Luis Campbell Patterson, padre de la vicepresidenta Epsy Campbell Barr, es quien dispone de una finca de una hectárea en el cantón de Oreamuno, Cartago por la que paga ¢5.200 anuales de impuesto sobre bienes inmuebles, porque está valorada en ¢2 millones.

Así lo expuso la Municipalidad de Oreamuno luego de que sitios de noticias y publicaciones en redes sociales afirmaron que la vicepresidenta es la dueña de una finca.

La propiedad sí está a nombre de la funcionaria y de sus hermanos en condición de nuda propiedad, pero estos le concedieron el usufructuo a su padre.

Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno, explicó que, ante esas circunstancias, es a él a quien el gobierno local le exigirá pagar impuestos según el valor actualizado y real de su propiedad, la cual, según estimaciones preliminares, rondaría los ¢50 millones.

Luis Campbell Patterson es el dueño de usufructo del terreno, de 10.489 m² y ubicado en el distrito de San Rafael, con lo cual es el propietario registral de la finca.

En tanto, la vicepresidente y sus hermanos aparecen como dueños de nudo del terreno. Eso significa que la finca pasará a ellos una vez que su papá muera.

“Ella todavía no es la dueña registral, porque es el padre. Cuando el padre fallezca, ellos pasarían a ser los dueños de usufructo”, afirmó el alcalde Jiménez.

Jiménez también corroboró que el monto que paga Campbell Patterson por su propiedad es una pequeña fracción de lo que en realidad debería cancelar.

La Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles establece que, en todo el país, los dueños de terrenos o edificaciones deben pagar a la municipalidad correspondiente, cada año, el equivalente a un 0,25% de cada propiedad.

Dicha norma también establece, en su artículo 16, que los propietarios deben actualizar al menos cada cinco años el valor de sus propiedades.

De acuerdo con la Municipalidad de Oreamuno, el terreno fue registrado el 30 de enero del 2013, con un valor de ¢2,1 millones, el cual no se actualizó desde entonces. Por eso, el monto del impuesto que paga cada año es de apenas ¢5.250.

Si la finca vale ¢50 millones, como estima preliminarmente el ayuntamiento, el impuesto sería de ¢125.000 anuales.

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Este viernes, en un comunicado, la Presidencia de la República afirmó que a la vicepresidenta no se le pueden atribuir responsabilidades tributarias directas, por no tener el usufructo de la finca en Oreamuno, así como que ella mantiene al día el valor de las propiedades que tiene a su nombre.

No obstante, Campbell Barr sí consideró un “descuido inaceptable” el que su familiar no se haya acercado a la Municipalidad de Oreamuno a actualizar el monto de la propiedad

“La vicepresidenta niega que en algún momento su familia tuviera la intención de evadir el pago de sus responsabilidades tributarias”, dice el comunicado de Casa Presidencial.

Zapote también anunció que Campbell Barr le pedirá a su familia corregir el valor desactualizado del terreno.

Sin embargo, desde horas antes, el gobierno local del cantón cartaginés anunció que realizaría una notificación de avalúo a Campbell Patterson para que actualice el valor de su terreno.

El impuesto sobre los bienes inmuebles es uno de los tributos que el gobierno planea incrementar para compensar el desbalance fiscal ocasionado por la crisis del coronavirus. La propuesta del Ejecutivo es triplicar la tasa, es decir, subirla del 0,25% a un 0,75%, y trasladarle los recursos nuevos el Ministerio de Hacienda.

Pérdidas millonarias

Jiménez contó que al llegar a la alcaldía de Oreamuno, en mayo pasado, encontró un problema generalizado por valores de propiedades que no han sido actualizados en años, lo cual afecta directamente la recaudación tributaria del cantón

"Estamos haciendo un proceso de notificación continuo, no solo en este caso, sino a diferentes dueños de terrenos con el objetivo de normalizar el valor de las propiedades y, por supuesto, que ingresen los recursos reales al municipio.

“En este momento hay un déficit de más de ¢200 millones, y se debe precisamente a esa deficiente gestión financiera que tuvo la Municipalidad en años anteriores”, afirmó el alcalde de Oreamuno.

Marcela Guerrero, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), afirmó que los 82 gobiernos locales del país tienen distintos niveles de efectividad en la recaudación de impuestos.

En esa capacidad, afirmó, influye una mayor o menor limitación para invertir en la actualización del catastro cantonal, una actividad que, según dijo, es cara. También mencionó la agilidad del personal de las municipalidades para dar seguimiento a las obligaciones de los contribuyentes, y las herramientas que tengan para facilitar la declaración. Por ejemplo, herramientas en línea.

“Son factores estratégicos, complejos, no imposibles, pero que se hacen todo un reto por las diferencias y asimetrías no solo de gestión, sino de inversión para llevar adelante esta necesidad”, dijo Guerrero.