Laura Fernández, ministra de Planificación, solicitó al Poder Judicial designar un representante que participe en una comisión interinstitucional para intercambiar experiencias sobre la implementación del salario global, que entró en vigor en setiembre.
La petición se formalizó mediante un oficio enviado al presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Orlando Aguirre Gómez, el 4 de julio. En la misiva, la ministra enfatiza en la importancia de establecer la comisión, que involucraría a las entidades y organismos obligados a acatar la Ley de Empleo Público.
Hasta la fecha el presidente de este poder del Estado no ha respondido la solicitud. La Corte no ha respondido consultas de La Nación al cierre de esta nota.
Más bien, Aguirre envió el 21 de setiembre a la jerarca, casi dos meses después de la solicitud, el acuerdo en que la Corte Plena decidió, el 18 de setiembre, prorrogar la implementación del salario global en el Poder Judicial.
La prórroga durará hasta que se realicen ajustes al sistema de pago de la institución para transitar al esquema de salario global, según el acuerdo de los magistrados.
De acuerdo con la ministra, la solicitud se hizo extensiva a las instituciones excluidas de la rectoría de Mideplán: los poderes Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Consejo Nacional de Rectores (Conare) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) dieron respuestas afirmativas y ya se han sostenido encuentros, añadió Fernández.
El propósito de esta colaboración es crear un mecanismo de coordinación y cooperación con Mideplán, respetando la autonomía de cada institución, en el marco de la reforma al empleo público que ofrece este tipo de enfoques.
La comisión propuesta servirá como un espacio para intercambiar datos y buenas prácticas, consolidar estadísticas de empleo público, discutir temas como la plataforma de empleo público, estrategias de capacitación y planes para puestos interinos.
Comisión discutiría experiencias con salario global
Además, se compartirán experiencias sobre la aplicación del salario global tanto en puestos comunes como en cargos esenciales.
“Hay instituciones muy enredadas que no han logrado formular salarios globales. Nosotros ya lo hicimos para las 2.000 clases de puestos que están en Mideplán. Se les puede compartir metodología, compartir experiencia, retos y trabas enfrentadas para que lo tengan de referencia”, expresó la ministra.
Para la ministra, las instituciones no deberían invertir en elaborar metodologías para crear el salario global al amparo de la legislación, si pueden usar la creada por Mideplán.
“Que no tropiecen con las mismas piedras que nosotros enfrentamos. Es compartir experiencia en general. Para eso puede ser muy útil el espacio”, añadió.
El Poder Judicial declaró que todos sus puestos de trabajo son exclusivos y excluyentes, lo que significa que son esenciales para su funcionamiento y no pueden estar bajo la rectoría de Mideplán.
Esta atribución se sustenta en la Ley Marco de Empleo Público, que también otorga a las instituciones con autonomía constitucional la facultad de ceder la rectoría de los puestos comunes, como choferes, secretarias y personal de limpieza, al Mideplán.
Magistrtado planteó sentar a todos los poderes
El magistrado Luis Guillermo Rivas, quien preside la Sala Primera, planteó en una sesión de Corte Plena a principios de setiembre, que los supremos poderes de la República se reúnan para definir, de manera conjunta, los salarios globales que deben asignarse a los funcionarios públicos.
En sus declaraciones, el magistrado Rivas resaltó que cada una de las cuatro ramas del Estado, es decir, la Corte Suprema, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), está aplicando e interpretando la ley de manera independiente y separada en lo que respecta a los salarios globales.
Ante esta situación, sugirió a los miembros de la Corte que se sienten a dialogar con los otros poderes del Estado con el objetivo de evitar la generación de una mayor desigualdad salarial en comparación con la existente. Desde su perspectiva, esta divergencia en la aplicación de la ley está fragmentando la unidad del Estado costarricense.
“A mí me parece que esto va a crear una situación algo así como de un Frankenstein, un ornitorrinco o una cosa de esas. Estamos desarmando el Estado costarricense y volviéndolo a armar cada uno por su lado.
“Esta armonía del Estado no se va a lograr si vamos a tener cuatro aplicaciones diferentes de la ley. Esto no es razonable, no es inteligente”, aseveró el magistrado.