Los diputados Yorleny León y Eduardo Cruickshank, de Liberación Nacional (PLN) y de Restauración Nacional (PRN), respectivamente, tomaron acciones dirigidas a eliminar el enganche legal que beneficia a las pensiones de privilegio cuando el Gobierno aumenta el aporte estatal para las jubilaciones más bajas del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS.
León presentó un proyecto de ley para reformar los artículos que originan el enganche en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Se trata de las normas que obligan al Gobierno a aportar a los sistemas de pensiones del Poder Judicial y de Capitalización Colectiva del Magisterio la misma contribución que hace para los afiliados al régimen del IVM. Actualmente, se trata de un monto equivalente al 1,41% del salario de cada trabajador.
Esta equiparación tiene el problema de que, cuando la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exige al Gobierno aumentar la cuota para ayudar a financiar las pensiones más bajas, las de ¢130.000, también tiene que hacerlo en favor de jubilaciones con mayores privilegios en aspectos como el monto de la pensión y la edad de retiro.
Además de romper el enganche, la iniciativa de Yorleny León congelaría la contribución del Estado para los sistemas de jubilaciones especiales en un 1,41%.
De esa manera, León respondió a un llamado de la Contraloría General de la República (CGR), la cual pidió revisar la conveniencia del enganche que aumentó el gasto público en más de ¢13.000 millones anuales desde 2016, en beneficio de las pensiones de la Corte y del Magisterio, con el agravante de que vienen más incrementos programados en camino.
“El enganche tiene un efecto en las finanzas del Estado y ha venido creciendo de manera significativa y seguirá creciendo en los próximos años, en caso de no ponerle un límite como lo hace este proyecto de ley”, afirmó León.
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Solicita criterio a la Procuraduría
Por su parte, el diputado Eduardo Cruickshank solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República para exponga si el enganche se puede eliminar mediante una interpretación auténtica, en lugar de un proyecto de ley.
Así lo planteó en una consulta que hizo el pasado 14 de octubre al procurador General, Julio Jurado Fernández. El restauracionista busca un mecanismo rápido.
“El loable objetivo específico para financiar el pago de las pensiones mínimas del IVM se desvirtúa con ese injusto enganche y requerimos un criterio claro sobre el procedimiento para eliminarlo.
“Agradeceré el criterio para determinar si esa situación, que considero anómala, se puede subsanar con una interpretación auténtica para que el Estado no quede obligado a aumentar también el aporte a los regímenes especiales de pensiones, cada vez que se reconoce el justo aumento al monto de las pensiones mínimas vitales del IVM; o bien, si se requiere de una nueva legislación, que ponga coto a ese ‘enganche’ que beneficia a los sistemas a los que ya, de por sí, el Estado contribuye en mayor proporción”, escribió Cruickshank al procurador.
CCSS evalúa bajar pensiones mínimas
En 2016, la Junta Directiva de la Caja acordó aumentar de forma escalonada la contribución estatal para tapar un hueco de ¢54.000 millones anuales en el financiamiento de pensiones mínimas, las de ¢130.000 mensuales, que perciben 80.500 beneficiarios que no cotizaron lo suficiente para recibir el mínimo monto vial.
Así, el aporte estatal pasó del 0,58% del salario de cada trabajador a 1,24%. La cuota subió nuevamente en el 2020 a un 1,41%, y ahora, subirá gradualmente hasta alcanzar el 1,91% en 2035.
Estas son las mismas pensiones mínimas que la CCSS evalúa reducir en la actualidad.
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Sin embargo, pese a que las modificaciones eran en beneficio de las pensiones del IVM, el enganche ajustó al alza automáticamente las contribuciones para el régimen de pensiones del Poder Judicial y el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC).
Así ocurre pese a que los cotizantes de estos regímenes tienen salarios y pensiones mayores que los del IVM, además de que el Estado, en su condición de patrono, les aporta mucho más dinero.
En la Corte, el aporte patronal es de un 14,36% del salario del empleado judicial. Ese monto casi triplica el 5,25% que pagan los patronos a los demás trabajadores cubiertos por el régimen del IVM.
Algo similar sucede en el Magisterio. El Estado aporta, en su calidad de patrono, un 6,75%. Ese régimen, además, permite a los cotizantes retirarse mucho más jóvenes, incluso a los 55 años, en comparación con los 65 que exige el IVM.
En la Asamblea Legislativa también avanza un proyecto de la diputada Yorleny León que pretende darle participación al Estado en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, que la administran únicamente funcionarios judiciales pese a que también se financia con fondos estatales.