El presidente Luis Guillermo Solís aceptó el llamado de atención que hizo la Contraloría General de la República, cuando verificó que el Ejecutivo omitió informarle sobre "la pifia" de 80 metros en la ruta de acceso al nuevo megapuerto de Moín, en Limón.
"Tomamos nota, por supuesto, con todo respeto, de la observación de la Contraloría, y haremos todo lo posible por mejorar este tipo de situaciones en el futuro", dijo Solís este jueves, durante una gira de inspección de la nueva carretera a San Carlos.
Este 4 de julio La Nación dio a conocer el oficio 07467 en el cual el órgano contralor consideró "altamente reprochable" que el Gobierno omitiera información determinante, cuando le pidió permiso para contratar de forma expedita a una empresa que construyera la ruta 257, que conectará la carretera 32 con la futura Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
"Debe, ante todo, llamarse la atención de la administración, para que los niveles de toma de decisión política mantengan la transparencia necesaria en la tramitación de procedimientos de excepción; no solo por el impacto que podría significar para los mismos proyectos, sino porque las variaciones podrían generar efectos diferentes que bien podrían justificar una denegación de la autorización en otros casos", señala la Contraloría en su oficio.
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Al respecto, Solís se mostró atento al llamado de atención y satisfecho porque el ente fiscalizador "ha hecho en un informe muy sustantivo unas pocas observaciones, de las cuales esta que usted señala es quizás la más crítica, pero ha reconocido la importancia de la carretera".
"Yo quiero señalar que me complace mucho que la Contraloría haya dado el visto bueno para la continuación de la obra. Tomamos nota, como debe ser", agregó Solís.
El cuestionamiento del órgano contralor señala que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no informó de que el trazado de la ruta 257 nunca conectaría con la terminal portuaria, aunque al momento de solicitar la autorización tenía plena conciencia de que había un desfase de 80 metros con respecto a la entrada del muelle.
La solicitud del Conavi para escoger a una constructora mediante una contratación directa, en vez de una licitación (proceso que conlleva mayor participación de oferentes), se presentó a la Contraloría en diciembre del 2015. El contrato lo ganó con un precio de $71,8 millones (¢41.600 millones) el Consorcio del Atlántico, conformado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas.
La posición de Solís se conoce apenas un día después de que la firma holandesa APM Terminals, que construye la terminal portuaria, anunciara que la entrega de las obras se atrasará al menos de un año, razón que podría costarle una multa cercana a los $900.000, según confirmó a El Financiero, Kenneth Waugh, director general de la empresa.
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Según Solís, el gobierno "entiende que haya circunstancias que puedan atrasar las obras. Nadie puede garantizar al 100% que todo va salir bien todo el tiempo, para eso los contratos tiene previsiones y también se establecen multas cuando hay atrasos. Ya veremos, a partir del momento que termina el plazo de la compañía para terminar la obra, que es en el mes de enero, cuantos días de atraso habrá y que es lo que procede".
Además, el mandatario indicó que su administración "no está pretendiendo interponer en estos momentos una medida de abandono del proyecto, ni repudiar a la compañía, al contrario, nos interesa que el proyecto siga adelante y se concluya lo antes posible. Es un proyecto muy grande".