La fracción legislativa del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de ley para cambiar la forma en que se elige al presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), con el fin de despolitizar a la empresa estatal.
El proyecto de ley número 29.988 plantea que la elección del presidente ejecutivo se realice en el Consejo Directivo del Sinart.
Actualmente, es el Consejo de Gobierno, integrado por el presidente de la República, los vicepresidentes y los ministros, el que selecciona al jerarca de Sinart.
La fracción del FA explicó que, desde el año 2003, la elección de este cargo recae en autoridades políticas, lo cual, desde su punto de vista, convierte a Sinart en un apéndice de los intereses políticos de cada administración. Esta situación, aseguran los frenteamplistas, le quita independencia a la empresa pública.
El proyecto “Fortalecer la independencia del Sinart” reformaría la ley N.° 8346. El texto propone que el Consejo Directivo de la institución pueda elegir, reelegir y destituir al jerarca.
La iniciativa también propone reformar el artículo 7 para incluir dentro de ese Consejo a un representante de las personas trabajadoras del Sinart, de manera que tenga voto y pueda incidir en la designación. Actualmente, el representante laboral tienen voz, pero no voto.
“De esta manera, la elección del presidente ejecutivo ya no será de resorte del Consejo de Gobierno, lo que daría mayor autonomía y margen de acción al jerarca para tomar decisiones en beneficio de la institución y del interés público, sin estar atado por intereses políticos”, dijo el diputado frenteamplista Ariel Robles, quien además integra la Comisión investigadora del Sinart.
Hoy, el Consejo Directivo del Sistema está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Educación (MEP), la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, el Consejo Nacional de Rectores, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, la Unidad de Rectores de Universidades Privadas, la Procuraduría General y el Ministerio de Cultura y Juventud.
Robles recordó que hay casos conocidos de decisiones tomadas que responden a la línea enviada desde Zapote.
Afirmó que esos acontecimientos motivaron la creación de la comisión investigadora, que indagará la directrices ordenadas por Allan Trigueros y Fernando Sandí, anterior y actual jerarca del Sinart, respectivamente, en el caso de la contratación de la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor presidencial; condición negada por él.
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“Queremos reafirmar y consolidar la democratización e independencia del Sinart para devolverle sus potestades como un sistema de medios público, democrático e independiente de las decisiones políticas de los diferentes gobiernos”, concluyó el legislador.
Sinart bajo investigación
El pasado lunes 2 de octubre empezó labores la comisión que investigará los contratos por al menos ¢8.000 millones que diversas instituciones públicas concedieron Sinart, varios de ellos de forma directa y sin concurso público, para el manejo de la publicidad estatal.
A su vez, la General de la República (CGR) abrió una investigación de oficio desde el pasado mes de julio.
Entre las denuncias recibidas por la Contraloría, se encuentra la planteada por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes pidieron investigar las contrataciones realizadas sin concurso por instituciones públicas a la agencia de publicidad de Sinart.
Además de los socialcristianos, otros legisladores se han pronunciado respecto a Sinart.
Los diputados Ariel Robles y Francisco Nicolás, del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN), calificaron como “procesos amañados” y “maniobras encubiertas” la forma en que el Sinart otorgó un contrato a la empresa de Christian Bulgarelli Rojas.
El diputado Robles solicitó al Sinart, el pasado 8 de setiembre, las actas del Consejo Ejecutivo desde mayo de 2022 hasta la fecha.
Sin embargo, el presidente ejecutivo de la institución, Fernando Sandí, le argumentó al frenteamplista que es imposible entregar, en diez días, las actas que solicitó, pese a que las instituciones están obligadas por ley a tener las actas disponibles para el público y grabar en audio y video sus sesiones.