La presidenta de la Asamblea Legislativa, la liberacionista Silvia Hernández, consideró imposible posponer para el próximo gobierno la discusión de los proyectos de la agenda de ajuste fiscal negociada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para Hernández, los legisladores deben tomar una decisión sobre las reformas de impuestos, puesto que empezaron a expirar los plazos de discusión de los textos en las comisiones legislativas.
Cuando eso ocurre, se aplica el mecanismo conocido como “guillotina legislativa”, el cual obliga a las comisiones a pasar los proyectos al plenario con recomendación positiva o negativa sin mayor discusión, lo que dificulta los acuerdos políticos y los procesos de enmienda.
Silvia Hernández enfatizó que ahora les toca a las fracciones tomar una decisión: “Archivar los proyectos o darles paso al plenario, para intentar corregir algunos de esos temas en el trámite de mociones de fondo (según lo permite el artículo 137 del Reglamento); y eso no lo dice la presidenta legislativa, es el único trámite posible”.
De ese paquete de expedientes, ya a tres se les venció el plazo en comisión, pero en realidad prácticamente ninguno ha sido sometido a cambios de parte de los congresistas por falta de discusión.
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La verdiblanca reiteró que la idea de postergar los planes de la agenda con el FMI no es real y no cree que alguien llegue a sugerirlo, pues “esas decisiones están por darse en un plazo muy cercano”.
Este miércoles, durante una reunión con los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, la misión del FMI, a través de su jefa, Manuela Goretti, les preguntó a los parlamentarios la posibilidad de que los proyectos están aprobados para octubre, o al menos que ya hayan llegado al plenario para su tramitación posterior.
La Comisión de Económicos tiene en estudio dos proyectos, la reforma a la Ley de Aduanas y el plan sobre aporte solidario de las empresas públicas, mientras que Hacendarios tiene los planes de renta global y reducción de plazas vacantes y congelamiento de pensiones.
Por último, Jurídicos tiene el impuesto a las casas de lujo, el tributo sobre los premios de lotería y el plan para eliminar la exoneración del salario escolar.
La misión del Fondo está evaluando, en estas semanas, el cumplimiento de Costa Rica del programa de ajuste fiscal pactado con esa organización internacional a principios de año, propuesta que permitió al Gobierno acceder a un financiamiento de $1.778 millones para equilibrar las finanzas públicas.
El primer desembolso de ese crédito llegó al país en agosto, pero el segundo desembolso depende del cumplimiento que el Estado le dé al programa de ajuste para equilibrar las finanzas públicas. Tras la evaluación de ese cumplimento, Goretti y los siete miembros del grupo analista emitirán un informe en noviembre, sobre la situación del país.
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La misión se reunió este miércoles con otras comisiones, como Hacendarios, y también se prevé, como dijo Silvia Hernández, una reunión el próximo lunes con los jefes de las fracciones políticas.