La Casa Presidencial confirmó, a mediados de este mes, su intención de avanzar hacia el cumplimiento de una reforma constitucional del 2001 que llevaría a la quiebra las finanzas públicas del país.
Se trata de una enmienda hecha por la Asamblea Legislativa al artículo 170 de la Carta Magna que obliga al Poder Ejecutivo a transferir no menos del 10% del Presupuesto Nacional a las 81 municipalidades.
Hoy, de cumplirse en su totalidad, ese mandato implicaría el traslado de unos ¢800.000 millones a los ayuntamientos, lo cual le quitaría al Gobierno la mitad de los recursos con los que realmente opera.
Dicha situación dispararía el déficit fiscal y obligaría a la Administración a cerrar ministerios y despedir empleados, a menos de que decida endeudarse todavía más.
“Llevaría al país al umbral de una crisis fiscal. Aceleraría cualquier crisis”, admitió el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco.
Esta reforma ordena, además, concretar el traslado del dinero en un periodo de siete años (a razón de un 1,5% anual), siempre y cuando el Congreso traspase funciones del Ejecutivo a los gobiernos locales.
A la fecha, la enmienda no se ha puesto en práctica. En mayo del 2010, el Congreso aprobó tramitar siete leyes para garantizar una transferencia paulatina de competencias y fondos, pero ninguna ha sido aprobada.
No obstante, el Congreso actual, acuerpado por el gobierno de Luis Guillermo Solís, ya avaló en la Comisión de Asuntos Municipales un primer plan para asignar ¢126.000 millones de la Caja Única del Estado.
Se trata de una reforma a la Ley 8.114 que propone tomar el 15% de los recursos generados por el impuesto a los combustibles para que los municipios atiendan las rutas cantonales, función que, de por sí, ya tienen.
Ese primer proyecto, dictaminado en abril paso, ahora puede ser sometido a votación en el plenario legislativo.
Enorme mordisco. El Presupuesto Nacional del 2015 asciende a ¢7,9 billones. Sin embargo, casi un 80% corresponde a gastos rígidos, sobre los cuales el Ejecutivo no puede maniobrar.
Más de una tercera parte se destina a pagar la deuda pública. Un porcentaje cercano se va en cumplir la obligación constitucional de invertir en educación pública el equivalente a un 8% del producto interno bruto (PIB).
Otro 10% se gasta en pensiones y casi un 7% en financiar a los poderes Judicial y Legislativo. así como al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Eso deja al Gobierno con un 22% del Presupuesto para pagar el quehacer del resto de sus ministerios, de acuerdo con datos suministrados a La Nación por el Ministerio de Hacienda.
Y, aun así, ese no es un gasto flexible, advirtió el viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, pues la mayor parte se debe usar para pagar salarios y pluses de los empleados públicos.
Al final, el Poder Ejecutivo solo puede disponer de un 5% o un 6% para invertir en los proyectos que considere prioritarios, como los de obra pública, dijo Pacheco.
En esas condiciones, quitarle al Gobierno un 10% del Presupuesto Nacional llevaría al país a un “panorama muy complicado”, admitió el funcionario.
Para cumplir la orden constitucional sin afectar la operación del Gobierno, se requerirían cerca de ¢800.000 millones que hoy no existen. Tendrían que conseguirse prestados de manera constante, año con año.
Golpe letal. “Si tuviéramos que cumplir, llevaríamos el déficit fiscal del 5,7% al 8,7%. Entraríamos en números rojos, en los valores de los países de Europa que explotaron en crisis”, indicó Pacheco.
La otra posibilidad sería quitarle ¢800.000 millones al Gobierno para pasarlos a los municipios, lo que tendría efectos sobre la operación de los ministerios.
“Tendría que cerrar programas enteros. Tendría que cerrar instituciones, la pregunta es ¿a quién?”, cuestionó Pacheco.
Olga Marta Sánchez, ministra de Planificación, informó de que por ley son intransferibles las competencias de los ministerios de Educación Pública, Seguridad y Salud, que están entre los más grandes. Las otras instituciones grandes son Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Justicia y Gracia. Esta última administra las cárceles del país.
Sin claridad. Aunque la ministra de Planificación considera esencial fortalecer las competencias de las municipalidades y cumplir con el artículo 170 de la Constitución, todavía no tiene claridad sobre qué funciones se les traspasarían. “Creo que a futuro veremos”, declaró.
Entre los ministerios de presupuesto mediano, están Agricultura, Hacienda y Cultura, dijo Pacheco. Los pequeños, como Vivienda, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y Relaciones Exteriores, no suman ¢50.000 millones anuales entre todos. Y hay competencias intransferibles, como las diplomáticas.
El exalcalde y diputado del Liberación Nacional (PLN), Juan Marín, defensor del régimen municipal, admitió que llegar al 10% no es viable financieramente:
“Tenemos que empezar la discusión de nuevo. Pusimos un 10% porque es lo que dice hoy la ley, pero podría bajar ese porcentaje al 4% (¢320.000 millones), siempre y cuando se nos quiten las trabas burocráticas”, aseveró.
“Un 4% escalonado se podría trasladar para las 32 competencias que tienen las municipalidades, porque el 80% no tiene un presupuesto, como, por ejemplo, para ordenamiento territorial y saneamiento ambiental”, dijo.
El viceministro Pacheco advirtió de que otra desventaja de pasar funciones a los municipios es que se pierde la posibilidad de ahorrar costos con la economía de escala (compras grandes) que puede hacer el Gobierno.