Esta semana, hubo movimientos importantes en siete proyectos de ley en la Asamblea Legislativa. Le saluda Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de La Nación:
Fallo de Sala IV sobre amnistía con cargas sociales
La Sala IV resolvió la consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley que perdonaría a los trabajadores independientes la totalidad de las deudas con la CCSS y a los patronos los intereses, las multas y las sanciones.
Según dictó el Tribunal, no es posible perdonar el monto principal de las deudas, es decir, las cargas sociales no pagadas que originaron las deudas.
En consecuencia, el plan solo podría perdonar intereses, sanciones y multas a los trabajadores independientes, al igual que a los patronos.
La Sala IV explicó que perdonar el principal de las deudas iría en contra del artículo 73 de la Constitución, el cual establece los seguros sociales en beneficio de los trabajadores “regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a estos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine”.
Este numeral agrega que los fondos y las reservas de los seguros sociales “no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación”.
Queda en manos de los diputados decidir si adaptan el proyecto al fallo, dejando con vida el perdón de intereses, sanciones y multas para los deudores de la CCSS. Más de 117.000 trabajadores independientes están en esa condición.
El diputado proponente, Pedro Muñoz, celebró que la Sala IV considerara constitucional condonar las deudas por multas, intereses y sanciones. Además, sostiene que a los trabajadores independientes que se aseguren no se les harán cobros retroactivos, en caso de que el plan avance.
Este proyecto también les perdonaría a los patronos el principal, intereses y multas de los aportes adeudados al Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular. Al respecto, Muñoz destacó que no hubo objeción.
Empleo público
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó un texto sustitutivo de reforma al empleo público, para adaptar el proyecto al voto de la Sala IV.
En la nueva versión, quedan fuera de la rectoría del Ministerio de Planificación los poderes y las instituciones con autonomía: el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades.
Eso no significa que estas instituciones no tendrán que aplicar la ley, sino que tendrán que migrar al esquema salario global por sí mismas siguiendo los principios rectores, como la disponibilidad de fondos públicos, y estableciendo sus propias columnas salariales. Así, todo el sector público abandonará el sistema de pluses salariales.
Al Ministerio de Planificación, como ente rector del empleo público, le corresponderá definir la columna salarial para funcionarios de ministerios, instituciones autónomas grado 1, como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y puestos comunes en todo el Estado, incluso en el Poder Judicial, el TSE, las universidades, la CCSS y las municipalidades.
Las jerarquías de estas entidades deberán definir quiénes son personal indispensable para desarrollar su labor y cuáles pueden ser puestos comunes.
Las columnas salariales elaboradas por los entes independientes aplicarían para sus categorías exclusivas como jueces, fiscales, magistrados electorales, alcaldes o vicealcaldes, por mencionar algunos ejemplos.
Ahora, el plan fue enviado al plenario de la Asamblea Legislativa, en donde será sometido de nuevo a primer debate y a consultas de instituciones.
Sale Recope, entra el ICE
En la Comisión de Ambiente, los diputados aprobaron un texto sustitutivo para el proyecto que prohibiría la exploración y explotación de petróleo y gas natural en Costa Rica.
Con la nueva versión, los legisladores eliminaron el polémico artículo que permitiría a Recope incursionar en el mercado de energías limpias y cargar el costo de esta incursión a los consumidores, en los precios de la gasolina y el diésel.
Sin embargo, a instancias del PLN, la comisión incluyó un artículo que, en vez de Recope, metería al ICE en el negocio de los combustibles alternativos.
El nuevo texto mantiene la prohibición tanto la actividad petrolera como la de gas natural, pese a que partidos como el PUSC y Restauración se oponen a impedir la exploración de gas natural.
Conavi, el principal sacrificado en presupuesto 2022
Con el voto unánime de 11 diputados, la Comisión de Hacendarios dictaminó el Presupuesto Nacional del 2022 por más de ¢11,5 billones.
En el proceso de ajuste en el Congreso, el mayor recorte recayó sobre el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), de manera que el próximo gobierno encontrará a esta institución con recursos mermados para atender la red vial nacional.
El presupuesto del Conavi bajó de ¢181.000 millones a ¢160.000 millones, lo que implica una reducción de más del 11%, para subir las transferencias en favor de las municipalidades.
El segundo mayor ajuste en el Presupuesto provino de una moción que redujo en ¢16.000 millones las partidas de viáticos, capacitación, consultorías, papelería o mantenimiento de equipos de 18 instituciones, para trasladarlos al Fondo de Subsidios para la Vivienda.
Esta propuesta, planteada por Gustavo Viales, del PLN, aumentó la inversión de capital y rebajó el gasto corriente.
Por otra parte, los diputados de Hacendarios rechazaron un paquete adicional de ¢80.000 millones solicitados a última hora por el Gobierno para gasto social, como la Red de Cuido, pensiones de personas en condiciones de pobreza y becas avancemos. Dichos recursos, de acuerdo con informes técnicos, habrían roto el límite del crecimiento del gasto de 1,96%, impuesto por la regla fiscal.
Rebaja del marchamo
Con 35 votos a favor y siete en contra, el plenario aprobó una rebaja para el marchamo del 2022. El descuento se aplicaría sobre el impuesto a la propiedad para los autos de menos de ¢15 millones. El descuento oscilará entre el 9% y el 45%.
Además, el plan abre la posibilidad de condonar más de un millón de marchamos atrasados, siempre que los deudores paguen el marchamo del 2022 antes del 1.° de enero.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, llamó a los diputados a reconsiderar y votar en contra en segundo debate, al argumentar que el plan abrirá un hueco de ¢30.000 millones en las finanzas públicas. Si los diputados continúan adelante, el presidente Carlos Alvarado tendrá que decidir si aprueba o veta la rebaja.
Los carros de carga liviana tendrán un descuento adicional del 20% en comparación con los particulares.
Legalización del cannabis
El plenario legislativo aprobó en primer debate, con 33 votos a favor y 13 en contra, el proyecto de ley que legaliza la producción, industrialización y comercialización del cannabis medicinal y del cáñamo con fines industriales.
El plan se centra en autorizar la producción de las plantas de cannabis, tanto las que tienen alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC), para uso medicinal y terapéutico, como las que tienen bajo THC, como el cáñamo, de múltiples usos industriales.
Para la producción de ambas plantas y sus derivados, los productores tendrán que registrarse ante el Estado. El Ministerio de Agricultura (MAG) tendrá a su cargo la regulación del mercado del cáñamo y el de Salud, el del cannabis para uso medicinal y terapéutico.
En la iniciativa, se autoriza la venta de materia prima de cannabis medicinal a la CCSS, así como a laboratorios autorizados para el desarrollo de los medicamentos necesarios.
No obstante, diez diputados frenaron la aprobación del proyecto en segundo debate mediante la presentación de una consulta de constitucionalidad a la Sala IV.
Ley de Aduanas permitiría cerrar negocios
En la Comisión de Hacendarios, fue dictaminado el proyecto de reforma a la Ley de Aduanas, la cual permitiría a la Dirección General de Aduanas cerrar por 15 días naturales los negocios que mantengan inventarios de mercancías para venta, distribución o comercialización, sin contar con los documentos aduaneros de respaldo.
La multa para esas empresas sería equivalente al valor aduanero de dichas mercancías, siempre y cuando el acto no constituya un delito de contrabando.
Debido a que al proyecto se le expiró su plazo de 120 días en la comisión, y entró a lo que se conoce como “la guillotina legislativa”, los congresistas no pudieron discutir ni la moción del texto sustitutivo ni el dictamen del proyecto. Únicamente procedieron a votar, como lo establece el artículo 80 del reglamento parlamentario.
El plan pasa a revisión del plenario, en donde todos los diputados tendrán dos oportunidades para presentar mociones de cambio antes del primer debate.