El diputado Melvin Núñez, del Partido Restauración Nacional (PRN), atacó este lunes al Directorio de la Asamblea Legislativa por preguntarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) si puede obligar al congresista a vacunarse contra la covid-19, en el marco del decreto ejecutivo que establece la obligación de la inmunización para todos los servidores públicos.
En una intervención de cinco minutos, el restauracionista afirmó que él decide qué pone en su cuerpo y qué no. “¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio de decir ‘esto sí lo hago y esto no?’. Yo sí. Yo nunca me he metido con las decisiones de ningún diputado aquí presente ni les he dicho ‘vacúnense o no se vacunen¿, y mucho menos pensar en enviar una consulta para ver si me pueden obligar”, reclamó.
Núñez Piña regresó a sus labores en el Congreso hace una semana, luego de haber dado positivo al coronavirus e, incluso, de haberse ido del hospital donde se encontraba internado, pese a las indicaciones médicas que le recomendaban no hacer eso.
La semana pasada, el restauracionista les comentó a varios legisladores que se encontraba muy débil y asistido por un médico particular; el miércoles, pidió permiso para no ir a comisiones ni a plenario; el jueves faltó también a sus labores.
Pese a haberse contagiado, Núñez sostiene que la vacuna de covid-19 no es la salvación y se niega a recibirla De hecho, es el único de los 57 parlamentarios que no ha recibido la inoculación contra el virus SARS-CoV-2.
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Ante lo que considera amenazas para vacunarlo obligatoriamente, el diputado puntarenense dijo: “Mi respuesta es: inténtenlo, y nos vemos en otros estrados”. Alegó que ha sido objeto de duras críticas por su negativa a vacunarse y aseguró que esa es una decisión suya y de su familia.
“Fuimos víctimas de comentarios temerarios, al punto de desearme la muerte. Hoy perdono a los que me desearon la muerte e, incluso, que no hubiera nacido”, adujo.
Núñez: ‘Cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo’
El restauracionista aseguró que, bajo ninguna circunstancia, él está incitando a la población para que no se vacune. “Cada quien es libre de decidir sobre su cuerpo, qué se mete y qué no”, dijo y alegó que él había tomado la decisión de no ponerse lo que considera una “vacuna experimental”.
“No soy quién para decirles a los costarricenses qué hacer y qué no hacer. Lo que sí me parece lamentable es que el Directorio legislativo quiera valorar mecanismos para obligarme a vacunarme. Eso me parece irrespetuoso, ¿en qué país vivimos? ¿Desde cuándo nos salió el control personal sobre las decisiones de los costarricenses para tomarlas por ellos?”, arguyó.
Adujo que nadie puede “pedirle a un diputado a actuar contra sus convicciones y dijo que tampoco existe ninguna norma jurídica”. Núñez incluso alegó que, con eso, se le intenta irrespetar a “su investidura”.
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“Les recuerdo que tenemos la misma autoridad todos, aunque algunos se crean más que otros. Yo a ustedes nunca les he dicho qué hacer y qué no hacer. Ya basta de ese menosprecio a la investidura que el soberano me dio para defender mis posturas y las de ellos”, dijo.
Luego del reclamo de Núñez, hablaron sobre la vacunación obligatoria la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido; la independiente Shirley Díaz y el liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
Guido le dijo directamente al restauracionista que lamenta mucho los insultos que recibió, pero le dijo que, como diputado de la República, es depositario de la ley y de la Constitución, y afirmó que, por encima de cualquier individuo, está “el bienestar generalizado de la población y los principios de la salud, así como el deber del Estado de velar por la salud de la población y ofrecer un ambiente sano”.
“El individuo que no se vacuna no es un problema solo para sí mismo, sino también para los demás y el Estado; genera riesgo por la circulación del virus”, indicó.
En el caso de Díaz, dijo que hay una arbitrariedad, ilegalidad y “posible inconstitucionalidad” del decreto para la vacunación obligatoria; incluso, adujo que se trata de una violación de los derechos de los costarricenses, incluyendo “su derecho a la salud”.
La exsocialcristiana adujo que la obligatoriedad “es totalmente contraria a la idiosincracia costarricense y a la manera que tenemos los ticos de resolver nuestros asuntos; a mi juicio, es una acción dictatorial y totalitaria”.
Benavides opinó que, desde el punto de vista jurídico, no es posible por las reglas del país obligar físicamente a una persona a vacunarse si no lo quiere hacer. “No me imagino a un policía, detrás de una persona junto con un enfermero, para atraparla y someterle. No me lo imagino y no es jurídicamente posible”, indicó.
En cambio, apuntó que el Estado sí debe y puede tomar medidas suficientes para inducir a las personas a la vacunación, incluyendo medidas en el ámbito laboral. “Uno podría decir que si una persona quiere llevar el riesgo a su hogar, por no vacunarse, ya es una irresponsabilidad con su hogar, pero suponiendo que no haya menores de edad y el resto acepta no vacunarse, es un riesgo que toma un grupo de personas adultas, pero si lo que pretenden es que el resto de la ciudadanía se los aguante sin vacunar, generando riesgo, hay que decirles que eso no está bien, porque no vivimos aislados, sino en comunidad”, indicó.