El magistrado Luis Porfirio Sánchez, de la Sala II, negó este jueves que se aferre a su inmunidad para no enfrentar una denuncia interpuesta por una exjueza.
Según dijo en un comunicado de prensa, él renunciará a su fuero si el Ministerio Público lo considera necesario y, hasta el momento, no lo ha hecho; más bien, ha insistido en archivar la causa judicial.
Así reaccionó Sánchez luego de que este medio publicara que no ha dimitido a su inmunidad pese a que en setiembre del 2016, siendo candidato a la magistratura, juró que renunciaría a la protección que hoy le protege, si era elegido, para enfrentar el proceso penal.
El juez fue nombrado el 5 de setiembre y, hasta la fecha, conserva su inmunidad.
La causa penal obedece a una denuncia por presunto prevaricato (dictar resoluciones contra la ley) interpuesta por una jueza de Tránsito. Ella alega que Sánchez dictó una resolución contra la ley cuando la juzgó, por acoso laboral, en el Tribunal de la Inspección Laboral, que el hoy magistrado presidía.
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"Es absolutamente falso el titular de la noticia, en el sentido que quien suscribe se aferre a la inmunidad para evitar que la denuncia presentada bajo el expediente 15-000498-0619-PE continúe su trámite", dijo el magistrado.
"En nuestro sistema procesal penal, en caso de juzgamientos de miembros de los supremos poderes, quien se encuentra facultado para pedir el levantamiento de la inmunidad es el señor Fiscal General de la República, cuando realiza la acusación penal, situación que no se ha presentado en mi caso. Todo lo contrario, según lo afirma el propio medio noticioso, el Ministerio Público ha solicitado la desestimación de la causa, por cuanto "la conducta denunciada no es delito, debido a que la misma (sic) se ajustó a un criterio legal y hubo ausencia de dolo…", continuó.
La parte denunciante pretende continuar el proceso judicial con una querella, aun si el Ministerio Público descarta el caso.
"Al día de hoy, no he sido comunicado por parte del Ministerio Público sobre la interposición de denuncia. Al igual que lo indiqué a la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa en fecha 31 de agosto del 2016, hoy día no procuro impunidad alguna con mi cargo. Lo que sucede es que el órgano requirente del Estado indica que no he cometido delito, repito, teniendo conocimiento de esta situación por ese medio que lo ha informado".
"Debido a que no existen razones, en este momento la renuncia o el levantamiento del fuero resulta procesalmente prematuro e improcedente. Ratifico el contenido de la declaración jurada que aporté a la Asamblea Legislativa en el sentido que si el Ministerio Público lo dispone, renunciaré a mi inmunidad sin que sea necesario someterme a un proceso de levantamiento, lo que en este momento no corresponde por las razones ya dichas".
"Por todo lo anterior, es falso y mal intencionado el reportaje, puesto que no me he defendido con el uso de la inmunidad para evitar atender la causa penal", dijo el magistrado de la Sala II.
La denuncia por presunto prevaricato tuvo su origen cuando la defensa de la jueza Liz Mauren Tencio Alfaro recusó a las dos juezas que acompañaban a Sánchez en el Tribunal de la Inspección Laboral, con el argumento de que ellas ya habían indagado a Tencio en el proceso previo de investigación.
José Pablo Badilla, abogado de Tencio, alegó que ambas juezas adelantaron criterio y exigió una instancia superior para revisar su apelación. No obstante, Sánchez, como presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, rechazó esa recusación el 24 de marzo del 2015 y permitió que el procedimiento continuara.
Entonces, la defensa de la jueza Tencio le manifestó al hoy magistrado que su resolución era contraria a la ley, pero el juez Sánchez rechazó el argumento y más bien emitió críticas a ese cuestionamiento.