Política

Gobierno tendría voz y voto en manejo de pensiones del Poder Judicial

Proyecto de ley de Yorleny León plantea que no solo la Corte y sus funcionarios manejen el fondo que, en este momento, constituye un riesgo para las finanzas públicas

Una propuesta de ley, que se encuentra en periodo de consultas en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, pretende darle participación al Estado en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, el cual tiene un hueco actuarial de ¢736.058 millones.

Actualmente, la Junta Administradora está conformada por tres miembros del colectivo judicial y tres funcionarios designados por la Corte Plena. Es decir, son los mismos empleados judiciales quienes toman las decisiones sobre sus pensiones.

De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa impulsada por la diputada Yorleny León, de Liberación Nacional (PLN), esos miembros podrían “verse en el potencial conflicto de condicionar sus decisiones para no dificultar su carrera profesional dentro del Poder Judicial”.

Así, para que exista un mayor equilibrio en las decisiones sobre este régimen especial, la legisladora propone que el Consejo de Gobierno nombre dos miembros adicionales a la Junta Administradora. De esa manera, el Fondo de Jubilaciones tendría una conformación tripartita: trabajadores, patrono y Estado.

Recientemente, en declaraciones a La Nación, la superintendente de Pensiones, Rocío Aguilar, catalogó déficits de los sistemas de pensiones del IVM y del Poder Judicial como el mayor riesgo fiscal para el Gobierno.

Al respecto, según la liberacionista Yorleny León, es urgente implementar mejoras en la gestión del fondo que, en caso de ser liquidado, podría generar un costo fiscal cercano al hueco actuarial. Además, de no tomar las medidas necesarias, el régimen se quedaría sin la capacidad de garantizar el pago de pensiones.

Agregó que la inclusión de dos representantes estatales también facilitaría el cuórum en las sesiones, debido a que “ha sido difícil siquiera conformar dicha junta administrativa desde que entró en vigor esta reforma (en 2018)”.

Protección familiar en caso de muerte

Adicionalmente, la iniciativa pretende recuperar el beneficio de la pensión para familiares de funcionarios judiciales fallecidos con al menos 10 años de servicio en la Corte. Esa protección, según expone el proyecto de ley, fue eliminada por omisión en la reforma implementada en el año 2018.

“Estos cambios en los requerimientos contemplan únicamente el derecho a pensión por sobrevivencia para los causahabientes de los trabajadores que, al momento de su fallecimiento, hayan cumplido los requisitos para una pensión por vejez, lo cual podría resultar sustancialmente disconforme con el derecho de la Constitución, ya que podría estar propiciando una desprotección de la seguridad social para todos aquellos causahabientes de los servidores judiciales que, habiendo contribuido al régimen, fallezcan sin cumplir los requisitos mencionados”, señala la propuesta.

Según se señala en la exposición de motivos “se estima que esta reforma no implica una afectación para la sostenibilidad financiero del régimen”.

El estudio actuarial, que encontró un hueco de ¢736.058 millones, no tomó en cuenta los requerimientos en años laborados que exige la legislación. Esto implica que la modelación se realizó bajo el supuesto de que todo trabajador del Poder Judicial, en caso de muerte, no requeriría un número determinado de años laborados en dicha institución para que sus familiares tuvieran acceso a la pensión.

Para reducir ese déficit, la más reciente Valuación Actuarial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, de marzo anterior, propuso limitar los aumentos anuales en el monto de la pensión de las personas hoy jubiladas y de todos los trabajadores que se retiren a futuro.

“Se recomienda valorar la aplicación de incrementos del 50% de inflación para los derechos futuros y en curso de pago, así como una disminución en la tasa de reemplazo para los derechos sucesorios”, señala el informe.

La pensión mensual promedio del Poder Judicial es de ¢1.561.365. El Estado aporta mensualmente el equivalente al 14,36% del salario del trabajador como aporte patronal, además de un 1,41% como aporte del Estado como tal.

Juan Diego Córdoba González

Juan Diego Córdoba González

Bachiller en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Estudiante de la Maestría en Comunicación y Mercadeo. Periodista de la mesa de Sociedad y Servicios de La Nación.