Los diputados Pedro Muñoz y Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), plantean ampliar la lista de servicios esenciales en los que los empleados públicos tendrán prohibido irse a huelga.

Mociones presentadas por ambos legisladores al plan de regulación de huelgas incluirían dentro de esa categoría el almacenamiento de combustible, la recolección de residuos, distintas áreas del Poder Judicial e inclusive la educación universitaria.

Así lo confirmó La Nación, luego de revisar las primeras 50 mociones que se presentaron para modificar el proyecto.

Según informó la Secretaría del Directorio, en total fueron enviadas 222 mociones, las cuales se empezarán a discutir este lunes en la comisión especial que tramita la iniciativa.

Varias de las propuestas de los socialcristianos modifican el artículo 376 del plan. Allí se agrupan, divididos en 10 categorías, los servicios en los que los trabajadores no pueden irse a huelga, por el riesgo a la vida, la salud y la seguridad que su suspensión podría causar.

La propuesta, tal cual quedó dictaminada en comisión, dice que serán esenciales “los servicios indispensables para la importación, transporte, distribución y suministro de combustible, la atención de averías que afecten los servicios descritos y el suministro en plantel a comercializadores o consumidores finales”, siempre que los mismos se presten en régimen de monopolio.

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A tal disposición, Masís propone agregarle también el servicio de almacenamiento de combustible.

Muñoz va más allá, y pide que se elimine el requisito de que el servicio se preste en régimen de monopolio para ser considerado esencial.

El subjefe de fracción de la Unidad también considera que deben ser declarados esenciales todos los servicios educativos.

De momento, el proyecto cataloga la enseñanza como un servicio estratégico y, por lo tanto, la huelga podría realizarse por un máximo de 21 días naturales consecutivos, o 10 discontinuos, previo a la aprobación de un plan de servicios mínimos que garantice aseo y seguridad en los centros educativos.

Si las propuestas de Muñoz prosperan, la educación se convertirá en un servicio esencial y entonces se cerrará la posibilidad de que los maestros puedan irse a huelga. La prohibición abarcaría los niveles de preescolar, escuela, colegio e incluso universidad.

Muñoz también propone ampliar la lista de servicios judiciales que no podrían ser interrumpidos por una huelga.

Por ahora, la prohibición solo contempla a los juzgados de Trabajo, así como los servicios necesarios para realizar autopsias y entregar los cuerpos.

El socialcristiano pretende agregar a todos los que atiendan casos relacionados con derechos fundamentales, derecho de familia, pensiones alimentarias, violencia intrafamiliar, contravenciones y flagrancia.

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Otras mociones de Masís y Muñoz agregarían a la lista de servicios esenciales los de aseo, higiene, recolección de residuos y alumbrado público; así como todas las modalidades de atención de pasajeros en aeropuertos, aduanas, puertos y puestos fronterizos.

En la versión vigente del proyecto de ley, solo los controladores aéreos y migratorios son considerados funcionarios esenciales. Lo relacionado con aduanas, equipaje, así como recolección de desechos, se considera trascendental, por lo que también ahí podrían realizarse huelgas.

Republicano, fabricistas y liberacionista eliminarían prohibición en servicios esenciales

La diputada Paola Valladares, del Partido Liberación Nacional (PLN), se separa del criterio de su fracción y, en lugar de apoyar el texto dictaminado en comisión, presentó propuestas para reducir el número de servicios esenciales en los que las huelgas quedan prohibidas.

Sus mociones, específicamente, aluden a los servicios de salud.

La versión vigente del proyecto prohíbe la huelga en todos los niveles de atención de los usuarios, incluida la consulta externa, los servicios de farmacia, pruebas de laboratorio y lavandería, por ejemplo.

Valladares, en cambio, sugiere restringir la prohibición solo a los servicios de urgencias, unidad de cuidados intensivos de niños y adultos, las unidades de tratamiento intensivo de hospitales psiquiátricos, salas de partos, hemodiálisis, quimioterapia y radioterapia, cirugías de urgencia, servicios de atención a menores de edad con riesgo suicida, unidades de quemados, servicio de ambulancias de transporte da pacientes y los servicios de infectología.

Los servicios judiciales, según la propuesta de Valladares, quedarían del todo excluidos.

Otra moción, presentada por Carmen Chan, vocera de los fabricistas de Nueva República, eliminaría por completo la lista de servicios esenciales. Y otra de Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano, convertiría en legales las huelgas en los servicios esenciales, como los de emergencias, policía, rescate de víctimas y comedores escolares.

Valladares, Dolanescu y Chan forman parte del grupo de 11 diputados de oposición que respaldan el texto sustitutivo que presentó, el pasado jueves, la liberacionista Franggi Nicolás, el cual legalizaría la huelgas en servicios esenciales.

Este bloque de diputados, además, promueve que a los funcionarios que participan de huelgas ilegales se les puedan rebajar los salarios solo en caso de que no se reintegren a trabajar 24 horas después de declarada la ilegalidad de un movimiento.

Tanto Chan como Valladares, además, presentaron mociones que permitirían la realización de huelgas contra políticas públicas.

La líder fabricista también pretende eliminar la medida incluida en el proyecto para autorizar la disolución de los sindicatos que promuevan bloqueos, y otra que prohíbe que los huelguistas se ausenten en días de protesta para realizar actividades personales y familiares.