La Procuraduría General de la República concluyó que los diputados tienen la potestad de modificar la estructura interna del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), si lo consideran conveniente, con el fin de concentrar el poder de decisión en el ministro, como lo propone un plan que impulsa el Gobierno.
No obstante, la entidad consideró necesario que el texto exprese claramente que el ministro y los jerarcas de alto rango solo podrán tomar decisiones en materia ambiental siempre que estén sustentadas en criterios técnicos, de modo que no se politicen las acciones.
Así lo expusieron este jueves la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas, y la procuradora de la Dirección Agrario Ambiental, Elizabeth León, en la Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado.
“La decisión está dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador. Un aspecto muy importante es que, sin importar cuál sea la estructura que se le dé a estos órganos, debe garantizarse que todas las decisiones que se tomen en la materia, sean decisiones basadas en criterios técnicos”, manifestó León.
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Cambios impulsados por Gobierno
El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo disminuye el rango de desconcentración máxima a desconcentración mínima en tres órganos adscritos al Minae, con lo que se otorgaría mayor poder de decisión al jerarca de la institución.
Se trata del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Secretaría Técnica Ambiental (Setena) y la Comisión Nacional para la Gestión de Biodiversidad (Conagebio).
Ante consultas de los diputados, la procuradora general adjunta, Magda Inés Solís, declaró que la técnica de la desconcentración máxima tiene el propósito de “permitir que haya una mayor especialización en el ejercicio de las competencias administrativas”.
Justamente, esos tres órganos hoy tienen desconcentración máxima, pero la perderían con el proyecto impulsado por el Gobierno.
Entre los cambios propuestos, el Sinac vería eliminado el Consejo Nacional de Áreas de Conservación, donde el ministro actualmente tiene que deliberar decisiones en materia forestal con los directores de las áreas de conservación y otros funcionarios.
Asimismo, se transformaría la Secretaría Técnica en la Dirección General, cuyo jerarca será de libre nombramiento y remoción por parte del ministro. Quien ocupe ese cargo podrá asesorarse por un Consejo Técnico Consultivo, pero ese órgano no tendrá voto en las decisiones que se tomen.
En el caso del Setena se propone algo similar. Pasaría de ser un órgano colegiado conformado por siete representantes de instituciones y universidades, a ser un órgano personal con un solo jerarca, también nombrado por el ministro.
Además, el proyecto establece que el secretario general podrá asesorarse de un Comité Técnico Consultivo y Asesor. No obstante, este no tendrá criterio vinculante.
Procuradora: Criterios técnicos deberían ser vinculantes
El hecho de que los criterios y dictámenes técnicos que emitan los comités especializados no tengan carácter vinculante en las decisiones del Minae, generó otra observación por parte de la Procuraduría. Asimismo, ocasionó una discusión en la comisión legislativa donde se revisa el plan.
La procuradora Elizabeth León recalcó la necesidad de valorar la redacción de los artículos pues insistió en que las decisiones deben estar sustentadas en criterios técnicos. “Lo digo porque el proyecto prevé un comité consultivo, pero se indica que los criterios que emita no tienen carácter vinculante”, advirtió.
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‘Dictadura del criterio técnico’
La recomendación de la Procuraduría fue rechazada por los diputados Eliécer Feinzaig y Pilar Cisneros, jefes de las bancadas de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Progreso Social Democrática (PPSD), respectivamente.
Feinzaig alegó que “cuando hablamos de consejos de carácter vinculante, sobre los cuales el jerarca no tiene ningún tipo de ascendencia, lo que estamos haciendo es creando una dictadura del criterio técnico”.
El diputado liberal progresista manifestó que él no desprecia el criterio técnico, pero sostuvo que hay que tener muy claro a quién le corresponde tomar la decisión política y cuál es el criterio técnico que se necesita para fundamentar esa decisión política.
Pilar Cisneros, jefa del partido de Gobierno, defendió la propuesta de ley presentada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach.
“Tienen que tener estrictamente un criterio técnico, pero no podemos ignorar que ese criterio técnico va inevitablemente ligado a un accionar político para que las cosas funcionen y se pueda seguir protegiendo el ambiente”, aseveró Cisneros.
De la misma manera, la diputada del PPSD justificó la propuesta de disminuir el rango de órganos desconcentrados y concentrar el poder en el ministro debido a que, según dijo, se hace muy difícil tomar decisiones en el país.
“Sin deseos de generalizar, a veces lo que uno ve de estos órganos (desconcentrados) es que no hay una política de cooperación con el jerarca. A veces es más bien oposición; entonces, hay un choque entre la decisión evidentemente política y la parte técnica”, cuestionó Cisneros.