La fracción legislativa del Partido Liberación Nacional (PLN) y el excandidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Piza aumentan la presión al Gobierno para que destituya al viceministro, Daniel Soley, por haber ofrecido un puesto de embajadora a la procuradora, Ana Lorena Brenes.
El PLN, además, pide la renuncia del ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, ya que considera que Soley cumplió órdenes de él.
"La tentativa para sacar de su cargo a la Procuradora General de la República con la oferta de una embajada es un acto bochornoso e ilícito. El silencio (de Daniel Soley) y sus evasivas son una cortina de humo para ocultar a quien le mandó, y ese solo puede ser el ministro de la Presidencia, a menos que la orden haya venido de más arriba. Por eso, la responsabilidad de este hecho gravísimo recae en los dos funcionarios, el ministro y el viceministro, y ambos deben renunciar o ser removidos de sus cargos", manifestó el jefe de la fracción del PLN, Juan Luis Jiménez Succar.
Succar dijo que Soley no puede escudarse en la obediencia a su superior inmediato, porque esto no le faculta para violar la Constitución y la ley.
"La intentona golpista de los jerarcas del Ministerio de la Presidencia viola la independencia funcional de la Procuraduría y manosea obscenamente un organismo clave de nuestro Estado de Derecho", concluyó Jiménez Succar.
Por otra parte, Rodolfo Piza, cuyo partido es aliado del Gobierno explicó que ofrecer un beneficio, un puesto o una embajada al titular de un órgano independiente y de control jurídico del Estado, es un irrespeto a la investidura de ese órgano y a la propia Procuradura General de la República.
"No solo es indebido e imprudente, sino una violación a la principios de independencia institucional y de respeto al derecho. Si se dio, el Gobierno está en la obligación de rectificar y sancionar cualquier acción en ese sentido", manifestó Piza a través de su perfil de Facebook.
El miércoles, el legislador Ottón Solís, también pidió la renuncia de Soley. Ayer, el Frente Amplio, otro partido aliado del Gobierno, condenó la propuesta hecha por el viceministro Soley a la procuradora y exigió cuentas al presidente Luis Guillermo Solís.
La opción de la embajada que planteó Soley a la procuradora fue parte de una conversación ocurrida la tarde del martes antepasado, en la cual ella expresó al viceministro su incomodidad por un “distanciamiento” entre Casa Presidencial y la Procuraduría General de la República.
Brenes es la jefa de los abogados que defienden al Estado.