El presidente Luis Guillermo Solís ordenó desalojar a una mujer que ocupa una finca en la reserva indígena de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.
El 2 de octubre, el mandatario rechazó un recurso de apelación de Thais Vidal Navarro contra el desahucio y le otorgó un plazo de tres días naturales para abandonar la propiedad.
Ella figura como compradora de un terreno en la reserva de Salitre. Esta ha sido escenario de varias disputas de tierras entre indígenas y finqueros este año, con denuncias sobre quemas de ranchos, agresiones e invasiones.
En espera. Marvin Carvajal, director jurídico de Casa Presidencial, afirmó ayer que el Ministerio de Seguridad no ha ejecutado el desalojo porque Vidal presentó un recurso de amparo y el Poder Ejecutivo prefiere esperar a que la Sala IV decida si lo acoge o no.
Zapote confía en que los magistrados decidan con prontitud qué harán con el caso, al tiempo que la mujer sostiene que la propiedad es suya y que se le atropellaron todos sus derechos.
El desalojo de esta tierra fue solicitado en enero del 2013 por el indígena Sergio Rojas Ortiz, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, al alegar que existía una invasión.
En julio del 2013, el entonces viceministro de Seguridad, Celso Gamboa (actual ministro), aprobó el desahucio, pero Vidal apeló en agosto de ese mismo año.
Como sustento para la resolución de Solís, la Dirección Jurídica de Casa Presidencial avaló la decisión de Gamboa con el argumento de que, según la Ley Indígena de 1977, los territorios indígenas son inalienables e intransferibles.
“Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros indígenas”, sostiene el documento.
El terreno en disputa, concluyó el mandatario, es parte de una finca de 12.600 hectáreas perteneciente a la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre.
Argumenta legitimación. La mujer sostiene que el terreno no mide ni media hectárea y que allí no opera ningún finquero. Alega que la finca es suya y que la dedica a actividades agrícolas.
Solís, en cambio, consideró “totalmente nulo” el contrato de venta mediante el cual Vidal compró el terreno a otra mujer de apellidos Obando Tencio en agosto del 2012.
La resolución del presidente incluso le rechazó a la mujer una posible indemnización por el deshaucio, con el argumento de que esta solo procedería si ella hubiese comprado antes de la promulgación de la ley de 1977.
Argumentó, además, que ningún juzgado ha suspendido el desalojo de la propiedad y que Vidal no presentó pruebas de ser indígena más allá de sus afirmaciones al respecto.
Molesta. “El presidente ni siquiera se tomó el tiempo de analizar mi condición de indígena. Les pasó por encima a todos mis derechos. Las ventas entre indígenas se permiten. Así lo establece la ley”, replicó la compradora.
“Esa propiedad es mía”, continuó, al tiempo que dijo que la tierra mide 4.250 metros cuadrados.
Vidal informó de que este caso se ventila a la vez en tres expedientes judiciales: en un juicio agrario, en una demanda penal donde ella figura como víctima, y en otra acusación penal donde ella aparece como imputada.