por parte de la Gerencia, que a la presente figura contractual no se le asignarán recursos adicionales. Se procede a emitir la actual suspensión de labores, en función de que los recursos disponibles que fueron asignados a esta región de conservación vial ya fueron ejecutados para el presente periodo presupuestario”, indica uno de los documentos.
‘Mezcla para el desastre’
Dejar las principales rutas del país sin atención durante la época de lluvias representaría no solo un mayor daño a la red vial, ya afectada por un largo periodo de abandono, sino también un riesgo para los conductores.
Las rutas nacionales estuvieron sin atención durante dos años, debido a que no se contaba con contratos de conservación, entre otras cosas, por el impacto de la investigación del llamado Caso Cochinilla, por supuesta corrupción con obras viales.
Roy Barrantes, ingeniero del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), manifestó preocupación por la suspensión de los contratos de mantenimiento y rehabilitación de carreteras.
Barrantes indicó que esos contratos incluyen “labores más profundas”, como construcción de capas estructurales y atención de daños. Suspenderlos, según advirtió, pondrá en riesgo la red vial nacional.
“Esa mezcla (ausencia de mantenimiento y lluvias) es la fórmula para el desastre de la red vial nacional, porque los materiales que usamos, en más de un 95% de la mezcla asfáltica, son susceptibles a la humedad y sumado a la presencia de vehículos pesados, muchas veces con controles de carga deficientes, es algo muy dañino para las carreteras”, aseveró.
Según la Cámara Costarricense de la Construcción, la ausencia de mantenimiento en los últimos años ya provocó un “deterioro acelerado” de las vías y eso obligará al país a hacer inversiones mayores en el futuro para lograr “niveles de servicio aceptables”.
“Es una pésima noticia, hay que recordar que venimos de un periodo de dos años sin contratos de mantenimiento; eso provocó un deterioro importante.
“Si ahora se suspenden, en función de falta de recursos, refleja que el Ministerio de Hacienda no ha pasado el dinero suficiente a Conavi para cumplir las obligaciones adquiridas”, señaló Olman Vargas, exdirector ejecutivo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Recuperar la condición que tenían las vías antes del 2020 podría llevar al menos ocho años y requiere de una inversión de más de ¢235.000 millones, según cálculos del Lanamme.
Ese mismo ente estimó, el año pasado, que de persistir el abandono, las carreteras podrían sufrir un retroceso de unos 20 años. Además, calculaba que unos 713 km de vías ya demandan una reconstrucción total.