El presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomendó personalmente al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) efectuar una contratación millonaria al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para que se encargue del manejo de su publicidad, sin concurso público.
Así lo dio a conocer el medio digital Crhoy.com este martes, con base en actas de la Junta Directiva del AyA.
En el acta ordinaria 004-2023, del 7 de febrero del 2023, la directora de Comunicación de esa institución, Angie Ortega, manifestó que la contratación por ¢2.313 millones se produjo a partir de una recomendación de la Presidencia de la República.
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Además, una integrante de la Junta Directiva, la doctora Beverly Hernández, manifestó que “lo que cambió no fue la aprobación del presupuesto, como lo dicen las compañeras, eso fue aprobado por nosotros; lo que cambió es el tema del proveedor, que el presidente de la República, el señor Rodrigo Chaves, hace la recomendación”.
La recomendación se la habría dado Chaves a Roberto Guzmán, quien fungió como presidente ejecutivo del AyA hasta el 1.º de febrero, fecha en que presentó su renuncia. En lugar de Guzmán, asumió el cargo Alejandro Guillén, quien era el viceministro de Infraestrutura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
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Durante este gobierno, también han contratado a la agencia del Sinart el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
El ICE gestó la contratación en menos de un día y la JPS lo hizo contra sus criterios técnicos internos.
Lo sucedido en el AyA
A mediados de abril, La Nación dio a conocer que el AyA utilizó un estudio de mercado de una página y un párrafo para otorgar el contrato millonario al Sinart, de forma directa y sin concurso, en vez de realizar una licitación pública con agencias de publicidad para obtener la mejor oferta.
La contratación es por ¢578 millones anuales, a partir del 2023 y hasta el 2026, para un total de ¢2.313 millones por el cuatrienio.
El monto anual se reparte de la siguiente manera:
- Plan de medios (publicidad): ¢544 millones
- Monitoreo de redes sociales: ¢6 millones
- Spots: ¢20,2 millones
- Cuñas: ¢8 millones
La Ley General de Contratación Pública estableció reglas claras para permitir los contratos directos entre instituciones estatales, en busca de una sana competencia.
Por ejemplo, la norma exige demostrar técnicamente por qué se escogió a un proveedor estatal por encima de otros oferentes, así como realizar un sondeo o estudio de mercado y consultar agentes públicos y privados en “los mismos términos y plazos”.
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No obstante, ninguna de esas consultas figura en el expediente de esta contratación del AyA en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
El AyA había respondido a La Nación que había enviado correos a tres agencias de publicidad para sondear el servicio de colocación de pauta (Arweb, Izalcorp Agencia de Marketing y Teach Digital) y a dos proveedores privados para la producción audiovisual (Nosotros Films S. A. y Cucumelo Films).
A todos se les invitó a enviar su oferta el 19 de diciembre y el estudio de mercado quedó listo 48 horas después, el 21 diciembre.
De los cinco proveedores privados, solo tres enviaron su cotización: Nosotros Films para la producción audiovisual; y Arweb, y Teach Digital, para la colocación de pauta. Esas firmas son las que aparecen en el estudio de mercado de una página realizado por el AyA.
El estudio lo realizó una funcionaria de la Dirección de Comunicación del AyA, el 21 de diciembre del año pasado. Un día después, la directora de esa dependencia, Angie Ortega, aprobó la contratación y, tres semanas más tarde, la agencia de publicidad del Sinart presentó su oferta formal.
Dirección jurídica pidió anular proceso
El 17 de enero, la Dirección Jurídica del AyA recomendó “declarar desierto el concurso” por contener una serie de yerros.
Encontró que, en el pliego de condiciones, no se indicaban “de manera expresa los estudios a los que se someterán las ofertas para determinar su elegibilidad”.
Agregó que se iba a utilizar una legislación errónea en cuanto al reajuste de precios y un eventual finiquito del contrato, y que había anomalías en las declaraciones juradas que aportó el Sinart.
No obstante, siete días después de ese criterio, la Dirección Jurídica lo revirtió por “el principio de eficacia y eficiencia”.
Dos semanas después, la Junta Directiva otorgó el visto bueno previa aprobación de la Dirección de Proveeduría.
Los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos llamaron a comparecer al presidente ejecutivo del Sinart, Fernando Sandí, quien ejerce ese cargo desde el 2 de marzo, luego de la renuncia de Allan Trigueros.