La Sala Constitucional ordenó a la Fuerza Pública mantener el orden en el Colegio de Abogados, ante la intención de un grupo de agremiados de ratificarse como junta directiva ad hoc del órgano máximo del gremio.
Asimismo, giró una medida cautelar en la que ordena a una docena de abogados (incluidos los miembros de la directiva nombrada ad hoc) "no perturbar ni obstaculizar, de forma alguna, el normal ejercicio de las labores de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, electa en asamblea del 5 de diciembre de 2015".
"Se ordena a la Delegación Policial de Zapote – San Francisco del Ministerio de Seguridad Pública colaborar en el cumplimiento de lo aquí ordenado", agrega el tribunal constitucional.
Si los aludidos desobedecen dicha medida, se exponen a una pena de tres meses a dos años de prisión, o bien al pago de una sanción que va de 20 a 60 días multa (de ¢282.000 a ¢846.000).
La orden recayó directamente sobre el grupo de abogados que participó en los actos que llevaron a constituir una junta directiva ad hoc o provisional el jueves 18 de agosto, al calor de una discusión sobre un fondo de pensiones.
En el fallo, señalado en la sentencia 2016-11961, de las 9 a. m. de hoy, se ordena no intervenir en la junta del Colegio a los siguientes agremiados:
Wilbert Arroyo Álvarez
Carola Suárez Zúñiga
Eugenio Jiménez Hernández
Gregory Kearney Lawson
Herman Mora Vargas
Jorge Valverde Segura
José Guillermo Guevara Solano
José Manuel Venegas Rojas
Maritza Bustamante Venegas
Maritza Carranza Jiménez
Rosa María Masís Martínez
Sara Montero Carrillo
El grupo, o parte de este, pretendía tomar la principal sala de sesiones del Colegio este miércoles, para entrar en funciones como directiva.
El pleito de los timbres y la pensión
Según el presidente del Colegio de Abogados, Froylán Alvarado, el jueves el auditorio de la institución fue escenario de un zafarrancho que impidió que se llevara a cabo una asamblea general extraordinaria, en la que se iba a discutir una propuesta para crear un fondo de pensiones para los agremiados.
Esa noche, aseguró, la junta directiva se aprestaba a presentar el plan para implementar un fondo de jubilación a raíz de una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del año 2013.
Ante una demanda del abogado León Montoya Hernández, el Tribunal ordenó crear un fondo de pensiones con el dinero del timbre del Colegio de Abogados, que se le cobra a los usuarios de los servicios legales, tal como lo señala una ley de 1953. En 63 años, ninguna de las directivas creó el sistema de retiro.
Según Alvarado, apenas iniciada la sesión, un grupo de abogados subió al podio donde se instaló la mesa principal y lo increparon y amenazaron.
LEA: Disputa por jubilaciones del Colegio de Abogados continuará, pero en los juzgados
Ante lo que consideró como una amenaza contra su integridad y la del resto de miembros de la junta, Alvarado suspendió la sesión y, junto con los demás miembros de la directiva, se retiró del salón.
Según Froylán Alvarado, a pesar de que tanto el aire acondicionado como el sistema de sonido habían sido desconectados, los líderes del grupo tomaron la mesa, dieron por abierta una sesión extraordinaria, nombraron a un abogado presidente de la Asamblea y juramentaron una junta directiva provisional que, en el acto, destituyó a la que estaba nombrada.
Dicha junta ad hoc convocó a conferencia de prensa el pasado lunes, y anunció que, este miércoles, tomaría el control de la sala de sesiones del Colegio de Abogados. Así lo ratificó la vicepresidenta de esa junta, Maritza Carranza.
Sin embargo, tras conocer el fallo de la Sala IV, no se presentaron a reclamar su silla en la sala de sesiones.
La abogada Rosa María Masís Martínez, vocal de la junta directiva ad hoc, dijo que elevarán el caso ante el tribunal contencioso, que de hecho ya tiene un expediente sobre este mismo caso.
"Lo tomo muy tranquila, lo hemos estudiado preliminarmente y parece que la Sala se ha dejado inducir a error, porque en primer lugar no son ciertos los hechos. Yo nunca estuve en el momento del acto de lo que ellos llaman zafarrancho, cuando yo llegué ya se había marchado don Froylán. Está más que acreditado que quienes firman el recurso ante la Sala, la mayoría son empleados administrativos, eso es muy cuestionable", declaró.
Respecto de su futuro como junta directiva, Masís dijo que es "optimista", y aseveró que la junta directiva ad hoc, como órgano legal, no está siendo cuestionada por la Sala IV, a pesar de que sus miembros, como personas físicas, fueron advertidos por la Sala de que no deben impedir el trabajo de la junta directiva electa en el 2015.
Masís aseveró que estudian presentar un habeas corpus ante la misma Sala, para que les permitan trabajar como junta directiva y desplazar formalmente a la anterior.
"El Colegio no nos puede impedir el acto de posesión", dijo.
Respecto al por qué no tomaron la directiva del Colegio como lo habían anunciado, la abogada dijo: "Nosotros estábamos esperando la resolución de la Sala y estamos llevando las cosas con calma. Tenemos mucha reglamentación y la ley a nuestro favor. En su momento, daremos nuestros argumentos de derecho y la opinión pública se va a dar cuenta cómo está la situación jurídica con todo esto que se ha dado con el Colegio de Abogados".
"La Sala IV se cuida, porque recordemos, nos extraña mucho que la Sala IV le haya dado curso a una acción que es materia contenciosa", agregó Masís, al señalar que en el fallo hay un voto salvado del presidente del órgano Constitucional, Ernesto Jinesta y de su compañero magistrado Fernando Castillo.