Ministros de Comex y Planificación cobraron ¢73 millones por incentivo al que no tenían derecho

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Los ministros de Comercio Exterior y Planificación, Alexánder Mora y Olga Marta Sánchez, cobraron al Estado casi ¢73 millones de más por un incentivo salarial al cual no tenían derecho. Cada uno recibió ¢36,5 millones en los tres años que lleva el gobierno de Luis Guillermo Solís.

Cada mes, ambos ministros recibían ¢882.000 por concepto de prohibición, un beneficio salarial creado para impedir que los jerarcas del Estado ejerzan sus profesiones liberales.

Sin embargo, según lo dejó en claro la Procuraduría General de la República, para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.

El ministro de Comercio Exterior es economista y tiene una maestría en Administración de Empresas, pero no forma parte del Colegio de Ciencias Económicas, a pesar de que la ley exige estar colegiado a esa organización para ejercer esas profesiones en el territorio nacional.

Lo mismo sucede con la jerarca de Planificación, quien es socióloga y tiene un doctorado en Economía. Ella no forma parte del Colegio de Profesionales en Sociología, ni del de Ciencias Económicas.

LEA: Viceministra de Presidencia deberá devolver ¢27 millones

Alejandro A. Sura, fiscal del Colegio de Sociológos, reconoció a La Nación que Sánchez no es agremiada. Informó de que ella trató de iniciar el proceso de adscripción a principios de año, pero que por asuntos de trabajo no ha podido completar el trámite, que incluye un exámen de ética que se hace cada cierto tiempo.

Los ¢36,5 millones que cobró cada uno incluyen los pagos del aguinaldo y del salario escolar.

Tanto Mora como Sánchez alegan que los departamentos de Recursos Humanos de los respectivos ministerios nunca les solicitaron la colegiatura como un requisito para cobrar ese incentivo y que ya ordenaron la apertura de un procede administrativo para sancionar a los responsables.

"Instruí la integración de un órgano director que revise mi caso, así como los demás casos a los que aplica la prohibición en mi Ministerio. Esto inicia el debido proceso que, siguiendo las leyes de la administración pública, se requiere conducir ante este tipo de casos", manifestó Mora en un correo electrónico sin especificar si devolverá el dinero pagado de más.

Sánchez, a través de la oficina de prensa del Mideplan, dijo que ya solicitó a Recursos Humanos un cálculo del monto pagado de más para proceder con la devolución del dinero. Y anunció que desde este mes trabaja ad honorem para el ministerio.

El 7 de abril, la Procuraduría aclaró los alcances del artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, donde se tutela el pago de prohibición para los altos jerarcas públicos, entre ellos, los ministros y viceministros.

"Para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición —que consiste en un 65% calculado sobre el salario base— es indispensable ocupar uno de los puestos afectados por la restricción (en este caso ministro), ostentar una profesión liberal, y estar en posibilidad efectiva de ejercerla, lo que implica estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que así se requiera para el ejercicio liberal de la profesión", señaló el abogado del Estado en la conclusión N.° 2 del oficio C-075-2017.

Con ellos, ya son siete los altos mandos del Gobierno a los que se les paga este plus salarial de manera anómala. A cuatro viceministros y un ministro ya se les ordenó devolver el dinero pagado de más.

Presidente Solís: 'A mí hasta me parece vacilón'

El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aegura que estos casos no son corrupción, pues ninguno de sus jerarcas pidió el pago, sino que es responsabilidad de los departamentos de Recursos Humanos.

Afirma que todo se debe a "un enredo" en materia de empleo público y que, en muchos casos, se pagan pluses como una forma de mejorar los salarios en el Estado.

Al mismo tiempo, cuestionó el hecho de que ministro no pueda cobrar ese incentivo solo por no estar colegiado o no ejercer una profesión liberal. Así lo dijo en una entrevista en la revista matutina del Sinart, canal 13.

"Ahí yo no veo corrupción, veo un enredo, un berengenal; y este Gobierno lo que quiere es aclarar ese berengenal. Dicho sea de paso, a mí hasta me parece vacilón, hasta como para reírse. Un ministro quien no está colegiado, no tiene una profesión considerada liberal, pero que es jerarca de una institución, al cual o la cual no se le puede pedir exclusividad de trabajo en esa institución sino tiene esas dos condiciones, sino es colegiada o no es una profesión liberal, ¿entonces qué, vamos a tener una ministra trabajando los fines de semana haciendo extras? ¿O después de las 6 (p. m.) se pone a hacer consultorías? Es un absurdo", manifestó el mandatario.

Y añadió: "Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tendríamos que estarlas diciendo con mayor tranquilidad, poniéndolas sobre la mesa y diciéndoles a las personas cuál es el problema. Aquí nadie se está robando el sueldo, nadie. Pero, como nuestros adversarios no encuentran ningún escándalo con el cual pegarnos como en el pasado, entonces se están inventando fantasmas donde no los hay. Por eso es que no nos satisface la discusión".

Los otros casos

La Nación reveló el viernes 28 de abril que Mauricio Ventura, ministro de Turismo, también recibió de manera ilegal ese beneficio, por la misma causa que Mora y Sánchez.

En el caso de Ventura, él recibió unos ¢25 millones con concepto de prohibición durante los dos años que lleva en el cargo. Sin embargo, el departamento de Recursos Humanos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ordenó que solo debía devolver ¢3,6 millones.

Esa dependencia concluyó que, si bien el ministro no podía cobrar prohibición, sí se le podía pagar el incentivo de dedicación exclusiva, el cual le será reconocido de manera retroactiva y equivale a un 55% del sueldo base.

Antes de Ventura, se registraron otros cinco casos, pero con viceministras.

El primero fue el de la viceministra de Gobernación Carmen Muñoz, quien hasta mediados del 2015 cobró ¢11 millones de más. De esa suma, ella devolvió en tractos ¢6,8 millones a febrero del 2017.

Después el portal de noticias elmundo.cr sacó a la luz el caso de la ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristiana Trejos, que también cobró ¢11 millones, monto que devolvió el 24 de febrero del 2017, tras sacar un préstamo.

Tanto Muñoz como Trejos recibían el incentivo, a pesar de que ninguna de las dos posee un título universitario. En ambos casos fueron exoneradas y se culpó a los departamentos de Recursos Humanos respectivos.

Ese mismo sitio de noticias después dio a conocer el caso de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, quien cobró ¢27 millones por prohibición.

Ella envió la semana pasada un comunicado para informar que por su propia voluntad iba a devolver solo ¢8 millones, aunque el departamento Jurídico de Casa Presidencial aún no concluye el proceso administrativo en su contra.

Este martes, ya Presidencia confirmó que debe devolver la totalidad de los ¢27 millones.

Zúñiga alegaba que solo debe devolver ese monto con base en el dictamen de la Procuraduría, de principios de mes, donde se establece que sí podría cobrar un 45% por prohibición, pues aclara que los egresados de la licenciatura en Derecho, como es el caso de la viceministra, si bien no los cobija la Ley contra la Corrupción, sí las leyes de Compensación por Pago de Prohibición y la Orgánica del Poder Judicial.

El viceministro de Paz, Víctor Barrantes, es el sétimo caso, él, al igual que Zúñiga, cobró el incentivo a pesar de que solo son egresados de la licenciatura en Derecho y no están adscritos en el colegio profesional respectivo.

EL CASO EN TURISMO: Ministro de Turismo cobró ¢25 millones por prohibición sin cumplir requisito

EL CASO EN GOBERNACIÓN: Carmen Muñoz devolverá a pagos giro erróneo de ¢11 millones

EL CASO EN VIVIENDA: Viceministra achaca a Ministerio pago indebido de ¢8 millones en su salario

EL CASO EN PRESIDENCIA: Viceministra de la Presidencia le justificó al país el cobro de un incentivo al que no tendría derecho

EL CASO EN JUSTICIA: Un cuarto viceministro habría cobrado incentivo sin cumplir requisitos