La Organización de los Estados Americanos (OEA) reportó la inquietud que hay en Costa Rica por el peligro de que grupos narcotraficantes financien a candidatos o partidos políticos en las campañas electorales. Así lo expuso la Misión de Observación Electoral que evaluó los comicios municipales del pasado domingo 4 de febrero.
Si bien el informe resaltó la transparencia y solidez del sistema electoral costarricense, señaló que persisten los problemas en el sistema de financiamiento de las campañas políticas por una excesiva dependencia de los recursos privados.
“La Misión tomó nota de una preocupación creciente de varios actores por el riesgo del ingreso del crimen organizado y, con ello, de fondos ilícitos (especialmente provenientes del narcotráfico) en la competencia política. Teniendo en cuenta lo anterior, la misión considera importante que se generen espacios de análisis para conocer la dimensión y enfrentar esta problemática”, cita el documento de la OEA.
Esta no es la primera vez que este tema sale a la palestra pública en el país. En el 2021, la Asamblea Legislativa creó una comisión especial para indagar la presunta penetración del narcotráfico en la política, después de que dos investigaciones de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportaran contactos entre dos presuntas bandas y figuras políticas, como un diputado, un alcalde y un regidor.
No obstante, la comisión solo sesionó en 12 ocasiones y prescindió de testimonios clave, emitiendo un informe sin profundidad, bajo el argumento de que los casos que salpicaron la política estaban bajo investigación judicial.
Descontento generalizado con financiamiento
En su informe sobre los comicios municipales de Costa Rica, la OEA emitió un conjunto de recomendaciones para mejorar el sistema de financiamiento de los partidos políticos.
La comisión, liderada por el sociólogo uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, reportó un descontento generalizado de los representantes de los partidos políticos con el esquema de financiamiento político-electoral, conocido como “deuda política”, al considerarlo inequitativo.
Tal disconformidad obedece a que los partidos están obligados a financiarse con fondos provenientes de personas privadas, con la posibilidad de recibir un reembolso de los gastos justificables luego de las elecciones.
El reintegro del dinero solo se concede si el partido supera determinados umbrales: en las elecciones nacionales, debe obtener al menos un diputado o un 4% de los votos; en las municipales, al menos un regidor o el 4% de los votos en los cantones donde haya competido.
En Costa Rica, no existe la figura del anticipo de dinero estatal para las elecciones municipales. Esta herramienta está limitada a las elecciones presidenciales y legislativas, según el artículo 96 del Código Electoral.
“La ausencia de financiamiento anticipado conduce a que los partidos políticos busquen créditos bancarios a nivel individual. La mayoría enfrenta dificultades para obtener créditos en el sistema bancario. Para estas elecciones, solo dos de los 75 partidos nacionales inscritos en contienda, pudieron acceder a fideicomisos en el sistema bancario”, expuso la OEA en su informe sobre los comicios.
Las agrupaciones que obtuvieron créditos bancarios fueron el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ambos lograron financiamiento con el BCT.
Dependencia excesiva del financiamiento privado
El reporte de la OEA detalló que esta situación obliga a los candidatos y dirigentes a asumir ellos mismos los gastos de campaña, incluso teniendo que endeudarse o acudir a sus allegados. Para los observadores, esto conlleva riesgos financieros y una dependencia desmesurada del financiamiento privado.
Al respecto, la misión de la OEA reiteró la recomendación de adoptar un esquema de financiamiento público anticipado que garantice la equidad en la contienda electoral, basado en criterios objetivos y que asegure que todos los partidos cuenten con recursos económicos.
Esta no es la primera ocasión en que dicho organismo reporta los problemas de financiamiento electoral en Costa Rica. También lo hizo con motivo de los comicios nacionales de los años 2014, 2018 y 2022, al igual que en los municipales del 2016 y 2020.
En el reporte del 2022, señaló una relación de dependencia poco saludable entre los partidos, el sistema bancario y las empresas encuestadoras.
Limitar aportes de personas físicas
Respecto a las contribuciones provenientes de personas físicas privadas, el informe de la OEA indicó que no se han hecho modificaciones en la normativa, que eviten desequilibrios económicos entre las campañas.
Por lo tanto, reiteraron la recomendación de fijar límites individuales a los aportes que realicen las personas físicas, así como al valor máximo del que pueden hacer uso las campañas electorales.
Misión sugiere distribuir espacios en medios de comunicación
El grupo de la OEA también constató que, en Costa Rica, no existen mecanismos de financiación pública indirecta, como la difusión distribuida de publicidad en medios de comunicación, pagada por el Estado, entre los partidos políticos en contienda.
“Esto implica que los espacios que cada partido obtiene en los medios de comunicación dependen, exclusivamente, de los recursos que destine para ese propósito. De acuerdo con algunas entrevistas, la misión conoció que el acceso a medios de comunicación constituye un porcentaje significativo de los gastos en los que incurren los partidos”, destacó el informe.
Sobre este tema, la OEA recomendó adoptar un mecanismo para contar con espacios distribuidos en los medios, de manera que se garantice la equidad en el acceso a difundir propaganda electoral de los partidos.
La misión también sugirió incorporar en la legislación electoral mecanismos para promover la distribución de financiamiento específico, que asegure a las mujeres candidatas acceso a recursos económicos para afrontar sus campañas. El informe señala que no ha habido avances en este tema dentro de las estructuras partidarias.
“La misión reconoce que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por intermedio del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, tiene capacidades robustas para cumplir con sus funciones fiscalizadoras, como ha resaltado la OEA en anteriores oportunidades. Esta labor constituye un insumo fundamental para el ejercicio de la potestad sancionadora del organismo electoral y para la conducción de investigaciones penales a cargo del Ministerio Público”, destacó el informe.
Como sugerencias finales respecto al financiamiento electoral, la Organización de los Estados Americanos pidió al TSE sistematizar los procedimientos de rendición de cuentas y liquidación de gastos para los partidos políticos, a través del uso de herramientas tecnológicas.
Asimismo, recomendó al TSE establecer canales de comunicación con el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Tributación Directa y la Contraloría General de la República (CGR), entre otras entidades, con el objetivo de compartir información en tiempo real, crear un sistema de alertas más eficiente y fortalecer la función fiscalizadora del Tribunal.
La Misión de Observación Electoral celebró que el TSE presentara, el pasado 29 de marzo, cuatro proyectos de ley de reformas electorales ante la Asamblea Legislativa, tras recomendaciones de la OEA.