El fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se nutrió en el 2021 con ¢11.480 millones provenientes del 15% de las utilidades del Banco de Costa Rica (BCR), así como de otros ¢4.650 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS), equivalentes al 5% de sus ganancias del mismo periodo.
La aseguradora pública también depositó ¢33.000 millones al Ministerio de Hacienda, para cubrir cualquier tipo de gasto estatal, recursos equivalentes al 25% de sus excedentes. Además, aporta el 5% de sus utilidades al IVM y el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
En tanto, el BCR notificó haber repartido, en ese mismo año, otros ¢9.845 millones entre la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (Conape), el Sistema Nacional de Emergencias y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Todas esas contribuciones obligatorias están establecidas en leyes, de manera que siempre que estas empresas públicas reporten ganancias, deben transferir una porción fija de sus utilidades a diversas instituciones.
En el caso de la banca nacional (aplica tanto para el BCR y como para el Banco Nacional) la distribución es la siguiente: 15% para el IVM; 10% para Infocoop; 5% para Conape y 3% para la CNE.
En consecuencia, la posible venta del BCR y de un 49% de las acciones del INS, anunciada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, plantea un dilema sobre los aportes de esas instituciones dirigidos a financiar gastos o programas estatales.
¿Cómo se reemplazará la fuente de esos recursos si se venden los activos estatales? Este medio envió consultas al Ministerio de Hacienda, pero aún no se recibe respuesta.
De acuerdo con la afirmación del mandatario, los proyectos de ley de venta ya están listos y él mismo los está revisando. Sin embargo, las autoridades no han brindado ningún tipo de detalle, más que lo anunciado por el presidente en su informe de los primeros 100 días de gobierno, el martes anterior en el Centro Nacional de Cultura (Cenac).
Rendimientos del INS con participación privada
Distinto a Bicsa y al BCR, que se traspasarían totalmente a control de privado, el Gobierno plantea vender el 49% de las acciones del INS a organizaciones como las operadoras de pensiones, es decir, el Estado sería el propietario mayoritario de la empresa. En ese escenario, ¿qué sucedería con los aportes de la aseguradora pública a las arcas del Estado?
“Tenemos que ser conscientes de que nadie que va a comprar el 49% de las acciones se va a quedar tranquilo haciendo todo lo que le diga el resto”, manifestó Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA).
Sobre este tema, La Nación consultó a la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (Acop) si, en caso de adquirir acciones del INS, estarían dispuestos a que la aseguradora estatal continúe cediendo parte de sus réditos para las cargas parafiscales o solicitarían que ayuden a mejorar la rentabilidad de los fondos de pensiones”.
Danilo Ugalde, director ejecutivo de la Asociación, respondió: “La pregunta que formulan es muy precisa y para poder contestarla se requiere conocer la redacción del proyecto de ley.
“Las operadoras de pensiones procuran realizar las mejores inversiones, con seguridad y alta rentabilidad. Si una vez aprobada la ley que autoriza al Poder Ejecutivo vender el INS, resulta ser una inversión segura y rentable, como las inversiones que aseguramos siempre, entonces las operadoras entrarán en una competencia entre ellas para alcanzar la mejor inversión posible”.
Para Olman Segura, el Gobierno deberá identificar otra fuente para financiar los recursos que actualmente aportan el BCR y el INS al Estado. Una de esas alternativas, mencionó, es a través de impuestos.
“Definitivamente va a impactar a la sociedad. Por ejemplo, si se decide que tienen que ser más impuestos para cubrir esa suma, sería un golpe más al bolsillo de los costarricenses que están tan golpeados por las altas tasas de interés y la galopante inflación”, alegó el director de Cinpe.
Diputados demandan estudios
La diputada Melina Ajoy, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que “es fundamental conocer de dónde va a salir el faltante presupuestario para estas instituciones” que se benefician de las cargas parafiscales. La congresista socialcristiana demandó al Gobierno facilitar estudios de costo-beneficio de su propuesta.
“Propone vender los activos más rentables y se amortigua alrededor de un 6% de la deuda, pero se pierden instrumentos del desarrollo medular. Acá es fundamental hacer un análisis del costo beneficio. Las utilidades de los bancos estatales, solo en el primer semestre de 2022, sumaron más de ¢80.000 millones”, aseguró la legisladora.
En esa misma línea se pronunciaron los diputados Gilberth Jiménez y Antonio Ortega, de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), respectivamente.
“Es una propuesta totalmente irrazonable, una ocurrencia, una propuesta al calor de la situación, que no viene ni siquiera a permitir apaciguar ni mucho menos amortiguar la situación del país”, afirmó Jiménez.
Ortega cuestionó los intereses del Poder Ejecutivo en vender los activos estatales y defendió que esos negocios aportan importantes recursos para pensiones del IVM, atender desastres naturales u ofrecer préstamos con condiciones favorables para que estudiantes financien sus estudios.
Ventas pagarían 6,5% de la deuda
De acuerdo con las cifras iniciales compartidas por el Gobierno, la venta del BCR, del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y del 49% de las acciones del INS, generará alrededor de ¢1,8 billones, el equivalente al 6,5% de la deuda del país, que en el 2021 alcanzó los ¢28 billones, un 68,3% del producto interno bruto (PIB).
El dinero recaudado por la venta de esos activos será dirigido exclusivamente a atenuar la deuda, según dijo el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En criterio del economista Olman Segura, director del Centro Internacional de Política Económica (Cinpe), de la Universidad Nacional (UNA), lo recaudado sería muy bajo en comparación con los beneficios que perdería el Estado al ceder esos negocios.
“Tendríamos que ver cómo están planteando el proyecto de ley. Se adelantó que tendría una generación de ¢1,8 billones, pero la deuda es de más de ¢28 billones; por lo tanto, es realmente muy poco lo que aportaría eso”, aseveró.