El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) denunció una presunta estafa contra el Estado en la campaña del 2018, en la cual el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) cobró dos vallas publicitarias en San José que nunca existieron.

La agrupación incluyó el supuesto gasto en la liquidación de gastos y, posteriormente, el proveedor de las vallas obtuvo como pago ¢3,2 millones, provenientes de la deuda política destinada para esa contienda electoral.

Tras una investigación administrativa, el órgano electoral determinó que el Republicano lo “engañó” para obtener el reembolso de ese aparente gasto de producción y colocación de dos publitapias -una en Betania, en Montes de Oca, y otra en Coronado-.

Así consta en el informe IDI-DFPP-001-2021 que el TSE remitió a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), el 21 de mayo, y que forma parte del expediente judicial 21-000105-1218-PE.

En esa causa judicial se investiga un presunto delito de estafa y, de momento, se tramita contra ignorado, informó la oficina de prensa del Ministerio Público, ante una consulta de La Nación.

De acuerdo con la denuncia del Tribunal, el supuesto ilícito giró en torno a dos vallas publicitarias que, según el Republicano, se colocaron entre octubre del 2017 y enero del 2018 en los cantones de Montes de Oca y Coronado, para promocionar la entonces candidatura presidencial de Rodolfo Hernández.

En la documentación aportada al TSE, el partido consignó que la producción y colocación de dichas publitapias se la contrató al empresario Carlos Alberto Solís Zamora, quien obtuvo, por esos servicios, ¢3,2 millones, pagados por la Tesorería Nacional con fondos públicos provenientes de la contribución estatal para esas elecciones.

Sin embargo, tanto el Tribunal como un equipo de La Nación, en su momento, constataron que tales vallas nunca existieron.

Carlos Alberto Solís refuta los señalamientos del órgano electoral. Alega que las dos vallas sí se colocaron, pero que después fueron vandalizadas.

El Republicano, por su parte, afirma que la investigación de la Fiscalía “es un tema que no tiene que ver con el partido”.

Actualmente, Solís Zamora figura como integrante del Comité Ejecutivo Superior del PRSC, en el cargo de suplente del secretario general, según los registros públicos del TSE. No obstante, él confirmó que renunció al puesto hace algunos meses, pues dejó de compartir criterios con el partido.

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‘No habría tenido lugar’

Para realizar el cobro, la agrupación presentó al TSE fotografías donde aparecían las vallas con una imagen del Rodolfo Hernández y la frase “Sí podemos combatir la corrupción y luchar contra la pobreza”.

Las estructuras que muestran las fotografías son reales y están ubicadas en la vía pública. Pero, en los meses en los que supuestamente desplegaron la publicidad del excandidato presidencial, en realidad esas vallas estuvieron vacías, en blanco, por lo que se sospecha que podría tratarse de un montaje fotográfico.

“En la especie, y a grandes rasgos, el Estado costarricense habría sufrido un perjuicio patrimonial valorado en ¢3.196.800 como consecuencia del cobro de certificados, por la supuesta prestación de un servicio de producción y colocación de dos ‘publitapias’ que, en la práctica, no habría tenido lugar”, denunció el TSE ante la Fiscalía.

Para el delito de estafa que reporta el órgano electoral, por un monto inferior a ¢4,46 millones, el artículo 216 del Código Penal establece penas de entre dos meses y tres años de prisión.

Un recuento de los hechos

La denuncia del TSE agrega que fue Roberto Suñol, entonces jefe de campaña y candidato a la vicepresidencia y a una diputación por San José, por el PRSC, quien contactó a Carlos Solís para comprarle servicios publicitarios.

El acuerdo se formalizó el 4 de setiembre del 2017, con un contrato que fue firmado por el empresario Solís y el hoy diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano, quien para esa época era candidato a legislador y presidente de la agrupación.

Las partes pactaron la confección e instalación de 839 estructuras. Como pago, el partido le dio al empresario certificados de deuda política, por el equivalente a $210.000 (unos ¢128,5 millones).

Cuatro meses después, el 1.° de febrero del 2018, Solís Zamora emitió la factura N.° 104, a nombre del PRSC, por ¢9 millones. En el concepto, anotó “servicios de producción de publitapia y pauta publicitaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 y enero de 2018, en Montes de Oca (Betania) y Vásquez de Coronado (cercanías del Mall Don Pancho)”.

Pasada la elección, en su liquidación de gastos, el partido incluyó dicha factura, el contrato, y unas fotografías que mostraban las supuestas vallas contratadas.

Posteriormente, el 31 de enero del 2019, el TSE le aprobó al Republicano el giro de ¢852,9 millones de contribución estatal.

La denuncia del Tribunal indica que, de ese dinero, la Tesorería Nacional le entregó a Solís Zamora ¢65,3 millones, de los cuales, ¢3,2 millones corresponden al pago de la factura N. °104.

Sin embargo, después, por medio de entrevistas, documentos e inspecciones en sitio, el Tribunal constató que las dos vallas del doctor Hernández nunca existieron, y que las imágenes presentadas por el partido en la liquidación habrían sido montajes digitales.

“Las particularidades observadas en el caso investigado, según se ha adelantado, configuran —bajo la lectura preliminar de este órgano técnico— un posible delito de estafa menor en perjuicio del Estado”, dice la denuncia.

“La situación investigada, podría reunir los elementos de tipicidad indicados, por cuanto del expediente administrativo seguido se presume la existencia de: a) un engaño -sea la posible simulación de un gasto sujeto a liquidación-“, añade el documento de 61 páginas.

En sede judicial

Ante los hechos denunciados e investigados por la Fiscalía, Javier Gamboa, secretario general del Partido Republicano, insistió que no se le puede achacar a la agrupación un ardid para estafar al Estado. Alega que las vallas en las que se detectaron las irregularidades son pocas en comparación con todas las que se contrataron.

Añadió que la conclusión del Tribunal, sobre la aparente simulación de gastos, no puede darse por comprobada hasta que un tribunal así lo decida, pero que, en todo caso, no considera que esta controversia sea problema del partido, sino del proveedor.

“Habrá que demostrar en sede judicial si esas vallas existieron o no, y si cabe alguna responsabilidad para el partido.

“Si es que somos parte del tema, nosotros haremos el descargo correspondiente porque no tenemos, desde mi punto de vista, vela en ese entierro. Nosotros lo que hicimos fue trasladarle al Tribunal la documentación que nos entregó el proveedor”, argumentó Gamboa.

‘Más bien me quedaron debiendo’

Consultado al respecto, Solís Zamora descartó haber cometido un ilícito. Alegó que las dos vallas sí se colocaron, pero fueron vandalizadas el mismo día de la instalación, y que él no tenía presupuesto para reemplazarlas.

La misma explicación se la dio al TSE, el cual rechazó tal argumento, pues, supuestamente, el proveedor no presentó pruebas que respaldaran su versión, ni entregó fotografías reales que probaran la colocación de la publicidad.

“Por el contrario, sí constan declaraciones de vecinos de la zona que descartaron la presencia de actos vandálicos”, anotó el órgano electoral.

El empresario dijo que a él, más bien, el Estado le quedó debiendo dinero, pues en sus reportes al Tribunal, el PRSC dejó por fuera una parte de los bonos que le había entregado como pago por sus servicios.

Solís Zamora sostiene que los bonos que quedó sin poder cobrar equivalían a ¢26 millones.

“Desde ese punto de vista, técnicamente, si me están acusando de que cobré de más y que hay dudas con ¢3 millones, le puedo decir que más bien me quedaron debiendo”, reiteró el empresario.