Proyecto sobre huelgas va 30 días a Sala IV; suspendido el segundo debate

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El proyecto de ley que reformaría la regulación sobre huelgas pasará un máximo de 30 días naturales bajo estudio de la Sala Constitucional.

A la 1 p. m. de este jueves, el diputado Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), presentó una consulta de constitucionalidad firmada por 10 legisladores.

Esta gestión congela el segundo debate que estaba programado para este 5 de setiembre, luego de que el texto fuese aprobado con 40 votos el martes en el plenario legislativo.

La reforma declararía ilegales las huelgas en los servicios públicos esenciales, como los de salud y suministro de agua, electricidad y combustibles, además de establecer que, durante la suspensión de labores, ni los sindicalistas tienen la obligación de trabajar ni los patronos el deber de pagarles el salario.

Si la huelga es declarada legal, los patronos tendrán que pagar de forma retroactiva los sueldos que fueron suspendidos.

Asimismo, se declara la educación como un servicio estratégico, en el que las huelgas pueden durar hasta 21 días naturales continuos o diez días discontinuos.

Un grupo integrado por siete diputados fabricistas, el republicano Dolanescu, uno de Integración Nacional (PIN) y una de la Unidad Social Cristiana (PUSC) firmaron la consulta a la Sala IV.

Ellos alegan, por ejemplo, que este proyecto no debió tramitarse mediante una vía rápida, además de que es violatorio a la privacidad que se obligue a los sindicatos a tener una dirección electrónica para recibir notificaciones judiciales.

Ese último requisito fue introducido porque, durante la huelga del 2018, a los notificadores judiciales les era muy difícil encontrar a los dirigentes sindicales para notificarles que había un proceso de declaratoria de ilegalidad de los movimientos. Sin notificación, los procesos no pueden avanzar porque debe asegurarse el derecho de defensa.

En una ocasión, un notificador debió entregarle un documento al representante de la Unión Nacional de Empleados de la CCSS (Undeca) en las afueras del Palacio Arzobispal de San José, en donde estaba en negociaciones.