El plan de gobierno del candidato del Partido Frente Amplio, José María Villalta, despertó la preocupación de abogados, sindicalistas y empresarios consultados ayer por La Nación .
Las dudas van desde la forma en que un eventual gobierno del Frente Amplio cumpliría sus promesas de un Estado benefactor y proteccionista, hasta los problemas que podría generar a la seguridad jurídica del país la implementación de tales medidas.
En su propuesta de gobierno, Villalta promete el control de precios sobre los alimentos de la canasta básica y de las medicinas, además de dejar en manos del Estado la generación de energía eléctrica.
“Todas esas medidas intervencionistas que propone Villalta, lo único que producen es desempleo y mayor pobreza para los más necesitados”, dijo el abogado constitucionalista Rubén Hernández.
Según Hernández, aunque sus propuestas sean jurídicamente viables, pueden resultar “un disparate” desde el punto de vista económico y social.
Édgar Morales, del sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT), consideró que no son necesarias tantas reformas legales, como plantea Villalta, para mejorar la situación de los costarricenses.
En el plan de gobierno de los frenteamplistas aparecen cerca de un centenar de reformas legales para discutir, en caso de tomar el control del Poder Ejecutivo.
“No hay que dar mucha vuelta a las leyes y reformas, sino simplemente tomar el texto constitucional y aplicarlo. Nuestra Constitución defiende un Estado social de derecho”, afirmó Morales.
Por el contrario, Morales criticó que no hay respuestas claras sobre cómo mejorar los salarios mínimos de los trabajadores.
“¿Qué va a hacer don José María Villalta con el pago de salario mínimo de ley, que no se les paga a muchos en este país? No vemos por ningún lado lo que va a hacer en eso”, expresó el sindicalista.
Proteccionismo. Sobre la idea de expropiar terrenos para promover una mejor repartición y diversificación de cultivos, el abogado constitucionalista Fabián Volio señaló que el ordenamiento en ese campo es una labor a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
A su juicio, esa labor es “mucho más completa que las expropiaciones con fines ideológicos”.
Para Shirley Saborío, directora de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), el programa de Villalta responde a propuestas que están “superadas” por el país, al tiempo que cuestiona la intención de hacer más grande el aparato estatal.
“Nos gustaría que detalle cómo se va a financiar; se habla de un Estado muy grande, pero no dice cómo va a financiarlo”, dijo Saborío.
“En realidad, me parece que son propuestas añejas”, agregó la vocera del sector empresarial.
Sobre el proteccionismo, Villalta dijo ayer en entrevista publicada por este medio que no cree en un “Estado benefactor paternalista”, y que más bien apunta a un Estado que “proteja y garantice los derechos humanos, pero que fomente la participación ciudadana”.
Las explicaciones de Villalta no convencen a sus críticos.
Por ejemplo, el constitucionalista Volio estima que en materia de intervención de precios, la propuesta del Frente Amplio tendría que pasar por el filtro constitucional, que establece en el artículo 28 que las actividades privadas que no dañen la moral, el orden público o el derecho de las personas están fuera de la acción de la ley.
Mientras tanto, el abogado Enrique Rojas Franco ve en las ideas de José María Villalta los principios que rigen el grupo de países de la llamada Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsada por el desaparecido Hugo Chávez.
“No significa que no tengamos que cambiar cosas, pero no irse a aspectos de extrema”, declaró.