La Sala IV ordenó a la Presidencia de la República entregar al diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), la información completa sobre la contratación de $405.000 que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) adjudicó a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Los magistrados confirmaron que Zapote no respondió una solicitud planteada por el legislador, en setiembre pasado, de conformidad con el derecho fundamental al libre acceso a la información pública.
El contrato fue una donación del BCIE al Gobierno de Costa Rica. El año pasado, este negocio levantó fuertes críticas porque Bulgarelli participó en la elaboración de los términos de referencia del contrato que Presidencia envió al banco y, luego, participó en el concurso internacional y resultó adjudicado.
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La sentencia de la Sala IV indica que el gobierno del presidente Rodrigo Chaves incumplió su obligación de atender adecuadamente la solicitud de información realizada por Robles.
Los magistrados ordenaron a Gabriel Arturo Aguilar Vargas, director de despacho del presidente Chaves, entregar lo solicitado por el frenteamplista en un plazo de diez días, contado a partir de la notificación de la sentencia.
“La Sala Constitucional constató que se había brindado al amparado una respuesta general a su gestión, pero que no atendía puntualmente los temas planteados por él. La Sala determinó que, en las solicitudes de información de los ciudadanos, los extremos que ellos consulten deben ser atendidos por parte de la Administración de forma precisa”, indicó el Tribunal.
Entre los datos que el gobierno deberá entregar, están la propuesta de contratación pagada con fondos del BCIE, así como los contratos celebrados por la empresa RMC La Productora S.A (Nocaut) con la entidad financiera regional.
Asimismo, la Sala solicitó aclarar si el dinero concerniente a la contratación ingresó a las arcas del Estado y, de ser así, brindar al diputado la información requerida.
Los altos jueces también instruyeron a Presidencia a revelar los nombres de los funcionarios que llevaron a cabo la propuesta de contratación por parte del gobierno.
El diputado Robles presentó el recurso de amparo porque el gobierno y el BCIE se negaron entregarle información sobre la licitación.
Los magistrados consideraron razonable que al recurrente no se le suministrara la información cubierta por la confidencialidad que protege al BCIE, toda vez que, por normas de derecho internacional, esa entidad goza de inmunidad e inviolabilidad. Sin embargo, aclararon que dicha justificación solo es válida con relación a la información cubierta por la confidencialidad del BCIE, no para los demás datos públicos en manos del gobierno.
Robles indicó que celebra que se haya constatado la violación al derecho de acceso a la información por parte de la Presidencia. Calificó la sentencia de buena noticia para el ejercicio del control político.
“Para nosotros era muy importante obtener esa información que nos fue negada por Casa Presidencial, que inicialmente dijo que la tenía el BCIE y después el banco dijo que la tenía Casa Presidencial, lo que nos llevó a presentar un recurso de amparo; hoy nos dan la razón, esa información es completamente pública en cuanto a todo lo que se maneje desde el Gobierno de la República.
“Consideramos que es fundamental que esa información se brinde con el objetivo de que exista transparencia sobre lo que sea manejado con el BCIE, pero que además nos indiquen la responsabilidad de todo el manejo de esos fondos”, aseveró el legislador.