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Contraloría considera 'altamente reprochable' la actuación del Gobierno en la carretera al megapuerto

Actualizado el 04 de julio de 2017 a las 05:40 pm

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Contraloría considera 'altamente reprochable' la actuación del Gobierno en la carretera al megapuerto

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Foto aérea de la construción de la ruta 257 que comunicará con la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón. (Warren Campos)

La Contraloría General de la República consideró "altamente reprochable" que el Gobierno omitiera información determinante al pedirle permiso para contratar, en forma expedita, a una empresa que construyera la ruta 257, que conectará la carretera 32 con el futuro megapuerto de Moín.

En específico, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no le informó a la Contraloría de que el trazado nunca conectaría con la terminal portuaria, aunque al momento de solicitar la autorización tenía plena consciencia de que había un desfase de 80 metros con respecto a la entrada del muelle.

El ente contralor le llamó la atención a la administración de Luis Guillermo Solís por haber guardado silencio sobre ese "pifia" y le exhortó para que, en el futuro, mantenga "la transparencia necesaria" en este tipo de procedimientos.

Consultado por este medio, el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, afirmó que el Gobierno respeta los criterios de la Contraloría General y que la administración Solís actuó en procura del interés público.

La solicitud del Conavi para escoger a una constructora mediante una contratación directa, en vez de una licitación (proceso que conlleva mayor participación de oferentes), se presentó a la Contraloría en diciembre del 2015. El contrato lo ganó con un precio de $71,8 millones (¢41.600 millones) el Consorcio del Atlántico, conformado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas.

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A la hora de hacer la contratación directa, el gobierno rechazó una oferta de $60 millones (¢34.800 millones) con un diseño que sí conectaba con el megapuerto. Descartó la propuesta argumentando que ese consorcio irrespetó el trazado consignado en el concurso.

(Video) Las principales cifras del megapuerto

Sin embargo, después de adjudicado el contrato, en junio del 2016, el Conavi advirtió de que había un error en las coordenadas, por lo que pidió a la Contraloría, en abril del 2017, permiso para modificar el contrato a fin de arreglar el desfase, por $5,4 millones adicionales (¢3.100 millones).

"Estima este órgano contralor que resulta altamente reprochable que se requiera un procedimiento de excepción sin que se incluyera una solución técnica que permitiera la conexión con la TCM, lo cual ha significado que después del concurso se requiera modificar parcialmente el objeto de la autorización", respondió el órgano contralor este 30 de junio, al autorizar la modificación.

"Efectivamente, se trataba de un aspecto (el desfase) que se conocía claramente al momento de presentar la autorización (a la Contraloría para iniciar el proceso de contración en febrero del 2016)... Debe ante todo llamarse la atención de la administración, para que los niveles de toma de decisión política mantengan la transparencia necesaria en la tramitación de procedimientos de excepción; no solo por el impacto que podría significar para los mismos proyectos, sino porque las variaciones podrían generar efectos diferentes que bien podrían justificar una denegación de la autorización en otros casos", señala el oficio 07467.

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En ese oficio, la Contraloría autoriza al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para arreglar la "pifia", mediante un convenio que suscribió con la empresa APM Terminals, concesionaria del megapuerto.

La compañía holandesa cedió parte de sus terrenos al Conavi para que por allí pase la ruta 257 y se logre la conexión definitiva. De esa forma, se logra contar con los permisos ambientales de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).

"Desde luego no puede perderse de vista que la administración conocía técnicamente que el objeto de la solicitud de autorización no atendía la necesidad pública en forma satisfactoria, en tanto no garantizaba la conexión requerida por la TCM, ni era funcional respecto de la viabilidad ambiental vigente a ese momento", reza el oficio del ente contralor.

Sobre la resolución de la Contraloría, el ministro de Comunicación afirmó: "El Gobierno destaca que esa entidad autoriza la modificación parcial del contrato para la construcción de la ruta 257, reconoce que la obra será terminada dentro del plazo y el presupuesto aprobados y reitera las razones de interés público que hay en los cambios solicitados".

"El Gobierno resalta el rigor que siempre aplica la CGR en el cumplimiento de sus tareas y respeta los criterios y recomendaciones de esa entidad", agregó.

Por interés público, pero las investigaciones continúan...

La Contraloría advirtió de que, si bien se dio la autorización para subsanar el desfase, esta no se puede interpretar como que el proceso de contratación fue el correcto, pues esa parte se resolverá en las investigaciones que actualmente realizan por aparte, esa institución y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), este último a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

"Si bien en este caso se ha concedido la autorización para modificar parcialmente el objeto autorizado, lo cierto es que esto no valida de ninguna forma las actuaciones asociadas con el desfase de las obras de conexión con la TCM, ni enerva ninguna investigación que realice tanto este órgano contralor como la propia administración, respecto las implicaciones de ese desfase para el proyecto y el hecho de omitir información dentro de un trámite de autorización".

"(...) Debe advertirse que el hecho de que en ese caso se haya conferido la autorización para modificar el objeto, no implica que se haya emitido criterio alguno sobre las omisiones en el trámite de autorizaciones y las consecuencias que ello pudiera tener en el proyecto; todo lo cual se entiende que está bajo investigación tanto de esa administración como por parte de esre órgano contralor", agrega la nota de la Contraloría.

Al final, la Contraloría decidió dar la autorización bajo el criterio de que pesa más el interés público, tomando en cuenta que el país asumió el compromiso de tener lista esa vía antes de que entre en operaciones el megapuerto, lo cual se prevé que ocurra en junio del 2018, cinco meses después de que lo que dice el contrato firmado con APM Terminals.

"Es claro que las razones de interés público valoradas en aquella oportunidad (en febrero del 2016 cuando la Contraloría autorizó el proceso de contratación) tiene plena actualidad, en el tanto las implicaciones que se podrían ocasionar en caso de que la administración no logre cumplir en el plazo establecido con el compromiso asumido en el contrato de concesión, representarían un impacto no solo en el cumplimiento de obligaciones a nivel contractual, sino también en la atención de las necesidades de infraestructura portuaria que tiene el país".

Si el Estado costarricense no tiene a tiempo la vía, el país perdería un descuento de $20 en la tarifa que se cobrará por cada contenedor que se mueva por el megapuerto, lo cual acumularía unos $1.000 millones en 30 años de concesión. Anoche, el ministro Herrera machacó sobre ese punto, al decir que el Gobierno actuó en defensa del "interés nacional" para obtener el descuento.

El problema del permiso. Para construir la vía 257, el Conavi solo disponía de viabilidad ambiental sobre un trazado de 2,05 kilómetros, con una franja de 60 metros de ancho, que conectaba la ruta 32 con el centro de los terrenos concesionados a APM Terminals, con el inconveniente de que APM Terminals definió que la entrada a la terminal de contenedores (TCM) estará a un costado de los predios.

El Gobierno no pidió una ampliación a la Setena, aunque conocía el punto real de conexión desde diciembre del 2013  y a pesar de que la Unidad Ejecutora a cargo de la obra alertó de la "pifia" desde abril del 2015. Los funcionarios incluso debatieron la posibilidad de advertir el problema, pero descartaron hacerlo.

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Natasha Cambronero

natasha.cambronero@nacion.com

Periodista de Política

Periodista en la sección de Política. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Escribe sobre el quehacer de los partidos políticos y el financiamiento electoral, entre otros temas.

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