Los diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral concluyeron que el video conocido como “Salto al vacío” constituyó una donación no reportada que debe ser investigada por el Ministerio Público.
El clip, que surgió en redes sociales antes de la segunda ronda electoral del 2022, era una crítica al entonces candidato del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y actual mandatario, Rodrigo Chaves, con una alusión al suicidio. En aquel momento, Liberación Nacional (PLN) negó ser el autor y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no llegó reporte alguno de este material.
En la investigación legislativa, los diputados concluyeron que el exdirigente liberacionista y exmagistrado suplente, Moisés Fachler, pagó $9.875 a la sociedad El Drim Tim S. A., de los productores Eloy Mora y Karina Conejo, para la generación de un video.
Aunque Fachler dijo que el clip era para promover la venta de un inmueble, otra versión lo contradijo.
Según el informe, de las manifestaciones de Marcos Blanco, propietario de la agencia de publicidad La Tres S. A., se deriva que el dinero en realidad se usó para la producción del video “Salto al vacío”, cuyo guionista fue el publicista Giovanni Bulgarelli Rojas, director creativo de la campaña del excandidato liberacionista, José María Figueres Olsen.
En diciembre del 2022, Bulgarelli declaró a la comisión investigadora del Congreso que él entregó el video a Marcos Blanco, de La Tres, “empresa que brindó servicios de comunicación a la campaña del PLN”, explica el documento.
El informe determinó que, al no ser reportado al TSE como donación en especie, el video constituyó una acción que “en apariencia no se adecúa al ordenamiento jurídico”. El Código Electoral prohíbe y castiga las donaciones ocultas.
El informe, firmado por diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), consideró que el caso debe elevarse ante el Ministerio Público para que realice una investigación penal.
Vanesa Castro, integrante y secretaria de la comisión, aseveró que bajo su criterio, el pago del audiovisual no configuró una estructura paralela, pues se trató de una contratación aislada.
“Evidentemente fue contratado de manera irregular, no se reportó al TSE y existen en el expediente evidentes contradicciones, entre el señor Fachler y el señor Blanco y creo que son investigaciones que hay que profundizar. No me parece que sea una estructura paralela, creo que no se configura, pero no le quiero restar mérito y que se hagan las investigaciones correspondientes”, expresó la diputada.
Dinorah Barquero, presidenta del foro legislativo, explicó que quedó demostrado que la contratación irregular de ese video no fue propiciada por Liberación Nacional.
“Eso no es una conclusión más que existió ese video, que hay una situación de contradicción, pero queda demostrado que el video es parte de la contratación formal y oficial del partido. No es oficial del partido, en el otro caso ( la estructura paralela del partido del gobierno) todas son situaciones oficiales de una campaña que le dieron vuelta a los controles; esto es un particular que acepta esta situación”, aseveró Barquero.
Al momento de la votación, la legisladora Ada Acuña, del partido del gobierno, salió del foro, mientras que Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), no se presentó a la sesión.
El grupo de diputados consideró que, ante lo expresado por el TSE, el video constituyó una “una evidente propaganda político-electoral”.
El informe de 400 páginas también recomienda al TSE valorar la ampliación de hechos indagados en la Asamblea Legislativa, para que realicen la inclusión y análisis de las actas de la comisión investigadora.
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Este lunes 29 de enero, los legisladores de la comisión votaron el informe final de su investigación luego de un año y cuatro meses de sesiones donde se indagó el financiamiento de las campañas políticas de las elecciones presidenciales del 2022. Ahora, el documento pasará al plenario para su discusión y votación final.
La investigación también se enfocó en la campaña del presidente Rodrigo Chaves y el fideicomiso Costa Rica Prospera; sobre ese caso, los parlamentarios señalaron al actual mandatario como actor intelectual de un esquema de financiamiento ilegal para su campaña.