Tres exdiputados del periodo legislativo 2014-2018 confirmaron, este martes, haber sostenido reuniones con dos hombres que, este año, aparecieron como investigados en una causa por presunto narcotráfico y lavado de dinero.
Uno de los visitantes, de nombre Robert Soto Rivera, fue detenido el 25 de mayo. El otro, llamado Luis Guillermo Cartín Herrera, falleció el día 6 del mismo mes.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sospecha que ellos formaban parte de la banda Turesky, que habría comprado mansiones y vehículos de lujo por $20 millones, así como un motel en Alajuela, con dinero producto del tráfico de cocaína.
Los archivos de Seguridad de la Asamblea Legislativa registraron más de 30 visitas de estas dos personas, así como de otro detenido llamado Alejandro Cartín Ramírez, a oficinas de seis legisladores actuales y siete del periodo anterior.
Este martes, ante la comisión especial del Congreso que investiga la infiltración del narcotráfico, los exdiputados Gerardo Vargas Rojas y Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); y Olivier Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), confirmaron haber recibido a los sujetos.
Los tres exlegisladores alegaron que las visitas obedecían a la presentación de proyectos. Los excongresistas del PUSC confirmaron que se trataba de planes de vivienda social, mientras que el liberacionista no lo especificó.
El socialcristiano Gerardo Vargas Rojas declaró que Luis Cartín Herrera llegó a su oficina con vecinos de Ciudad Neily, del cantón de Corredores, Puntarenas.
Adujo que se le presentaron como una asociación de vivienda y que, durante la cita, le enseñaron los planos y le dijeron que la finca para el proyecto tenía un problema pequeño.
Gerardo Vargas agregó que terceras personas le dijeron que Cartín era “un poco fuerte de carácter, que se ponía a pelear mucho y que había incluso llegado al irrespeto” en sus gestiones por el proyecto.
“Estuve averiguando para ver si el impedimento se podía solucionar, pero por más que traté de averiguar, el impedimento era por un tema de emergencia, que se podían dar inundaciones y, en lugar de beneficiar a la gente, se le iba a terminar afectando. No era tan fácil como Cartín decía”, indicó.
El exdiputado del PUSC contó que algunos vecinos le dijeron, luego, que Cartín había quedado supuestamente molesto con él y que había dicho que el congresista “era un inútil”.
Dijo no recordar a quién llamó para averiguar sobre el tema, pero hizo énfasis en que le dijeron que no se le podía ayudar. “Cartín decía que era culpa mía, por inútil”, indicó.
“¿Cómo iba yo a adivinar que el señor Cartín se iba a meter, o iba a ser investigado, seis años después o no sé cuánto, por esos temas?”, adujo Vargas en relación con la investigación judicial.
El exdiputado confirmó que él también conocía a Robert Soto y arguyó que, posteriormente, supo que este último y Cartín eran socios.
Por otra parte, sostuvo no recordar visitas de Soto, quien actualmente está en prisión preventiva.
“Lo cierto es que yo había visto a Soto antes de ser diputado, porque él trabajaba con la arrocera El Porvenir. Mi familia ha sido arrocera y uno de mis tíos me pidió que fuera a cobrarle una deuda a esa arrocera. Tiempo después, se acercó a mí para hablar de proyectos de vivienda y problemas sobre el tema del arroz”, apuntó.
El actual diputado del PUSC, Óscar Cascante, a quien la Fiscalía investiga por presuntas gestiones ante instituciones en favor de los investigados en el caso Turesky, declaró en mayo que su contacto inicial con estas personas se produjo en la campaña electoral del 2018, a través de la Asociación de Vivienda de Corredores y por medio del exdiputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas, quien con anterioridad también hacía gestiones en favor del proyecto habitacional en ese cantón.
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Este martes, Gerardo Vargas apuntó que no sabía si, en la primera visita que Cartín hizo a su oficina, en el 2014, también había ido Robert Soto.
“Cuando los atendí, lo hice de buena fe, relacionado con el tema de la vivienda y el arroz, en algunas ocasiones. A partir de eso, no tengo nada más que decir”, adujo.
Alegó que, en una de las ocasiones, el 13 de febrero del 2017, él tenía que haber estado en el plenario en sesión y que en la otra visita, el 17 de enero de ese mismo año, podría haber estado en una comisión.
Por su parte, el excongresista Johnny Leiva, quien era diputado del PUSC por Guanacaste, comentó que Cartín llegó junto con varias personas de Liberia, su cantón, que serían beneficiarios en otro proyecto habitacional.
“Fue por medio de ellos que se canalizó esa reunión. Yo atendía a grupos organizados sobre diferentes temas”, refirió Leiva, quien recibió al sospechoso en dos ocasiones, el 16 de setiembre y el 25 de noviembre, ambos del 2014, según archivos de la Asamblea.
En el caso de Robert Soto, visitó a ese congresista el 26 de abril del 2016. El socialcristiano dijo que esa reunión se debió a que Soto era, por aquel entonces, dirigente de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).
“Yo lo conocí en relación con temas de la Corporación. Yo era parte de la Comisión de Agropecuarios de la Asamblea. Abrí un espacio para recibirlo a él, junto con otras personas de Conarroz. Es lo que tengo que decir sobre esas visitas”, indicó.
En cuanto al liberacionista Olivier Jiménez, este recordó la cita en que conoció a Cartín Herrera así: “Yo estaba en mi oficina. Él llegó y me pidió que habláramos de unos planos, los sacó, me los enseñó y los arrolló de nuevo. No duró mucho”.
Aseguró que el hombre le dijo que lo llamaría de nuevo y él esperó esa comunicación, pero nunca supo nada más de él.
“Si eso es a lo que vengo, es todo lo que puedo decirles de este señor”, aseveró. De acuerdo con los registros, la visita de Cartín a Jiménez ocurrió el 11 de marzo del 2015. En su caso, no hay registros de que Roberto Soto también lo haya visitado.
Otros niegan visita
En tanto, Natalia Díaz Quintana, quien fue congresista por el Movimiento Libertario, y los socialcristianos William Alvarado y Humberto Vargas Corrales, negaron absolutamente haber recibido a los sospechosos, pese a las visitas anotadas en los registros del departamento de Seguridad del Congreso.
Es más, ellos criticaron presuntas fallas en ese sistema de registro.
“A ninguno de los señores conozco. He consultado con la gente que trabajó conmigo en el despacho, ninguno conoce a esas personas”, afirmó Humberto Vargas.