El mandatario, Luis Guillermo Solís, llamó, este lunes, a los diputados a salvar la Reforma Procesal Laboral mediante la eliminación de sus dos artículos polémicos: el que legaliza las huelgas en los servicios esenciales y el que impide contratar personal temporal para sustituir a quienes están en paro.
Así lo afirmó luego de que, el viernes, la Sala IV anulara la ley a causa de un error de la expresidenta Laura Chinchilla.
Solís dijo que es posible rescatar el plan, porque tanto los sectores empresariales como sindicales habían apoyado el resto de la reforma. “Creo que 15 años de trabajo que se llevó la elaboración del proyecto de ley del Procesal Laboral no deben descartarse”, afirmó.
“Sus más acérrimos enemigos y adversarios del proyecto decían que con un par de correcciones, que tenían que ver fundamentalmente con presuntas inconstitucionalidades, era por demás estupendo y que no tenían ningún problema, excepto en lo que tenía que ver con huelgas en los servicios públicos y la contratación con rompehuelgas, pero que, por lo demás, estaba todo bien”, expresó Solís.
La reforma pretende reducir los tiempos de los juicios laborales mediante la introducción de la oralidad.
El proyecto fue aprobado por los diputados en el 2012, pero vetado por Chinchilla, debido a los artículos que Solís pide sacar.
El presidente revivió el plan en diciembre pasado mediante un levantamiento de veto. Sin embargo, los magistrados anularon esa acción porque, en su criterio, una acción previa de la exmandataria invalidó todo el trámite.
En el 2013, Chinchilla retiró el veto por razones de constitucionalidad y dejó solo el de conveniencia. El viernes, dos magistrados consideraron que no se podía retirar ese veto sin que los diputados cumplieran con el procedimiento de consultar a la Sala IV el fondo de lo cuestionado.
“Lo que hay que hacer es corregir esos entuertos, hacer que la Comisión (de Jurídicos) haga su trabajo y lo mande a consulta a la Sala Constitucional, como corresponde. Yo creo que si eso es así, aprovecharíamos extraordinariamente bien un proyecto que cuenta con el apoyo de muchos sectores, incluido el sector empresarial, excepto en esos artículos y le daríamos a la clase trabajadora de Costa Rica un nuevo capítulo de las Garantías Sociales que desde los años 40, gracias al pensamiento socialcristiano, el país tiene. Si tenemos un proyecto que tiene solo esos pequeños entuertos que arreglar, y había fundamentalmente un consenso nacional respecto del tema, a mi juicio, mal haríamos mandando esto al archivo”, dijo Solís.
Un llamado similar hizo este lunes Chinchilla.
Mientras, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociados del Sector Empresarial (Uccaep) cree que sería mejor presentar un nuevo proyecto, ayer la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pidió enviar el plan a la Sala IV. Su secretario general, Albino Vargas, llamó a rescatar el 98% del proyecto. Colaboró Álvaro Murillo