La Junta de Protección Social (JPS) advirtió a su presidenta, Esmeralda Britton González, de que no ha presentado los comprobantes de compras hechas con la tarjeta de débito institucional desde hace cuatro años, pese a que el reglamento interno ordena liquidar cada factura el día hábil siguiente a la transacción.
El gerente administrativo de la JPS, Olman Brenes Brenes, y el jefe de Tesorería, Francisco Castro Loaiza, le enviaron un oficio el pasado 8 de febrero, reiterándole que tenía facturas sin liquidar, desde el 7 de abril del 2020, por un monto total de ¢2,5 millones. Parte de las compras las hizo en el gobierno anterior y parte en el actual, pues Britton ha estado en ambos.
Los funcionarios citaron a la jerarca el artículo 7 del “Reglamento para el uso de tarjeta de débito institucional”, según el cual el tarjetahabiente deberá presentar, a más tardar al día hábil siguiente de su utilización, los diferentes comprobantes y facturas del gasto.
Las compras realizadas por Britton, con la tarjeta de débito de la JPS, incluyen el pago de ¢58.000 por dos micrófonos de solapa, la compra de tres suscripciones anuales a la plataforma de encuestas en línea Survey Monkey, y el pago de ¢632.000 por paquetes de Microsoft, por ejemplo.
LEA MÁS: Audio de Esmeralda Britton revela amenazas para contratar a Sinart: ‘Van a rodar cabezas’
Según el artículo 5 del reglamento, el tarjetahabiente solo puede comprar bienes y servicios exclusivos de la JPS, pero estos deben haber sido previamente autorizados por la institución.
Además, el funcionario es responsable por el mal uso que haga de la tarjeta y, en caso de adquirir bienes que no corresponden a la JPS, o no fueron autorizados de forma previa, habrá responsabilidades y sanciones.
Britton: ‘Pondremos en orden esta situación’
La Nación contactó telefónicamente a Britton el lunes 11 de marzo, para consultarle sobre la liquidación de estos gastos. En esa ocasión, la presidenta ejecutiva respondió que no atendería consultas de la prensa y colgó.
“No sé por qué me está contactando a mí. Muchas de esas facturas ya fueron enviadas, pero Tesorería no las ha revisado. Esa es la información que le puedo dar ahorita”, dijo la funcionaria, e inmediatamente después cortó la llamada.
La Nación también le envió la consulta por correo electrónico. Se le preguntó cuál es el límite de gasto de la tarjeta y si la Junta Directiva de la JPS autorizó previamente los gastos citados.
Este sábado 16 de marzo, la jerarca respondió por escrito que todos los gastos realizados con su tarjeta de débito institucional están dentro del marco legal.
“Todas las compras realizadas están dentro de los montos y gastos autorizados a mi persona en calidad de presidenta. Efectivamente, existe un atraso en la liquidación de algunas facturas y estamos tomando las medidas correctivas necesarias para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir en el futuro. Estoy segura de que pronto podremos poner en orden esta situación”, respondió Britton.
Asimismo, la JPS aseguró que todos los gastos de la presidenta ejecutiva son admisibles, ya que están relacionados a sus labores en la institución.
Gerente administrativo: No hay justificación para atraso de 4 años
La Nación contactó a Olman Brenes y a Francisco Castro para preguntarles por qué tardaron cuatro años en pedirle a Esmeralda Britton que liquidara las facturas.
Brenes, gerente administrativo, dijo que Britton aún no ha liquidado los gastos, pero aseguró que la JPS está buscando los comprobantes para hacer este procedimiento. Cuando le consultó si existe alguna justificación para que existan facturas sin liquidar desde hace 47 meses, respondió: “No, no hay ninguna justificación”.
Pese a que Brenes tiene dos años de desempeñarse como gerente administrativo financiero, hasta este mes de febrero llamó la atención a Britton sobre el problema de la liquidación de los gastos de la tarjeta. Argumentó que no es su responsabilidad velar por el buen uso de las tarjetas institucionales, sino que lo hacen las “unidades administrativas”.
El jefe de Tesorería, Francisco Castro, dijo que la liquidación de las facturas está en trámite, pero admitió que aún no le habían enviado los comprobantes a su departamento. Tampoco, ha recibido respuesta al oficio del 8 de febrero, pese a que ha pasado más de un mes desde que lo envió.
Según dijo, Tesorería hace seguimientos trimestrales a las tarjetas institucionales y, desde julio del 2021, se enviaron seis oficios más a la presidenta ejecutiva, firmados por el anterior jefe de Tesorería, en los que se alertaba de la no aportación de facturas o comprobantes.
Sin embargo, Castro afirmó que él asumió el cargo en octubre del 2023 y, por lo tanto, no sabe si Britton respondió a estos documentos anteriores.
Al igual que Brenes, cuando se le consultó si existía un reglamento de liquidación de facturas, dijo desconocerlo. “Al menos en tesorería no tenemos un reglamento”, declaró.
“Esa tarjeta tiene parámetros definidos por la Junta Directiva, pero en el caso de presidenta ejecutiva tiene muchísima más apertura. Está abierta”, indicó Castro.