Una decisión del presidente interino de la Asamblea Legislativa, el libertario José Alberto Alfaro, dio un empujón para que Costa Rica ingrese a la lista gris de países que no cooperan con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
La mañana de este lunes, cerca de las 11 a. m., el congresista, quien sustituye a Antonio Álvarez Desanti en la presidencia del Congreso, firmó una prórroga solicitada por la Corte Suprema de Justicia desde mediados de junio, para que emita su criterio sobre el proyecto de ley 19.909, que es una reforma a la ley sobre estupefacientes, con el fin de fortalecer la normativa relacionada a esa actividad.
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La decisión de Alfaro contradijo lo acordado por los jefes de fracción, de no extender el plazo (según es su potestad) porque Costa Rica debe rendir un informe al GAFI antes del 15 de julio sobre el cumplimiento de una serie de iniciativas y directrices para consolidar su mecanismo de combate al lavado de activos y así blindar al país contra las actividades que financian el terrorismo.
De no avanzar lo suficiente con ese y otros dos proyectos de ley (regulación de actividades financieras no profesionales y creación del registro centralizado de beneficiarios finales de las personas jurídicas), nuestro país figuraría en ese exclusivo listado, junto a países como Corea del Norte, Afganistán, Irán, Irak y Siria.
Consultado por La Nación, Alfaro aseguró que no sabía que el plan 19.909 fuera tan importante para evitar el ingreso de Costa Rica a ese registro y dijo que solo lo hizo porque el presidente propietario, Antonio Álvarez, le había extendido el plazo a otra iniciativa de un tema similar, hace varias semanas.
El libertario insistió en que desconocía la importancia del proyecto, a pesar de que se tramitó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, de la que él forma parte y donde los voceros del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alertaron sobre la urgencia de su aprobación.
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"Unos 30 minutos después (de aprobar la prórroga), Luis Paulino Mora (viceministro de la Presidencia) me llamó y me hizo esa advertencia y me pidió analizar una retractación y yo pensé que me podía retractar más tarde. Cuando llegamos a plenario se presentó la discusión. Cuando se presenta la oportunidad, se contempla retirar la prórroga, una vez que se apruebe en primer debate, nadie le vio problema", contó Alfaro.
Antes de que usaran ese mecanismo, el liberacionista Carlos Arguedas, exmagistrado de la Sala Constitucional, advirtió de que usarlo podría significar un vicio en el procedimiento y dar al traste con la ley una vez aprobada. Por si fuera poco, a Alfaro le llegó notificación de que la Corte Suprema de Justicia ya había recibido su visto bueno para ampliar el plazo en que podrá pronunciarse sobre el proyecto.
Preocupación.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Ronny Monge, lamentó la decisión de Alfaro, la cual le impedirá al Gobierno informar, antes del 15 de julio, sobre el fortalecimiento de la legislación nacional para prevenir y evitar el financiamiento al terrorismo.
"Es una lástima que él no haya tomado la particularidad de haber consultado antes de tomar una decisión como esa; cuando nos urge el proyecto, como es nuestra potestad, hemos dicho que no a las solicitudes de prórroga", enfatizó.
Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), se unió a la preocupación de lo actuado por Alfaro, pues afirmó que ahora la iniciativa solo se podría debatir en el plenario hasta agosto.
De hecho, este expediente legislativo, el 19.909, había sido liberado de trámites en una moción de consenso aprobada en el plenario hace dos semanas, y colocado en un lugar de privilegio gracias a un acuerdo de todas las fracciones políticas.
El director del ICD, Guillermo Araya, confirmó que la decisión de Alfaro pone al país al borde de entrar a la lista de países no cooperantes y añadió que espera una pronta respuesta de la Corte, para que Costa Rica evite esa calificación, la cual también preocupa al sector bancario por los efectos economicos negativos que conlleva.
¿Influencia?
Aunque Otto Guevara, jefe de la fracción libertaria a la que pertenece Alfaro, se opone a algunos artículos del proyecto de ley, niega haber influenciado al legislador.
Según Guevara, sus reparos van de la mano con la opinión negativa de esa iniciativa que tiene el Ministerio Público, pues alega que le daría "superpoderes" persecutorios al ICD (pese a no ser un ente judicial) para congelar activos de los investigados, además de los que ya tienen los fiscales que investigan casos de legitimación de capitales.
"No estoy de acuerdo con una de las disposiciones, que deja muy abierto para que haya otras medidas cautelares sobre los investigados, sin decir cuáles medidas podrían ser", añadió Guevara.
El socialcristiano Rafael Ortiz, otro que propone modificar un artículo del plan, lamentó la acción de Alfaro y advirtió que su compañero legislador "no tenía a su alcance los elementos para saber lo que implicaba su decisión".
Alfaro, quien fue elegido como vicepresidente del Directorio legislativo el pasado 1.º de mayo, fungirá como presidente interino toda esta semana, en ausencia de Álvarez Desanti, quien está fuera del país.