La idea de tocar los beneficios salariales de los empleados públicos hace que el presidente piense de inmediato en la base sindical. El mandatario considera que los privilegios no se pueden modificar desde el Congreso sin previa negociación con los gremios.
Afirma que cambiar el estado de las cosas podría generar una confrontación social que prefiere evitar. El gobernante habló con periodistas de La Nación sobre las urgencias fiscales.
¿Cuánto tiempo más aguanta el país con este ritmo de crecimiento del déficit fiscal?
Muy poco. En el discurso (del 2 de mayo) señalé que este año, como mucho (…). El año entrante, al igual que en el 2014, debemos atender obligaciones fiscales que se derivan de leyes aprobadas (Código Procesal Laboral y reforma al Código Procesal Civil). Ya no se puede pensar tampoco en el mismo presupuesto muy estrecho en el que nos metimos este 2016. Eso no será posible. Yo diría que la situación empieza a complicarse ya este mismo año, pero no entramos en una situación de crisis sino hasta el 2018.
Es decir, las leyes aprobadas en la primera mitad de su administración van a presionar más el gasto público. ¿En cuánto?
--Sí. No tenemos claro (en cuánto), porque todavía no tenemos los números finos, pero lo suficiente como para tener una previsión de ese déficit de entre un 6,5% y un 7% del PIB.
Usted pidió en su informe de labores que se revisara el 5% del presupuesto donde usted afirma que se pueden hacer recortes. Hacienda reconoce que el 95% del presupuesto es una camisa de fuerza. ¿Está satisfecho con ese mayoritario porcentaje?
--No tenemos otra opción que no estar satisfechos. Es lo que es.
”Uno podría, por supuesto, entrar a un proceso para revisar algunos de esos gastos que podrían ser cuestionados. Uno podría revisar las obligaciones de ley, pero el proceso de revisión de estas obligaciones casi que conllevaría un nuevo contrato social. Es decir, estas leyes son fruto de entendimientos y de pactos que se han hecho entre la sociedad y que se han reflejado en decisiones de la Asamblea Legislativa. Entonces, estamos frente a una situación que requiere de un tratamiento delicado, cuidadoso, tanto como el que significa la reestructuración del gasto a partir del salario único o propuestas de este tipo”.
Pero usted le plantea al Congreso tres proyectos que tocan ese 95% del gasto inflexible que se presupuesta anualmente...
Claro que sí. Y por eso le digo que yo creo que hay temas donde hay un consenso creciente, como el tema de ponerles tope a las pensiones, el manejo de anualidades para que se paguen según la gestión del empleado público. Hay márgenes para esos cambios. Cuánto más se puede recortar de ahí en adelante, ya tendría que ver con negociaciones políticas y la presencia de actores sociales, como los que ya han indicado que se irían a la calle en un debate de otra naturaleza, más de presión política, frente a la Asamblea.
¿Qué alternativas de la oposición ve viables para acatar esa parte inflexible?
Yo veo que se pueden hacer entendimientos, mientras estén consensuados, sobre muchos de esos temas. La discusión está más bien sobre la viabilidad social y los efectos que tengan esos proyectos sobre el porcentaje ya comprometido del gasto (...). Me parece que la lista de opciones no necesariamente refleja lo que realmente se pueda recortar; eso tiene mucho que ver con negociaciones políticas sobre entendimientos sociales que son subyacentes, que han sido, dicho sea de paso, en su totalidad entendimientos negociados por los propios partidos políticos que hoy quieren echarlos para atrás.
¿Hasta qué punto está el Gobierno comprometido con la revisión del gasto “inflexible”?
Yo creo que, más que eso, lo que el Gobierno ha planteado es el límite del déficit. Estamos haciendo una previsión de recortes de un 3,75% del déficit (que cerró el año pasado en un 5,9% del PIB), con lo cual podemos vivir perfectamente y podemos alinear detrás de esa propuesta a los principales organismos financieros internacionales.
”Me parece que no se trata de entrarle al déficit con un machete, sino de hacer una propuesta que gradualmente permita, por vía de gastos e ingresos, equilibrar las finanzas públicas. Esto no solo es un ejercicio de gasto. Aquí hay un tema sobre el tipo de sociedad que somos y queremos seguir siendo: una sociedad que, además de tener unas finanzas saludables, mantenga entendimientos de estabilidad social que son fundamentales, y que lo han sido para vivir en democracia”.
Pero hablamos de dos sociedades: una de la esfera pública que goza de beneficios, y otra del sector privado que no tiene acceso a esos beneficios, pero que costea el bienestar de la parte privilegiada. Por ejemplo, ¿está de acuerdo con que en la Corte haya pensiones de ¢9 millones?
--Tan no estoy de acuerdo con que haya pensiones con diferencias tan notables como las que hay hoy, que tenemos una propuesta para ponerles tope a las pensiones. De hecho, esta administración quiso ponerles tope a las pensiones con una ley que ya existía y fuimos conminados por la Sala Constitucional para que no lo hiciéramos, porque se consideraba que aquella era una propuesta confiscatoria. Es decir, no tengo duda de que la nuestra es una sociedad donde hay discriminación. Así lo llamé en el discurso (del 2 de mayo). Son propuestas discriminatorias. En aras de beneficiar a un grupo se discrimina gravemente a otro sector quizás hasta mucho más grande. Estoy de acuerdo en eso.
”Por eso es que hemos abierto las convenciones colectivas que estamos renegociando, porque hay cláusulas, conste, legítimas, que se negociaron y se renegociaron muchas veces en el pasado, pero ya no reflejan ni la situación fiscal del país, ni la voluntad de la sociedad. Estoy de acuerdo en que ese tipo de condiciones abusivas o de privilegios no justificados sean atendidos y revisados y en algunos casos, enteramente abolidos. Las propias organizaciones sindicales en mucho están de acuerdo, manteniendo, como lo hemos dicho, la legalidad de las convenciones colectivas”.
Sin embargo, muchos de esos gastos, y los que pesan más, no están en las convenciones colectivas. Por ejemplo, las pensiones de la Corte, donde hay la posibilidad de pensionarse a los 50 años con un promedio de los últimos 64 salarios versus 240 salarios en el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social...
Sí, sí. O el tema de las prestaciones de ley: 20 salarios versus 8. O sea, estamos frente a una realidad que ya no es admisible y yo mismo, siendo profesor universitario, he criticado, desde la campaña electoral, el tema de las anualidades en las universidades. No se justifica.
”Es decir, vamos a ver… no hay ninguna duda de que hay un conjunto de gastos que deben ser eliminados y que pueden serlo sin causar tropelías en la sociedad. Hay otros que requieren de una negociación mucho más delicada y que deben ser resultado de una negociación; por ejemplo, el tema de salario único. Sin embargo, muchos de los gastos que pesan más no están en las convenciones colectivas. (…) Cincuenta y siete diputados no pueden tomar una decisión del salario único sin hablarlo con los movimientos laborales. Tiene que haber un entendimiento allí natural, obvio, lógico. Nosotros podemos administrar, por eso decía que la propuesta que traemos no es de carácter revolucionario. Es más, ustedes ven el tamaño de esta reforma fiscal y es muy pequeña. Lo que estamos pensando realmente es en subir un puntito el impuesto sobre las ventas (transformándolo en el impuesto al valor agregado). No estamos hablando aquí de pasar de un 13% a un 20%, que es probablemente lo que requeriría el país con las aspiraciones que nosotros tenemos”.
¿Acepta la propuesta de la oposición de ver el control del gasto antes que impuestos?
Esa fue la propuesta que siempre tuvimos: dar fe de la voluntad de recortar y de gastar mejor.
La oposición habla de tocar estructuralmente el gasto...
Lo que digo es que entre la propuesta y la realidad hay un largo trecho. Allí no cuentan únicamente los partidos que integran el Directorio, sino también el conjunto de fuerzas representadas en la Asamblea, así como fuerzas de la sociedad que van a entrar en un debate que veremos hasta dónde permite que se cumplan los objetivos de la oposición.
¿Cuál de los proyectos que propone la oposición le parece socialmente problemático?
Cualquiera que imponga al movimiento social y a los empleados públicos medidas draconianas sobre salarios que no sean negociadas. Estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores públicos (...). Hay que hablar con la base sindical.