La Contraloría General de la República advirtió a los diputados de que el proyecto para rebajar el marchamo del 2022 constituye un riesgo para la recuperación de los ingresos públicos.
De acuerdo con el ente contralor, en este momento el panorama es favorable para que los ingresos públicos repunten el próximo año. En el mejor de los casos, la recaudación podría alcanzar hasta un 14% del producto interno bruto (PIB), un nivel cercano al de los mejores años de este siglo en recaudación.
Sin embargo, existen amenazas que podrían disminuir los ingresos y una de estas es el proyecto impulsado por algunos diputados para reducir hasta en un 50% el impuesto sobre la propiedad de vehículos, el cual se cobra en el marchamo.
Según un informe publicado por la CGR, este 10 de setiembre, también constituye un riesgo la implementación de nuevas restricciones sanitarias.
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“Respecto a las iniciativas que implican una reducción en los ingresos del Presupuesto Nacional, es importante no solo tener en consideración que ese faltante de recursos deberá atenderse con mayores necesidades de financiamiento o con ajustes por el lado del gasto, sino que se debe analizar su impacto global e integral”, dice el documento.
En el caso del marchamo, el Ministerio de Hacienda le indicó a la CGR que la rebaja aprobada el año pasado, para el marchamo del 2021, significó una pérdida para el erario público de 0,16% del PIB, cerca de ¢60.000 millones.
Además de estos riesgos, existen otras amenazas que podrían mermar las estimaciones esperadas para el próximo año, como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del sector turismo.
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No obstante, existe la posibilidad de que otras iniciativas tramitadas por el Legislativo sean positivas para mejorar la situación fiscal, las cuales están relacionadas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Actualmente, se encuentran para discusión y aprobación cinco proyectos de ley que forman parte del Acuerdo con el FMI que buscan aumentar la recaudación”, precisó Contraloría.
Estos cinco proyectos son el impuesto al salario escolar, el impuesto a las casas de lujo, la renta global, el impuesto a los juegos de lotería y azar, así como el impuesto a excedentes, ahorros, seguros, remesas.
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